EFE, AFP, El Nacional (GDA)/ Caracas
Más de 700 detenidos durante las protestas por los resultados oficiales de las elecciones en Venezuela del pasado 28 de julio fueron trasladados a dos cárceles de máxima seguridad durante la última semana en medio de “irregularidades”, indicó ayer sábado el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

“El régimen de Nicolás Maduro concretó el traslado de más de 700 presos políticos, detenidos arbitrariamente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, quienes se encontraban en calabozos policiales de todo el territorio nacional y fueron llevados hasta las cárceles de Tocuyito (Carabobo, centro) y Tocorón (Aragua, centro)”, dijo el OVP en una nota de prensa.

Los traslados se realizaron el 25, 27 y 30 de agosto y “se llevaron a cabo con muchas irregularidades, incluso algunos bajo engaño, pues no les avisaron a sus familiares. Muchos de ellos se enteraron cuando fueron a llevarles la comida a las comandancias policiales”, añadió la ONG.

Más de 2.400 personas, entre ellos un centenar de adolescentes, han sido detenidas tras las protestas desatadas contra los resultados que dieron por reelecto a Maduro, cuando fue proclamado vencedor entre denuncias de fraude de la oposición que reivindica el triunfo de su candidato Edmundo González Urrutia.

A inicios de agosto, el mandatario señaló que alistaría las cárceles de Tocorón y Tocuyito -que estuvieron por años bajo el control de bandas criminales- para recluir a los detenidos en las protestas.

“Todos los guarimberos (manifestantes) van para Tocorón y Tocuyito, cárceles de máxima seguridad”, dijo Maduro en ese entonces.

Según el OVP, las autoridades no ofrecen información sobre los detenidos. “Hasta la fecha, a ninguna de las personas trasladadas en los días anteriormente mencionados se les ha permitido el contacto con sus familiares ni la designación de sus abogados de confianza”, señaló el OVP.

Del total de 2.400 detenidos, unos 1.581 han sido registrados como “presos políticos” por la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de encarcelados por motivos políticos en el país. La organización, no obstante, continúa recibiendo denuncias y contabilizando casos.

Las manifestaciones también han dejado 27 muertos y 192 heridos. La fuerza opositora al régimen de Maduro insiste en que no declinará en sus reclamos de que se reconozca “el verdadero resultado electoral, que da por vencedor a su candidato González Urrutia y pide apoyo a la comunidad internacional.

En un importante giro de su política exterior, la administración Biden está preparando una serie de medidas dirigidas a instituciones clave del gobierno venezolano. Esta nueva estrategia busca abordar las preocupaciones sobre la integridad del proceso electoral y la situación de los derechos humanos en Venezuela, informó El Nacional.

“En lugar de responder a las demandas del pueblo venezolano de transparencia y democracia, Maduro ha intensificado la represión mediante amenazas con objetivos políticos, detenciones injustas e indiscriminadas y censura en un intento desesperado de aferrarse al poder por la fuerza”, sostuvo Matthew Miller, vocero del Departamento de Estado.

Fuentes diplomáticas indican que el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y ciertos elementos de las fuerzas de seguridad podrían ser objeto de sanciones específicas. Estas acciones se enmarcan en un esfuerzo por promover elecciones libres y justas, en un contexto donde figuras de la oposición como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia han enfrentado obstáculos significativos.

El panorama político venezolano se ha vuelto cada vez más complejo en las últimas señanas. El gobierno de Nicolás Maduro mantiene una postura firme frente a lo que considera injerencias extranjeras y se ha endurecido ante los manifestantes presos, con amenazas a quienes sigan esos pasos.

Sin embargo, analistas sugieren que Caracas podría estar adoptando una “estrategia de espera”, con la mirada puesta en las próximas elecciones estadounidenses y sus posibles implicaciones para la política regional.

Esta situación plantea desafíos para ambas naciones. Por un lado, las sanciones buscan incentivar cambios en la gobernanza venezolana, pero por otro, existe el riesgo de que medidas más estrictas puedan tener consecuencias no deseadas para la población civil venezolana, ya afectada por una crisis económica prolongada.

“Es fundamental buscar vías de diálogo sin comprometer los principios democráticos”, afirma la Dra. Ana Rodríguez, especialista en política latinoamericana de la Universidad de Georgetown.

Mientras tanto, la sociedad civil venezolana continúa movilizándose, buscando espacios de participación en un ambiente político tenso. Organizaciones no gubernamentales reportan desafíos continuos en áreas como libertad de expresión y derechos de reunión.

En conclusión, la evolución de la política estadounidense hacia Venezuela marca un momento crucial. Los próximos meses serán determinantes para comprender cómo este nuevo enfoque podría influir en el futuro político y social de Venezuela, así como en el panorama geopolítico de la región. Estados Unidos también tiene intereses en el petróleo venezolano por lo que sopesa qué medidas contra el régimen de Maduro podrían eventualmente rebotarle en contra.

Maduro, dijo el viernes que “una cuenta llamada Anonymous” de “la extrema derecha” ya había amenazado con un apagón nacional, luego de que se registrara una falla que dejó sin electricidad a gran parte del país el viernes, causada -dijo el mandatario- por un “ataque al corazón” del sistema de Guri, la principal instalación de generación eléctrica ubicada en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil).

Foto: AFP.

“Una cuenta llamada Anonymous ya sabemos quién la operó, quién la contrató, quién financió. No digo más. Una cuenta Anonymous al servicio de la guerra del odio contra Venezuela amenazó en varias oportunidades con un apagón nacional”, aseguró Maduro durante una transmisión del canal estatal VTV.

El mandatario afirmó que el objetivo del ataque era “liquidar” Guri, del que culpó a “corrientes fascistas” que “pretendieron ser oposición”.

Aseguró que tienen “determinados los mecanismos que fueron utilizados” en el ataque, pero no precisó más detalles, pues -dijo- la investigación “está en pleno proceso” para “poder lograr la justicia en este caso”. El apagón del viernes afectó a la mayoría de los estados del país, según reportes, y fue el segundo en Venezuela tras el de marzo del 2019, cuando buena parte del país estuvo cuatro días sin luz, por el que el Gobierno señaló a la oposición y a Estados Unidos y Colombia, liderados entonces por Donald Trump e Iván Duque, respectivamente.

Por su parte, el opositor venezolano Andrés Velásquez calificó de “descaro” que el Gobierno de Nicolás Maduro responsabilizara del apagón nacional al abanderado de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, y a María Corina Machado.

Velásquez aseguró que “todo el país sabe que la deficiencia de servicios básicos -como electricidad, agua, salud y otros- es por la desidia, corrupción e incompetencia de Maduro”.

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado urgió esta semana al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a “mantener el seguimiento” sobre la situación en el país caribeño, donde la exdiputada denuncia que hay “prácticas de terrorismo de Estado”.

“Ante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, no puede haber neutralidad, indiferencia o inacción”, expresó en X Machado, quien agradeció el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante un Consejo Permanente de la OEA, en el que alerta de un aumento de “la represión” en la nación suramericana.

La opositora señaló que hay adolescentes que han sido detenidos arbitrariamente (algunos fueron liberados en las últimas horas, otros no) y denunció que “casas han sido marcadas (para identificar a los opositores del régimen, según denuncia vecinal), cientos de pasaportes han sido anulados, más de 1.400 personas han sido secuestradas (fueron arrestadas pero no se conoce su paradero) y 24 asesinadas”.

En la presentación del informe, que no fue elaborado sobre el terreno, la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, alertó también de un “uso arbitrario de la fuerza”.

Según cifras oficiales del gobierno venezolano, más de 2.400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio -algunas en protestas y otras en operativos policiales- y 25 fueron asesinadas en hechos de violencia que el régimen atribuye a la oposición, mientras que el antichavismo culpa a las fuerzas de seguridad del Estado, por orden de superiores.

La nueva medida de llevar a los presos políticos a cárceles de máxima seguridad es una otra alerta del agravamiento de la situación en el país.