El escenario de la “muerte cruzada” que implica la disolución del Parlamento y el adelanto de elecciones generales, sobrevolaba el panorama político de Ecuador desde hacía un año; terminó concretándose ayer miércoles.

El presidente Guillermo Lasso esperó a la última instancia del juicio político abierto por la oposición contra él para recurrir a este recurso extraordinario que contempla la Constitución ecuatoriana de 2008, impulsada por su enemigo político, el expresidente Rafael Correa, hoy residente en Bélgica en calidad de prófugo de la Justicia por casos de corrupción.

En los primeros meses de 2022, Lasso ya había valorado la posibilidad de echar mano de la “muerte cruzada” cuando no llevaba todavía un año en el Gobierno, al ver caer en el Parlamento la Ley de Inversiones, uno de sus proyectos insignia para dinamizar la economía. Finalmente optó por buscar alternativas a su reforma y tratar de generar puentes y consensos con parte de la oposición.

Esta decisión conllevó la salida del Ejecutivo de la entonces ministra de Gobierno, Alexandra Vela, quien no ocultó que dimitió por discrepancias con Lasso, al considerar que “preservar la democracia para transformar al país, requiere aplicar el mecanismo de la muerte cruzada”.

Sin embargo, en medio de una ola de protestas de sectores indígenas, el Parlamento votó una primera moción para destituir al presidente, quien se salvó por apenas doce votos de ser destituido.

Tampoco en ese momento Lasso recurrió a la herramienta de la “muerte cruzada” y nuevamente abogó por el diálogo y los llamamientos a un acuerdo nacional que no encontraron respuesta positiva en otras fuerzas políticas.

Ahora la dura derrota sufrida el pasado 5 de febrero, donde el Gobierno perdió el referéndum de reforma de la Constitución y el sector de Correa fue el gran triunfador de las elecciones municipales, aceleraron el juicio político por supuestos actos de corrupción contra Lasso.

A diferencia del juicio político anterior, ahora el escenario no generaba seguridad al Gobierno de tener los votos suficientes para salvar a Lasso, pues el oficialismo cuenta con una reducida representación en el Parlamento. Ante esta situación límite, Lasso optó por disolver el legislativo.

De esta forma, el mandatario sacrifica parte de la segunda mitad de su mandato presidencial a cambio de evitar su posible destitución bajo una acusación de supuesto peculado (malversación), que desde un inicio ha rechazado y calificado como una invención de sus opositores, a los que ha acusado de buscar un “asalto institucional”.

Ayer a primera hora de la mañana, y a través de un mensaje a la nación, el presidente ecuatoriano anunció la “muerte cruzada” al argumentar una “grave conmoción política e interna”, producto de la embestida de la oposición.

“Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente, cada día se profundiza”, dijo Lasso.

El martes, el mandatario había comparecido ante el pleno de la Asamblea en la primera jornada de la fase final del juicio político para presentar su alegato de defensa, donde reiteró su inocencia y volvió a acusar a la oposición de inventarse la acusación en su contra y de querer ejecutar un “asalto institucional”.

Este miércoles, la sede de la Asamblea, donde debía proseguir el debate del juicio político, amaneció desalojada y rodeada de militares, mientras Lasso mantuvo una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país.

Las reacciones no se hicieron esperar, y mientras el expresidente Rafael Correa aseguraba que la aplicación de la muerte cruzada en medio del juicio político era ilegal, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Iza, hablaba de un “autogolpe” de Estado.

El Partido Social Cristiano (PSC), que junto al correísmo impulsó el juicio político a Lasso, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional por la disolución el Parlamento.

La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días, tras la publicación del decreto de disolución, se convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años, que comenzó en mayo de 2021 y termina en 2025.

Hasta la instalación de la nuevo Parlamento, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, previo dictamen favorable de la Corte.

Estados Unidos dijo ayer que su relación con el Gobierno de Ecuador permanece “fuerte” tras la disolución del Parlamento. El portavoz del Departamento de Estado Vedant Patel rehusó comparar la situación de Ecuador con la de Perú el año pasado, cuando el exmandatario izquierdista Pedro Castillo, disolvió el Congreso para frenar su destitución y acabó encarcelado acusado de golpe de Estado.

Con información de EFE y AFP