Agencia EFE, AFP
Cientos de mujeres protestaron en las calles de São Paulo, Brasil, el fin de semana, contra el proyecto legislativo que busca equiparar el aborto a partir de las 22 semanas de embarazo con el delito de homicidio, incluido en casos de violación, lo que generó gran malestar por parte de gran parte de la población.

La propuesta es patrocinada por un grupo de diputados ultraconservadores, varios de ellos del Partido Liberal (PL), que lidera el expresidente Jair Bolsonaro y responde fundamentalmente a la posición de movimientos evangélicos.

Como el pasado jueves, medio centenar de instituciones y colectivos feministas se concentraron en la Avenida Paulista, una de las principales arterias de São Paulo, y recorrieron el centro de la que es la mayor ciudad de Brasil.

Vestidas con pañuelos verdes, las manifestantes clamaron contra el jefe de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, después de que el pleno aprobara, por mayoría y en una votación exprés, discutir el proyecto con carácter de urgencia para acelerar su trámite parlamentario.

El grito más repetido en estas protestas, que días atrás se repitieron en Río de Janeiro, Brasilia y otras ciudades, es “Criança não é mãe” (“Una niña no es una madre”).

Con él quieren denunciar el alto índice de embarazos de adolescentes y la posibilidad de que el problema se agrave con el citado proyecto actualmente en marcha.

Según datos del sistema público de salud brasileño, 44 bebés nacen cada hora de madres adolescentes en Brasil, de los que dos son de gestantes de entre 10 y 14 años.

La política de salud pública brasilera no ha podido controlar este fenómeno que sufren sobre todo a las adolescentes de los sectores más carenciados de la sociedad, aunque no es exclusivo de estos.

En este marco, el texto plantea, a través de una modificación del Código Civil, penas de cárcel similares a las de un homicidio para aquellas mujeres que interrumpan su embarazo después de las 22 semanas.

De salir adelante, con el aval de la Cámara de Diputados y el Senado, el aborto en esas condiciones, incluidos aquellos producto de una violación, sería castigado como un “homicidio simple”, tipificado en Brasil con penas que varían entre 6 y 20 años de prisión.

Así, las mujeres víctimas de violación que aborten con casi 6 meses de gestación tendrían penas mayores que sus agresores, cuyo castigo oscila entre 6 y 12 años de cárcel.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tildó de “locura” ese proyecto de ley bajo trámite en el Parlamento.

El mandatario se posicionó personalmente “en contra el aborto”, pero condenó el hecho de “querer castigar a una mujer víctima de violación con una pena mayor que el criminal que comete la violación”, como propone el proyecto.

“Como el aborto es una realidad, debemos tratarlo como una cuestión de salud pública”, afirmó el jefe de Estado brasileño. Se mostró convencido de que “lo que ya existe en la ley garantiza una actuación civilizada” sobre este asunto, “tratando al violador con rigor y con respeto a las víctimas”.

Esta es la primera manifestación de Lula desde que el Congreso aprobó debatir con carácter de urgencia el mencinado proyecto.

La iniciativa ha generado una ola de rechazo en los colectivos feministas, que se han lanzado a la calle para protestar contra la misma.

El senador y exjuez brasileño Sergio Moro, quien en su etapa como magistrado encarceló al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, denunció que existe un “espíritu de persecución” contra aquellos que combatieron la corrupción en el país.

“Podemos ver claramente que hoy hay un poco de espíritu de persecución contra las personas que actuaron en la Operación Lava Jato, tal vez debido al Gobierno de Lula”, afirmó Moro en una entrevista al diario Folha de São Paulo divulgada ayer.

Como magistrado, Sergio Moro lideró los procesos en primera instancia del escándalo de corrupción destapado en la petrolera estatal Petrobras por la Operación Lava Jato, que llevó a prisión a decenas de empresarios y políticos, entre ellos a Lula.

Las condenas a Lula por corrupción fueron después anuladas por la Corte Suprema por un error de competencias judiciales y, posteriormente, todas las investigaciones en su contra acabaron archivadas en instancias inferiores.

El alto tribunal también declaró que Moro actuó de forma “parcial” en una de las causas contra el dirigente progresista.