Cuestionada por la opinión pública, Bachelet suma un nuevo obstáculo.

Si antes fue por una reforma educativa, los chilenos ahora realizan manifestaciones para acabar con el sistema de pensiones legado por la dictadura de Augusto Pinochet. El domingo fue una de las más masivas realizadas en los últimos años y terminó pacíficamente.

Desde hace 25 años, los ciudadanos chilenos están obligados a depositar sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por entidades privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Actualmente, el 90,75% de los jubilados de Chile recibe pensiones inferiores a 154.304 pesos mensuales (233 dólares), casi la mitad del sueldo mínimo establecido en el país sudamericano, según un informe publicado por la Fundación Sol.

Esto representa entre un tercio y un 50% de los ingresos que recibían los pensionistas durante su vida laboral.

Por este motivo, el domingo pasado cientos de miles de personas marcharon a lo largo de la céntrica avenida Alameda de Santiago y en las principales ciudades del país, superando al millón de personas que lo hizo en la primera marcha convocada hace tres semanas, de acuerdo con los organizadores.

Solo en Santiago se reunieron 600.000 personas, según los convocantes, aunque la Policía lo cifró en 80.000.

"Venimos con nuestros hijos porque el sistema ya no da para más", dijo María González, profesora, y quien marchó junto a sus dos hijos pequeños, de la misma forma en que en 2011 lo hicieron miles de estudiantes para exigir "educación pública, gratuita y de calidad".

"AFP jubilación de hambre", "Queremos pensiones dignas y no más migajas" o "Las AFP deben morir para que los jubilados puedan vivir", fueron algunas de las frases que se podían leer en las distintas pancartas que llevaban los manifestantes que desfilaron por las calles de la capital.

Al final del recorrido en Santiago, los portavoces del movimiento "No+AFP" subieron al escenario para celebrar la convocatoria de la protesta, que superó sus expectativas.

"Somos los que hoy juramentamos no descansar hasta lograr que nuestros ahorros previsionales (de jubilación) dejen de estar al servicio de los grupos económicos y se pongan al servicio de quienes son sus verdaderos propietarios: los trabajadores y trabajadoras", dijo Mesina en su discurso.

Las manifestaciones contra este sistema, que según el movimiento "No+AFP" "ahoga a los ciudadanos", se replicó en más de medio centenar de ciudades del país entre las cuales se encuentran Arica, San Antonio, Temuco, Coyhaique, Talca o Punta Arenas.

Tras emprender complicadas reformas al sistema educativo y laboral, la presidenta chilena Michelle Bachelet cedió a las presiones y se lanzó a reformar el sistema de pensiones instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), fuertemente cuestionado por sus bajas retribuciones.

Con un 15% de aprobación de su mandato, el registro más bajo para un jefe de Estado desde el retorno a la democracia tras el fin de la dictadura de Pinochet, Bachelet propuso 12 medidas para modificar el sistema, pero no su completa disolución para avanzar a un "sistema público de pensiones" como exigen los chilenos en las calles.

Entre las medidas propuestas por Bachelet —que todavía no se traducen en ningún proyecto de ley— está el aumentar en 5 puntos desde el 10% actual la tasa de cotización con cargo al empleador, con lo que se espera aumentar el monto de las pensiones tanto de los futuros como de los actuales jubilados.

También propuso fortalecer el llamado "pilar solidario" que permite la entrega de una pensión universal mínima e introducir mayores regulaciones a las AFP, que deberán devolver las comisiones por administración cuando obtengan pérdidas en la administración de los fondos. Además, el establecimiento de una AFP estatal para darle mayor competencia al sistema.

De acuerdo al gobierno, el programa de reformas tendrá un costo de unos 4.000 millones de dólares, de los cuales 1.500 corresponderá al fisco.

Las AFP administran unos 170.000 millones de dólares aportados por los trabajadores. Ello convierte a las AFP en empresas rentables que, según una investigación publicada por la Fundación Sol, durante los primeros diez meses de 2015 aumentaron sus ganancias en un 71,4 %.

"En el gobierno estamos trabajando para mejorar las pensiones. No se pueden solucionar de la noche a la mañana, pero trabajaremos para que los cambios lleguen cuanto antes", manifestó ayer Bachelet, un día después de la marcha masiva.

"Vamos a trabajar para hacer cambios y las pensiones permitan vivir con dignidad", agregó.

Empresarios camioneros de Chile anunciaron una movilización para el sábado, un año exacto después de la realización de la caravana que llegó hasta el Palacio de La Moneda (sede de Gobierno) para exigir que se pusiera fin a los ataques de que son objeto en la región de La Araucanía. El gremio denuncia la falta de respuesta a las peticiones que realizaron cuando trasladaron seis vehículos quemados frente a La Moneda, para protestar por la falta de seguridad en las rutas del sur del país donde existe un conflicto entre las comunidades mapuches y las empresas forestales.

La Justicia chilena decretó ayer el embargo de 41 inmuebles de propiedad de Cema Chile, fundación que presidía la viuda del exdictador chileno Augusto Pinochet, indagada por la venta ilegal de inmuebles por los que habría recibido unos 8,8 millones de dólares.

"Se decretó el embargo de 41 bienes raíces de propiedad de Cema Chile", anunció a periodistas el juez especial Guillermo de la Barra, que investiga las actividades de la fundación que recibió de manera gratuita unas 134 propiedades fiscales durante la dictadura de Pinochet (1973-1990). Es "un embargo preventivo" para evitar su posible enajenación, explicó el juez.

La viuda del exdictador renunció hace una semana a la presidencia a perpetuidad que tenía en Cema Chile, pero la investigación continúa en su contra.

De 93 años, Lucía Hiriart mantiene hoy una escasísima figuración pública pero se le considera la mujer fuerte detrás de la cruenta dictadura de su marido, que dejó más de 3.200 víctimas, entre muertos y desaparecidos.

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