Nicaragua: denuncian la "consolidación de un régimen autoritario" y condenan represión estatal

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que “la situación de derechos humanos en Nicaragua sigue siendo una de las más críticas de la región y continúa deteriorándose”,

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Dictadores. Ortega y Murillo, el matrimonio que gobierno Nicaragua.
Dictadores: Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta de Nicaragua.
Foto: AFP

Redacción El País
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció y condenó ayer lunes “la consolidación de un régimen autoritario” en Nicaragua, un país gobernado por Daniel Ortega desde 2007, y que desde hace siete años vive una crisis sociopolítica y de derechos humanos.

“A siete años del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la CIDH condena la continua represión estatal y la consolidación de un régimen autoritario”, señaló ese organismo en una declaración pública.

En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que, luego de la respuesta con la fuerza estatal, se convirtieron en una exigencia de renuncia del dictador Ortega.

Las protestas dejaron al menos 355 personas muertas, según la CIDH, aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron “más de 300” y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.

Dictadores. Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo gobiernan Nicaragua con mano dura desde 2007.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo gobiernan desde 2007.
Foto: EFE

“La situación de derechos humanos en Nicaragua sigue siendo una de las más críticas de la región y continúa deteriorándose”, advirtió la CIDH en su mensaje.

A través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), la Comisión dijo que sigue recibiendo información sobre graves violaciones a los derechos tales como detenciones arbitrarias, denuncias de desapariciones forzadas, y violaciones al debido proceso y las garantías judiciales.

También tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de las personas privadas arbitrariamente de la libertad; restricciones a la libertad de movimiento, privación de la nacionalidad, destierro, así como persecución religiosa. EFE

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