CRIMEN

El caso García Belsunce es uno de los casos policiales impunes de la Justicia Argentina. María Marta fue asesinada de varios disparos en su casa. Su esposo estuvo preso pero salió y lo absolvieron. ¿Qué pasó realmente? 

La lluvia obligó a interrumpir el partido de tenis que María Marta García Belsunce jugaba con su amiga y vecina Viviana Binello en la cancha Nº 1 del country Carmel, de Pilar. Por eso, regresó a su casa antes de la hora a la que solía hacerlo. Entró por la puerta principal del chalet que compartía con su esposo, Carlos Carrascosa, y dejó la campera en el pasamanos de la escalera. Subió al baño en suite de la planta alta para ducharse y estar lista para la sesión de masajes que se aplicaba todos los domingos.

Entre la escalera y el baño la atacaron. Hubo una pelea. Ella intentó evitar que quien le apuntaba con un arma le disparara. La golpearon tres veces en la cara, en la frente y en una oreja. Después de casi tres minutos de lucha, le gatillaron seis tiros con un revólver calibre 32. Un proyectil le rozó el cráneo; los otros cinco los recibió todos en la sien. El asesino abandonó la vivienda sin que nadie lo viera. Nadie escuchó los estampidos de
los disparos. Eran las 18.35 del 27 de octubre de 2002 y comenzaba el misterio por el asesinato en el country. Un crimen conmocionante, aún inexplicable.

Pasaron 16 años. El caso sigue impune y, además, en el extenso proceso judicial subsisten líneas de investigación contrapuestas. A principios de este mes, la Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmó la absolución de Carrascosa. Familiares de la víctima y del viudo, a partir de esa sentencia, piden que se revoque la condena que pesa sobre ellos por el presunto encubrimiento del crimen. 

No obstante, el subprocurador general, Juan Ángel de Oliveira, presentó un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise el fallo. No se rinde.

El caso tuvo tres hipótesis: una fatal discusión entre la víctima y su marido; el presunto ataque de un sicario, y la pista más reciente, la del homicidio en ocasión de un robo.

Curiosamente, los fiscales de San Isidro que se hicieron cargo de la nueva investigación avanzan con la acusación con una hipótesis que tiene a Nicolás Pachelo, exvecino del country, y a dos vigiladores que hace 16 años trabajaban en Carmel como presuntos responsables del homicidio. El curso del caso sigue una parábola: los primeros acusados fueron los familiares de la víctima; ahora, la Justicia señala al sospechoso al que los deudos de María Marta apuntaron desde un principio. 

Carrascosa había sido condenado a prisión perpetua por tres jueces de la Cámara de Casación Penal bonaerense que, sin escuchar a ninguno de los testigos que declararon en el juicio oral realizado en 2007, consideraron que Carrascosa había sido coautor del homicidio de su esposa y no un encubridor, tal como habían sostenido dos de los tres integrantes del Tribunal Oral Nº 7 de San Isidro cuando le aplicaron una pena de cinco
años y medio de prisión.

Dos hermanos de la víctima, su cuñado, un vecino del country y el primer médico que llegó en la ambulancia de la empresa de emergencia a la escena del crimen (y no advirtió los rastros de los cinco tiros en la cabeza de la víctima) recibieron penas de entre cinco y tres años y medio de prisión como encubridores de un homicidio que se intentó hacer pasar como un accidente doméstico.

Después de años de apelaciones, de vericuetos legales e interpretaciones de indicios de lo más disímiles, este año, tres días antes de la resolución de la Suprema Corte provincial, los fiscales María Inés Domínguez y Andrés Quintana pidieron a la Justicia de Garantías que Pachelo y los vigiladores Norberto Glennon y José Ramón Alejandro Ortiz sean enjuiciados como supuestos coautores del homicidio. 

La causa daba otro salto: en cuanto a móvil, se pasaba de un crimen por una disputa familiar interna a un homicidio en ocasión de robo, el trágico final de un  atraco que salió mal, el domingo del River-Boca del 27 de octubre de 2002.

Tras analizar durante más de un año las pruebas que ya contenía el expediente, y luego de realizar una nueva reconstrucción del crimen, interrogar nuevamente a testigos y escuchar por primera vez a personas que habían sido descartadas en la etapa inicial de la investigación, los fiscales concluyeron que uno de los tres acusados cometió el crimen
para evitar ser denunciado.

"María Marta era una de las personas que más se ocupaban de la seguridad en Carmel y terminaron matándola", expresó el abogado Alejandro Aráoz Castex, al recordar una reunión de vecinos en la que hablaron de los robos ocurridos en el country, por los que señalaban a Pachelo. Resaltó que en esa reunión María Marta vinculó la desaparición de Paca, su labradora negra, con la llamada que recibió en su casa en la que un hombre le pidió una recompensa de 5000 pesos como rescate por la perra.

La imputación del fiscal Molina Pico contra los familiares de María Marta se fundó en una supuesta cadena de irregularidades que comenzó el día del crimen, minutos después de las 19, cuando Carrascosa llegó a la casa y, según declaró, encontró el cuerpo de su mujer en la bañera a medio llenar, con las zapatillas aún puestas. Siguió con la llegada del médico emergentólogo, que no advirtió que María Marta tenía cinco tiros en
la cabeza y que no se había dado un golpe fatal con las canillas. Y continuó con la llamada de uno de los hermanos de la víctima a un importante jefe policial para que "parara" a los policías que habían llegado a la puerta del country.

Esos policías nunca fueron llamados a declarar para ratificar o rectificar la existencia de la supuesta llamada de un oficial superior para que se fueran de Carmel. Luego estuvo la escena que Molina Pico denominó "la cumbre del pituto", en la que un grupo cerrado de familiares y amigos decidieron qué hacer con ese objeto metálico deformado que resultó ser el sexto proyectil hallado en la escalera. Al confundirlo con el soporte de un estante o parte de los instrumentos usados por el médico en la fallida reanimación, John Hurtig, medio hermano de María Marta, lo arrojó al inodoro.

Casi un mes después, él se presentó en la fiscalía y le comentó a Molina Pico sobre el "pituto". Tiempo después, el fiscal ordenó realizar el tamizado del contenido de la cámara de séptica de la casa de la víctima. El propio John encontró el trozo de metal, que dejó de ser "el pituto" y se convirtió en un proyectil. Treinta y seis días después de la muerte se hizo la autopsia que Molina Pico debió haber ordenado el primer día, toda vez que se trataba de una muerte violenta. En la autopsia, el forense Héctor Moreira encontró los cinco balazos restantes y confirmó que a María Marta la habían matado.
El fiscal había ido a la casa cuando velaban a la víctima. Estuvo cerca del cuerpo, dio las condolencias y se fue, sin adoptar ninguna medida, algo que juzgó inconveniente en medio de tanto dolor. Le dijeron que se fuera tranquilo. Un mes después, Molina Pico se convirtió en el enemigo número uno de la familia de la víctima.

Pachelo, el vecino del country

Los familiares de María Marta pidieron que Nicolás Pachelo, exvecino del country Carmel, sea sometido a juicio oral como presunto coautor del crimen. Consideraron que Pachelo había mentido en seis oportunidades durante el proceso, que ya lleva 16 años. Entre los elementos de cargo los fiscales tuvieron en cuenta, por ejemplo, la declaración de una testigo que afirmó que el día del crimen Pachelo lavó su ropa, cuando jamás lo hacía.

Los investigadores creen que él fue la última persona que estuvo cerca de la víctima. Tres testigos dijeron que se habían cruzado con el sospechoso en la calle paralela a la vivienda de la víctima un minuto antes de que María Marta llegara a su casa.

Para los fiscales, Pachelo "no puede justificar lo que hizo" el día que asesinaron a María Marta. Además de a él, Domínguez y Quintana acusaron a los vigiladores Norberto Glennon y José Ramón Alejandro Ortiz.

Antes del homicidio de María Marta, Pachelo había sido denunciado por robar en casas de varios vecinos del country Carmel. A dos de ellos les robaron los palos de golf. Uno de los damnificados concurrió a un reconocido local que vende esos artículos y vio sus palos de golf en oferta. Cuando preguntó a quién se los había comprado, el encargado del negocio identificó al vendedor como Nicolás Ryan. Ese es el apellido de la madre de
Pachelo, que se suicidó días antes de tener que declarar para respaldar la coartada de su hijo en el crimen.

Ante esta denuncia, los copropietarios de Carmel enfrentaron a Pachelo y le pidieron que se fuera del country. Pero se negó. Entonces, entre los integrantes de la comisión directiva decidieron que uno de los custodios del country estuviera como consigna cerca de la casa de Pachelo para vigilar sus movimientos. Carlos Alberto Villalba, el vigilador designado, "sufría una miopía degenerativa en grado avanzado. Inferior a los niveles de 1/10, considerado el límite legal de la ceguera". No podía ver qué hacía Pachelo. El sospechoso dejó Carmel el 18 de diciembre de 2002, cuando se confirmó que a María Marta la habían asesinado.

Actualmente, Pachelo está detenido con prisión preventiva por haber robado en otros countries con la misma modalidad que en Carmel. Así entró en varias viviendas de sus compañeros de fútbol, en Nordelta y en un barrio cerrado del sur del Gran Buenos Aires, donde una cámara lo captó.

Según establecieron los fiscales Domínguez y Quintana, los damnificados de los robos advertían varios días después las intrusiones y los faltantes. Algo así habría pasado con la caja fuerte portátil de la Asociación Damas del Pilar que María Marta, como tesorera de la entidad, tenía en su casa. Para los fiscales, esa caja fuerte portátil fue robada por quienes entraron a robar en la casa de la víctima antes del crimen.