EFE
Mientras en Panamá se discute si el Gobierno debe otorgar el salvoconducto al expresidente Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo, para irse aNicaragua, que le dio asilo político, el aún candidato a la reelección acondicionaba a su gusto ayer jueves la sede diplomática nicaragüense.

Un gran tanque de agua, televisores, aires acondicionados, otros electrodomésticos e, incluso, su mascota llegaron ayer a la embajada nicaragüense, sumándose a los colchones y cajas de alimentos, entre otros, entregados en el lugar el miércoles, pocas horas después de que el régimen de Daniel Ortega informara del asilo otorgado a Martinelli.

La sede diplomática, situada en un barrio de clase media en Ciudad de Panamá, es una vieja casa de techo con tejas rotas y paredes y rejas de pintura desconchada. Ayer jueves los alrededores del lugar amanecieron con presencia policial.

Martinelli, un magnate de 71 años, argumenta que pidió asilo a Nicaragua porque es un “perseguido político” y porque el actual Gobierno panameño lo quiere “matar” en la cárcel, extremos que ha negado el presidente Laurentino Cortizo.

El movimiento de Martinelli sorprendió a muchos en Panamá, donde está siendo tildado de “cobarde”, como dijo a EFE la ex fiscal general Ana Matilde Gómez, y de “delincuente común que está evadiendo la justicia”, como afirmó el exmagistrado del Supremo Harry Díaz, quien fue el fiscal acusador en el juicio especial contra el expresidente por escuchas ilegales, causa que salió de la máxima corte para finalizar en un tribunal ordinario con una cuestionada absolución.

Gómez y Díaz piden que se niegue el salvoconducto porque sostienen, igual que muchos analistas, que la persecución política alegada por Martinelli no existe. Argumentan que el expresidente fue procesado por un delito común como lo es blanqueo y la sentencia a 128 meses fue ratificada en dos instancias, incluido el Supremo, en un proceso judicial que comenzó en el 2017 y sufrió retrasos por un uso abusivo el sistema legal por parte de Martinelli, algo que sus abogados niegan.

Pero políticas como Balbina Herrera, quien enfrentó como candidata presidencial a Martinelli en los comicios que ganó en el 2009, piensa que es mejor que se vaya del país y terminar con el tema.

Los entendidos citan convenciones internacionales según las cuales Panamá está en el derecho de negar el salvoconducto y de pedir a Nicaragua que le entregue a Martinelli, aunque también puede autorizar su salida y pedir luego su extradición a Nicaragua.

La Cancillería informó el miércoles que “ha puesto en conocimiento a las autoridades competentes” la petición de Nicaragua para otorgar un salvoconducto con el fin de que Martinelli llegue a la nación dirigida desde 2007 por Ortega.

El régimen de Ortega también ha dado asilo a los exgobernantes salvadoreños Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), ambos prófugos de la justicia de su país y a quienes le otorgó la nacionalidad nicaragüense, de forma que no pueden ser extraditados.

El Tribunal Electoral dijo ayer que una vez tenga la copia de la sentencia en firme autenticada contra Martinelli, “se procederá al trámite correspondiente de manera expedita y conforme lo establecen la Constitución”.

La Carta Magna panameña, recordó el ente electoral, reza en su artículo 180 que “no podrá ser elegido presidente quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de libertad de cinco años o más”, como es el caso de (2009-2014).