ENTREVISTA

Es dueño y director del diario El Nacional de Venezuela, expresidente del Grupo de Diarios América (GDA) y miembro de la directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). El régimen venezolano ha presentado varias demandas de naturaleza política en su contra y amenazado con arrestarlo si regresa a Venezuela. En 2010 recibió el Premio Internacional de Periodismo del diario El Mundo de España. En 2015 recibió el Premio Luca De Tena, otorgado por el ABC de España; su nominación fue propuesta por los expresidentes José María Aznar (España) y Andrés Pastrana (Colombia). En 2017 obtuvo el premio Libertad otorgado el Club Liberal de España.

-El régimen de Venezuela ordenó el 2 de febrero que el edificio del diario El Nacional, en un juicio sin garantías, fuera entregado a Diosdado Cabello, número dos del chavismo. Esto como parte de la indemnización por “daño moral” contra el periódico por haber replicado un informe del diario ABC de España que indicaba que Cabello era investigado por Estados Unidos por narcotráfico. ¿Cuál es la situación actual, ya se entregó el edificio?

-El edificio estaba tomado por el Ejército desde hace seis meses, porque cuando Diosdado Cabello llevó el juicio civil al Tribunal Supremo -cosa que es de una irregularidad increíble-, el juez del Tribunal Supremo (TSJ) determinó que tenía que pagarle unos US$ 13 millones para “resarcir su honorabilidad”. Entonces, en ese momento, el Ejército entró al edificio con armas largas y sacó a todos los que estaban allí. No pudimos siquiera revisar lo que teníamos en el edificio, no hay inventario. Desde ese momento hasta ahora, nadie de nosotros pudo entrar. Diosdado Cabello sí ha entrado, hace lo que le da la gana.

-¿Habían periodistas trabajando en el edificio cuando lo tomaron?

-Había personal administrativo. Los periodistas, con la pandemia, estaban trabajando a distancia desde sus casas. El edificio ocupa una manzana y ahí está la rotativa y la maquinaria de fotocomposición.

-¿Ha podido enviar alguna respuesta al Tribunal o al juez?

-No. La juez (Lisbeth del Carmen Amoroso) es la hermana del Contralor General de la República (Elvis Amoroso) y determinó que el edificio se traspasaba a Diosdado Cabello a título personal, como propiedad privada. Diosdado dice que aunque sea hermana del Contralor puede ser jueza, lo que pasa es que es una juez provisional, que no tiene ninguna calificación y la pusieron “a dedo”. El problema no es que sea hermana del Contralor, sino que fue puesta en ese cargo porque es su hermana. Esto es una persecución, sencillamente es eso.

-¿Estuvo en contacto con alguna autoridad venezolana, antes o a partir de esta decisión?

-No. Nunca me han citado. Nunca me han intentado cobrar. Nada. Han actuado como si yo no existiera.

-Desde ayer su diario en la web está bloqueado por los proveedores de internet, ¿ese es el final del diario?

-No, lo bloquearon en Venezuela, se trancó el tráfico dentro del país en una conspiración criminal encabezada por Diosdado Cabello, pero se puede leer en el exterior. Cuando nos quitaron el suministro de papel hace cinco años, pasamos al formato web. Tuvimos ayuda de muchos periódicos con el papel, entre ellos El País de Uruguay, La Nación, O Globo, El Mercurio. Son unos 14 periódicos que nos dieron soporte, los del Grupo de Diarios América, y otros más que no están en ese grupo. Pero eso era insostenible porque el papel que pudimos obtener, duró año y medio.

-¿Qué pasos siguen ahora, qué hará ante esta situación?

-Vamos a seguir informando. Este proceso ha sido largo. Ya hay un proceso iniciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que seguramente dictaminará a favor nuestro, porque se han cometido todos los errores procesales inimaginables, arbitrariedades, decisiones sin ningún respaldo jurídico. Aunque, el hecho de que dictaminen a favor nuestro no quiere decir que el gobierno vaya a tomar una decisión acorde a eso. Esto pasó con Radio Caracas Televisión (RCTV), que fue a la Corte y esta dictaminó a su favor, pero el régimen no hizo absolutamente nada. Estas denuncias sirven para cuando cambie el régimen.

-Es poco probable que el régimen de Maduro salga del poder pronto...

-Lo que pasa es que estas son decisiones jurídicas y hay que hacerlas. Pasó algo así con El Universo de Ecuador, que introdujo un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos mientras estaba Rafael Correa. Cuando se fue Correa, la Corte dictaminó y el nuevo gobierno tuvo que aplicar todas esas decisiones.

-¿Tomará alguna otra acción?

-Sí, en Europa voy a ir a Ginebra, a la Relatoría de Libertad de Expresión (ONU) y también está la Corte Penal Internacional (CPI), que ya le abrió una investigación a Maduro. El gobierno está tratando de decir que en Venezuela hay separación de poderes. Por eso quiero que la Relatoría y la CPI utilicen este caso para demostrar una vez más que no hay separación de poderes, sino que el régimen hace todo discrecionalmente, que es una dictadura.

-Entonces, ¿piensa que su caso se podría sumar a la investigación que la CPI le está haciendo a Maduro y a las demás autoridades gubernamentales?

-Así es. Es lo que voy a tratar de hacer.

-¿Cuántos periodistas había en El Nacional en sus mejores tiempos, y ahora?

-Hay 50 periodistas, y cien es el personal total. Llegamos a ser 1.100, de los cuales 300 eran periodistas, porque teníamos otros productos además del periódico, como revistas y libros, que fuimos cortando.

-¿Cómo es posible que habiendo tanta censura, hayan webs informativas locales que están funcionando en su país?

-No funcionan bien, las bloquean discrecionalmente, temporalmente, como quieren. Lo que queda en Venezuela son medios oficiales y algunas ventanas por la web que no las bloquean del todo porque el gobierno quiere dar la imagen de que respeta la libertad de expresión. También hay páginas del exterior que no se pueden ver en Venezuela. Por ejemplo, Infobae está totalmente bloqueada. TN24 de Colombia también. No bloquean todos los medios, porque esto no es China; si el régimen ve que hay algún medio emblemático que les perjudicaría bloquear, no lo hace.

-Usted está viviendo en España, ¿ni pensar en regresar a Venezuela, verdad?

-Me pondrían preso, tengo medidas cautelares desde hace unos seis años. Con un sistema judicial como el que existe en Venezuela, pueden montar una causa en mi contra en cinco minutos. Cuando quieren criminalizar a alguien, le hacen un expediente y le abren un juicio. El juicio de medidas cautelares, no avanza. De los 400 presos políticos que hay en Venezuela, 380 están presos por medidas cautelares, sin sentencia.

-¿Actualmente usted está más dedicado a la política, o al periodismo?

-Dirijo el periódico desde España.

-¿Cómo se mantienen financieramente, casi sin avisos?

-Con bajos costos, algo de publicidad y el CPM (modelo de pago por publicidad en internet), que en Venezuela es baratísimo, pero en EE.UU. y Europa paga bastante y con eso nos mantenemos.