VIOLACIÓN DE DERECHOS

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras 101 ONG, incluida la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta, según informó el Poder Legislativo.

Con esas nuevas 101 asociaciones sin fines de lucro se elevan a 758 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) -de más de 6.000- cuya ilegalización ha pedido el Ejecutivo del presidente Daniel Ortega.

La disolución de las Misioneras de la Caridad y de las otras 100 ONG fue propuesta con carácter urgente por el legislador sandinista Filiberto Rodríguez, a petición de la cartera de Gobernación, y está previsto sea discutido el martes próximo.

Estas medidas son promovidas por el Ejecutivo desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular -originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social- calificada como intento de golpe de Estado por el Gobierno.

Según un informe de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, las Misioneras de la Caridad “ha incumplido con sus obligaciones” conforme la ley que los regula, y la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Entre otros, la cartera de Gobernación indicó que las Misioneras de la Caridad no están acreditadas por el Ministerio de Familia para funcionar como guardería, centro de desarrollo infantil u hogar de niñas o asilo de ancianos, ni tienen permiso del Ministerio de Educación para realizar el reforzamiento de aprendizaje.

Los saldos de ingresos por donaciones no coinciden con los reportados en los informes presentados, y no cuentan con contabilidad formal de su patrimonio con sistemas aceptados, según información oficial.

Otro motivo para disolver la ONG, alegó Gobernación, es que la Junta Directiva está integrada solo por ciudadanas de otras nacionalidades, y la nueva ley que los regula, en vigor desde hace dos meses, establece que solo el 25% de las personas que integran la directiva pueden ser extranjeras. EFE