Redacción El País
En Nicaragua, la “dictadura guaranga” de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, como la calificó el papa Francisco, sigue cerrando instituciones que no comulguen con el régimen. Esta semana canceló la personalidad jurídica a la Compañía de Jesús, con lo que todos sus bienes pasan al Estado, una semana después de confiscarle la universidad.

La resolución dice que los jesuitas no reportaron sus estados financieros entre 2020 y 2022, ni los detalles de ingresos y egresos, además de que “tenían su junta directiva vencida desde el 27 de marzo de 2020”.

El régimen de Ortega mantiene una conflictiva relación con la Iglesia y varios religiosos han sido conminados a abandonar el país o han sido acusados en tribunales.

La jefatura regional de la organización jesuita condenó en un comunicado la “nueva agresión” y señaló que la cancelación jurídica se dio sin “los procedimientos administrativos establecidos por ley” y “sin dar oportunidad a la legítima defensa”.

La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, con sede en San Salvador, pidió al gobierno de Nicaragua que “cese la represión” y que “acepte la búsqueda de una solución racional”, al tiempo que demandó que “respete la libertad y total integridad de los jesuitas y las personas que colaboran con ellos”.

Hace una semana, la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) suspendió sus actividades luego de que un tribunal de Managua ordenara la confiscación de sus bienes y fondos, tras acusarla de ser un “centro de terrorismo”.

Al menos dos colegios en Managua, el Loyola y el Centroamérica, son manejados por la Compañía de Jesús, la misma orden a la que pertenece el papa Francisco. Ambos colegios dijeron que contaban con personalidad jurídica distinta y que continuaban funcionando.

Además, los jesuitas gestionaban varias escuelas gratuitas o de bajo costo en Nicaragua.

La orden jesuita contaba con personalidad jurídica desde 1995 y estaba inscrita como asociación sin fines de lucro en el Ministerio de Gobernación.

El sábado pasado, agentes judiciales y policiales desalojaron a seis sacerdotes de la Compañía de Jesús de una residencia contigua a la universidad con el fin de confiscar el inmueble.

Después de la diligencia judicial en la UCA, el Consejo Nacional de Universidades (CNU), organización rectora de los centros de educación superior de Nicaragua, canceló su autorización para operar y decidió la creación de una universidad estatal para funcionar en su lugar. El ministerio también canceló la personalidad jurídica de la UCA, fundada en 1960, en cuyas instalaciones el CNU juramentó el viernes a las autoridades de la nueva Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro.

El obispo Rolando Álvarez, detenido en agosto de 2022, fue condenado en febrero a 26 años de cárcel por menoscabar la integridad nacional, entre otros cargos.

En marzo, el papa Francisco se mostró “preocupado” y “entristecido” por la situación en Nicaragua, especialmente por el obispo Álvarez y por la deportación de 222 opositores a Estados Unidos. Además, el Papa consideró que Nicaragua tenía una “dictadura guaranga”.

Ortega replicó asegurando que una “mafia” era la encargada de escoger a los papas, y propuso que estos fueran elegidos por voto popular.

La Compañía de Jesús, fundada en el siglo XVI por el español Ignacio de Loyola, es una de las mayores órdenes católicas. (Con información de AFP)