EFE
Más de 4,5 millones de refugiados y migrantes venezolanos que residen en América Latina y el Caribe regularizaron su situación migratoria desde 2019, entre los cuales 1,3 millones lo hicieron solo en 2024, anunció ayer viernes la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V). “Esto (la reguralización de los 4,5 millones de migrantes venezolanos) es gracias a los esfuerzos de los gobiernos que han establecido los procesos de regulación en cada marco jurídico. Hay que reconocer a las instituciones internacionales que nos han ayudado”, dijo a EFE el coordinador interagencial de R4V, Johan González.
Esto se ha dado gracias a las “medidas proactivas” tomadas por los gobiernos de acogida y al apoyo financiero de la comunidad internacional, destacó en un comunicado R4V, que ayer viernes presentó en Panamá su plan de respuesta 2025-2026 para atender las necesidades de los venezolanos, en medio de la crisis provocada por las elecciones de julio pasado, en las que el ente electoral otorgó el triunfo a Nicolás Maduro ante las denuncias de fraude de la oposición, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
El plan, elaborado para atender estas necesidades apremiantes y prevenir movimientos sucesivos innecesarios, requiere de 1.400 millones de dólares en su primer año, anunciaron.

Esta financiación apoyará a más de 2,3 millones de personas refugiadas y migrantes vulnerables y a sus comunidades de acogida en 17 países de América Latina y el Caribe.
Para hacerlo realidad, se considera “esencial” el compromiso de la comunidad internacional para dar “solidaridad y apoyo financiero sólidos y continuos” a los países de acogida y a los socios de la Plataforma R4V.
El Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMPR) es coordinado por R4V y además coliderado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.
De acuerdo con el Análisis Regional de Necesidades de Refugiados y Migrantes (RMNA) 2024 de R4V, se estima que entre los 6,7 millones de venezolanos que viven en Latinoamérica y el Caribe, “el 82 % tiene empleos informales, más de un tercio se encuentra en situación irregular y el 53% se enfrenta a obstáculos para acceder a atención médica”.
Según estos datos, muchos reciben salarios injustos, lo que hace que “el 42% no pueda dar alimentos suficientes a sus familias y el 23% vive en condiciones de hacinamiento”, necesidades que “son aún mayores” entre refugiados y migrantes de otras nacionalidades en tránsito por la región, con hasta el 90% que carecen de servicios esenciales como alimentos, protección y alojamiento.
“Hay que ver qué factores externos han perjudicado la integración e informalidad. La situación económica de América Latina y el Caribe está bastante baja en crecimiento comparación con otras regiones del mundo. Esto no solo afecta a los ingresos de los migrantes sino a las comunidades de acogida, también sus medios de vida”, explicó González.

Eduardo Stein, representante especial conjunto del ACNUR y la OIM para los Refugiados y Migrantes de Venezuela, opina que “la integración de las personas refugiadas y migrantes es crucial para construir sociedades inclusivas y resilientes”.
“Cuando las personas migrantes y refugiadas son capacitadas para contribuir plenamente a sus comunidades, enriquecen el tejido social y a la vez impulsan el crecimiento económico y la innovación”, afirmó Stein.
Al garantizar el acceso a servicios esenciales, como mercados laborales y redes sociales, “creamos una situación en la que todos ganan: refugiados, migrantes y comunidades de acogida”, dijo.
Aumentan violaciones a la libertad de expresión
En Venezuela se registraron 27 violaciones al derecho a la libertad de expresión en noviembre, un alza del 107,6% con respecto a octubre, cuando hubo 13, según la ONG Espacio Público. En noviembre se documentaron casos relacionados con “actos de intimidación” y “censura hacia la ciudadanía en general y medios de comunicación”, así como “hostigamientos judiciales, restricciones administrativas, una amenaza y una restricción ilegal”. (EFE)
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