Más de 130.000israelíes salieron ayer, sábado, a las calles de las principales ciudades de Israel, sobre todo en Tel Aviv, para seguir protestando contra la reforma judicial que planea el gobierno de Benjamín Netanyahu, el más extremista de la historia del país.

Se trata del octavo sábado consecutivo que los israelíes se manifiestan en contra de ese polémico plan, que debilita la independencia de la justicia, así como limitar la capacidad del Supremo de supervisar la constitucionalidad de leyes y decisiones gubernamentales.

Banderas, bengalas y carteles de “Sin constitución sin democracia”, “No pasarán” o “Anularemos” se vieron en las manifestaciones, especialmente en Tel Aviv, la ciudad más liberal y poblada de Israel, donde se congregaron ayer más de 100.000 personas.

Según estimaciones de la policía, otros 30.000 ciudadanos protestaron en Haifa, la tercera mayor ciudad de Israel, y varios miles salieron a las calles de Jerusalén, Beersheva o Herzeliya. “Cualquiera que quiera golpearnos y vencernos descubrirá nuestro poder y unidad esta noche”, señalaron los organizadores en un comunicado ayer, después de que Netanyahu afirmara la víspera que “desearía dar un puñetazo” a los manifestantes y los comparó con los antivacunas.

“Cuando el primer ministro usó la palabra ‘golpear’, quiso atacar los argumentos falsos de aquellos que propagan el pánico y no golpear físicamente a nadie”, ha tenido que aclarar la oficina del Primer Ministro.

Líderes de la oposición y renombrados intelectuales acuden regularmente a las protestas de cada sábado, incluido el ex primer ministro Ehud Barak, quien advirtió sobre el “peligro inminente” de que Israel se convierta en una “dictadura” si prospera la reforma judicial.

Pese al fuerte movimiento de contestación social, el gobierno sigue adelante con varios proyectos de ley que integran la reforma y que ya avanzan en instancias preliminares en la Knéset (Parlamento israelí), donde la próxima semana se espera que se comience a debatir la polémica “cláusula de anulación”. Según dicha cláusula, una mayoría parlamentaria simple podrá anular una decisión del Supremo cuando esta implique revocar una ley o medida gubernamental que viole la Ley Básica, una suerte de Constitución.

Otras iniciativas que avanzan en la Knéset son una medida que otorga al Gobierno control total sobre el nombramiento de los jueces del Supremo, y permitir que cargos políticos ocupen los puestos de asesores legales en los ministerios.

EFE