INVESTIGACIÒN

El grupo de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que analiza la crisis política en Perú, luego de que el gobierno izquierdista denunciara un supuesto golpe parlamentario en marcha, inició su labor ayer lunes en Lima reuniéndose con representantes del Ejecutivo y el Legislativo.

La reunión con el presidente Pedro Castillo, a quien la fiscalía investiga por corrupción, fue la primera actividad de la misión que permanecerá hasta mañana miércoles en Perú.

“No hay ninguna intención del Congreso de hacer un golpe de estado. El Congreso es respetuoso de la independencia de poderes”, dijo el jefe del Congreso, José Williams.

El grupo lo conforman los cancilleres de Ecuador, Juan Carlos Holguín; de Guatemala, Mario Adolfo Búcaro; de Paraguay, Julio César Arriola; de Costa Rica, Arnaldo André; y de Belice, Eamon Courtenay. También la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil, el vicecanciller de Argentina, Pablo Tettamanti, y el paraguayo Eladio Loizaga, como representante de la secretaría general de la OEA.

La misión se reunió también con responsables del Poder Judicial, Fiscalía y organizaciones civiles.

La presidenta del Poder Judicial y la Corte Suprema de Perú, Elvia Barrios, expresó a la misión de la OEA su preocupación por los señalamientos de Castillo, quien les acusa de haber provocado una “afectación psicológica” a su entorno por las decisiones de la justicia.

“Hemos manifestado nuestra preocupación por un discurso que afecta directamente al Poder Judicial”, declaró Barrios tras reunirse con la misión de la OEA.

La titular de la Corte Suprema explicó que cuando Castillo solicitó la intervención de la OEA señaló que el país está “ad portas” de “un golpe de Estado”, sin mencionar al Poder Judicial entre los supuestos promotores. Sin embargo, cuando el mandatario anuncia al país el pedido a la OEA, atribuye al Poder Judicial que las medidas adoptadas en los procesos en curso, como la prisión preventiva dictada contra su cuñada Yenifer Paredes, son una “afectación psicológica” para su entorno más cercano, afirmó Barrios.

“Nada de esto se hace referencia (en el pedido oficial a la OEA), pero en el mensaje lo dice y hemos manifestado nuestra extrañeza y disconformidad”, precisó la magistrada.

Para constatar que el Poder Judicial peruano realiza sus actividades con “absoluta independencia”, Barrios recordó que la cuñada de Castillo impugnó la detención preventiva por presunta corrupción y la sala superior revocó esa medida y le otorgó la libertad.

La misión fue aprobada en octubre por el Consejo Permanente de la OEA y enviada a pedido de Castillo, quien invocó aplicar “la Carta Democrática Interamericana”.

Castillo, en el poder desde julio de 2021, ya ha enfrentado dos intentos de destitución en el Congreso y está sometido a seis investigaciones fiscales por presunta corrupción, de la que también se acusa a su círculo familiar y político más cercano.

El primer día de la misión de la OEA en Lima transcurrió con partidarios y opositores del presidente Castillo manifestando en las calles.

“(Pido a la OEA) que escuche el clamor del pueblo, que escuche la molestia de la población frente a un Congreso que no deja trabajar al Ejecutivo”, dijo el congresista Guillermo Bermejo en la marcha a favor del presidente.