Brasilia amaneció ayer lunes con el orden público bajo control, pero con rastros de la destrucción en varias áreas del centro del poder de la capital brasileña, tras el violento asalto del domingo de miles de bolsonaristas contra las sedes de los tres poderes. “La situación en Brasilia está controlada”, afirmó en un mensaje en sus redes sociales el interventor federal en el Distrito Federal, Ricardo Capelli, que será responsable por la seguridad en la capital brasileña al menos hasta el 31 de enero.

Capelli, un alto funcionario del Ministerio de Justicia, asumió el comando de todas las fuerzas de seguridad de Brasilia luego de que en la tarde del domingo el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ordenara una intervención federal en el Distrito Federal para hacer frente al ataque a las instituciones por parte de los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.

Capelli afirmó que las fuerzas policiales de Brasilia, ahora bajo su comando, reiniciaron a primera hora las operaciones para identificar a los responsables por los actos de vandalismo en las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.

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Una de las primeras acciones de la Policía fue el desmonte del campamento que los bolsonaristas habían montado desde las elecciones presidenciales de octubre frente al cuartel general del Ejército. El campamento tenía como objetivo para presionar por un golpe militar que impidiera el regreso de Lula al poder. Desde allí fueron lanzados los ataques del domingo.

Al menos 1.200 acampantes fueron detenidos. Según el Ministerio de Justicia, fueron conducidos en al menos 40 autobuses hasta la sede de la Policía Federal, donde serán identificados para intentar establecer si participaron en los ataques y fichados por si en un futuro surgen pruebas en su contra. Los presos se sumarán a las cerca de 300 personas que fueron detenidas el domingo en el lugar de los hechos.

El número de radicales en el campamento frente al cuartel del Ejército venía cayendo desde la investidura de Lula, el 1 de enero pasado, y el jueves las autoridades contabilizaban unas 200 personas, pero el sábado saltó hasta unas 3.000 luego de que los bolsonaristas convocaran la manifestación del domingo.

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En conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Flávio Dino expresó ayer que la Policía Federal de Carreteras identificó a los responsables de financiar el transporte de manifestantes a Brasilia en diez estados.

Según él, el gobierno tiene una lista de empresarios de 10 estados que financiaron el alquiler de ómnibus. “Lo que se puede afirmar plenamente es que hubo financiación. Tenemos una lista de todos los contratistas de autobuses. Y se va a llamar a esta gente porque alquilaron los vehículos y no eran para excursiones turísticas”, dijo.

No obstante, mucho antes de la llegada de los buses, montones de publicaciones en redes sociales aludían a la concentración en Brasilia. “Todos los gastos pagos. Agua, desayuno, almuerzo y cena. Y acamparán en Planalto”, decía mensaje en un grupo de partidarios de Bolsonaro en Telegram.

Las dudas respecto a la vulneración de la seguridad por parte de los propios agentes planean sobre los servicios de inteligencia del Estado. La actitud de algunos policías fue cuestionada a través de videos que muestran a agentes filmando la invasión con sus teléfonos en lugar de intervenir.

En TV Globo, la periodista Miriam Leitao denunció ayer la “bolsonarización de las fuerzas policiales en Brasilia“. Leitao acusó particularmente al despedido secretario de Seguridad del Distrito Federal, Anderson Torres, ex ministro de Justicia de Bolsonaro que se encontraba en Estados Unidos el domingo, al igual que el expresidente.

Torres fue despedido el domingo por el gobernador Ibaneis Rocha, quien a su vez fue suspendido de sus funciones por 90 días por un juez de la Corte Suprema. Otros funcionarios podrían caer en los próximos días.

Fue una mañana ardua para los trabajadores de Palacio del Planalto, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal Federal. Los funcionarios tuvieron que recoger los muebles arrojados fuera de los edificios, retirar los escombros y limpiar los grafitis de las fachadas.

En la planta baja del Palacio se veían fragmentos de vidrio, sangre, sillas y computadoras rotas. Junto al espejo de agua frente a la entrada principal, había una camiseta de la Selección rota y mojada. La galería de expresidentes, que alberga fotografías de todos los exjefes de Estado del país, quedó completamente destruida.

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Los terroristas también rompieron un reloj de Don João VI, del siglo XVII. Poco a poco, sin embargo, la rutina comenzó a retomarse. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva insistió en ir a trabajar al Planalto, horas después de los episodios de violencia. Alrededor de las 9:30 horas, se reunió con la presidenta del STF, Rosa Weber, y otros ministros de la Corte. El ministro de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, Paulo Pimenta, fue uno de los primeros integrantes del primer escalón en visitar el Palacio tras el episodio.

“Hay mucha sangre, heces, orina. Es posible identificar a los delincuentes recolectando este material orgánico. También hay obras dañadas, equipos robados. Durante el día tendremos un recuento más actualizado”, dijo el ministro ayer por la mañana.

Tratado como un trofeo por los terroristas que lo invadieron, el edificio del STF parecía un espacio de batalla campal. Atacaron el pleno y destrozaron todos los sillones reservados a los ministros. El escenario era dantesco.

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Varios legisladores demócratas presionaron ayer al presidente Joe Biden, para que expulse del país a Jair Bolsonaro, quien se encuentra en Florida. “Estados Unidos debe dejar de otorgar refugio a Bolsonaro en Florida”, apuntó en un mensaje en redes la popular legisladora demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, quien destacó las similitudes de lo sucedido con el asalto al Capitolio hace dos años. En este sentido se manifestaron otros legisladores como el congresista por Texas Joaquín Castro: “Bolsonaro no debe recibir refugio en Florida, donde se ha estado escondiendo de la rendición de cuentas por sus crímenes”, apuntó en redes.

Bolsonaro está alojado presuntamente en casa de un luchador brasileño de artes marciales mixtas en Orlando (centro de Florida), una ciudad donde cuenta con muchos seguidores entre la comunidad brasileña, y mantiene un perfil bajo.

Hasta el momento, Biden se ha limitado a condenar lo sucedido en Brasil y el domingo afirmó que seguirá trabajando con Lula.