AFP
Uruguay estableció este miércoles en la OEA un paralelismo con las tácticas de castigo colectivo del nazismo con las del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
“Sippenhaft era el método que usaban los nazis al perseguir a los familiares de los judíos para judicializarlos a ellos también. Y delito ninguno. Ese es el delito de (la periodista) Ana Carolina Guaita Barreto que la quieren canjear por su madre (la política) Xiomara Barreto. Delito ser venezolana. Mismo método, cero diferencias”, afirmó el embajador uruguayo ante la OEA, Washington Abdala.
“Solo con firmeza se corre a esta gente, los que analizan el asunto y la van de ajedrecistas no saben lo que es cuando un pueblo está desesperado por libertad”, afirmó Abdala.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció ayer miércoles “la represión violenta, las detenciones arbitrarias y la persecución política” poselectoral en Venezuela durante una sesión en la OEA en la que Brasil, Colombia y México no hicieron uso de la palabra.
“Las represiones actuales reflejan patrones ya observados por la Comisión en las protestas de 2014 y 2017”, denunció la presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, en una sesión extraordinaria en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la que Venezuela no forma parte.
“¿Y qué vemos? En primer lugar el uso arbitrario de la fuerza que ha resultado en pérdida de vidas y heridos”, afirmó, pero también “detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas”, “persecución judicial y acoso contra personas percibidas como opositores, incluidos voluntarios electorales”, “censura y restricciones a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica” y “obstáculos” a los defensores de derechos humanos.
La violencia poselectoral contra los manifestantes provocó “la muerte de al menos 23 personas, muchas de ellas jóvenes”, condenó Clarke. Según ella diez “son atribuibles directamente a las fuerzas del Estado”: ocho a militares y dos a la policía.
Seis “son atribuibles a los colectivos”, grupos armados partidarios del chavismo, “que actúan con el consentimiento, tolerancia o aquiescencia del Estado”, añadió.
Desde finales de julio se han registrado al menos 1.672 detenciones.
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