En medio de la desesperación para conseguir que un pediatra viera a Briana, su hija de 6 años, Eugenia Torres descubrió que en el hospital público de Embarcación, en Salta (Argentina), los turnos se vendían en la puerta del establecimiento por 1.500 pesos argentinos (unos 150 pesos uruguayos, según la cotización paralela).

El desfasaje entre la demanda de atención médica de los barrios y comunidades indígenas de la zona y los pocos turnos diarios que ofrecía el hospital era tan grande que muchas personas no llegaban a conseguir un turno y otras que sí lo obtenían empezaron a venderlos.

De ese drama surgió el negocio de los “coleros”: personas que por 1.500 pesos argentinos iban al hospital la noche anterior para hacer la fila y sacar turnos que después usarían otros vecinos. Al día siguiente, por la mañana, cuando abría la ventanilla de turnos, muchos de quienes iban a hacer la cola lo más temprano que podían se quedaban sin turnos porque la mayoría quedaba en mano de los coleros.

Foto: Archivo

Esta irregularidad demoró trágicamente la consulta médica que necesitaba Briana. El pediatra recién salió a verla cuando se descompensó en plena sala de espera y cuando la asistencia estaba orientada a intentar salvar su vida.

A la niña, de la comunidad wichi, la habían visto en la guardia cuatro días antes, el domingo 5 de marzo. Una enfermera le indicó que sacara un turno con un pediatra, pero el turno lo consiguió recién para el jueves 9. Ese día, la pequeña de 6 años estaba en la sala de espera, junto a su mamá, cuando entró en crisis. El personal del hospital que intervino, diría después la encontraron “cianótica y en estado comatoso”. Para cuando el médico la atendió, ya no quedaba mucho por hacer.

Briana Torres murió ese mismo jueves, pocas horas más tarde. Recién entonces, el hospital cambió el sistema de otorgamiento de turnos, pese a que, como consta en su página de Facebook, el establecimiento sabía que los turnos eran comercializados al menos desde mediados de febrero.

“Briana era una niña sana, tenía todas las vacunas”, cuenta su tío, Mirco Neuenschwander. “Su certificado de defunción dice que falleció por una posible meningitis. Aunque al principio dijeron que le habían hecho una punción post mortem, no queda claro que se la hayan hecho. Por eso, y por nuestros cuestionamientos, a los pocos días empezaron a decir que había muerto de neumonía. Pero nunca le hicieron una placa”, explica Mirco, que además es secretario de la comisión directiva wichi de Misión La Loma.

Misión La Loma está ubicada en la periferia de la ciudad de Embarcación, que pertenece al Departamento José de San Martín y está a unos 270 kilómetros de la ciudad de Salta. Junto a Orán y Rivadavia, completan la región en la que, en 2020 se declaró la emergencia sociosanitaria por la muerte por desnutrición de varios niños wichis. Desde entonces y hasta la fecha, la mortalidad infantil por causas prevenibles continúa siendo un problema tan persistente que corre el riesgo de naturalizarse. Mientras esta nota se escribe, una nueva muerte tomó estado público: la de una niña de un año y tres meses, por un cuadro de gastroenteritis.

“Cada persona que muere tiene nombre y apellido. Es una muerte que nos duele y nos interpela a seguir haciendo nuestros mayores esfuerzos. Actualmente, el promedio de mortalidad infantil se ubica en 8,5 por mil nacimientos, cuando la media nacional es de 8″, explica la subsecretaria de Medicina Social provincial, Gabriela Dorigato, quien además confirma que la bebé que murió recientemente vivía en Misión Chaqueña, una localidad ubicada a 50 kilómetros del hospital de Embarcación.

La funcionaria está al tanto de las irregularidades que se cometían con los turnos en Embarcación. “Lo que nos dice el gerente del hospital es que, lamentablemente, las quejas nunca se formalizaron. En la capital de la provincia tenemos turnero telefónico y estamos pensando en extenderlo a toda la provincia”, agrega Dorigato. Ante la consulta sobre cómo harían en ese caso las comunidades alejadas que no tienen señal telefónica, la funcionaria reconoció que “ese es el gran desafío”.

En el caso concreto de Misión La Loma, aunque se ubica en las inmediaciones de la ciudad de Embarcación, las 250 familias que habitan la comunidad no tienen acceso a servicios básicos como agua, cloaca y gas, y sólo unas pocas tienen electricidad. La mayoría de las personas vive en situación de pobreza, algunas de ellas en la indigencia. Trabajan en la economía popular, en la informalidad, y dependen en muchos casos de las asignaciones sociales que reciben del Estado.

El 5 de marzo era un domingo más para Eugenia y su hija hasta que la niña comenzó a levantar fiebre. Ante la falta de un transporte público que las llevara hasta el hospital, la madre y su hija caminaron los cuatro kilómetros que los separan del hospital. Según denuncian los familiares, en la guardia la vio una enfermera. “Lo que te dicen los pacientes es que los médicos sólo salen a atender cuando el caso es grave o cuando hay mucha gente en la guardia”, agrega Mirco, el tío de Briana.

Tras indicarle paracetamol a la niña, la enfermera le dijo a Eugenia que en la semana consiguiera un turno con el pediatra. Alguien alertó a la mujer sobre lo que ocurría con los turnos, así que Eugenia llegó la noche del lunes dispuesta a hacer la fila para obtener el turno para el día siguiente. Pero cuando llegó a la ventanilla que los otorgaba, ya no quedaba ninguno.

Como el cuadro de la niña se agravaba, un vecino de la familia se acercó al hospital el miércoles por la noche y consiguió un turno para el jueves. Pero ya era tarde. Según la información que maneja Dorigato, tras la muerte de la pequeña, la familia se negó a que le realizaran una autopsia. Pero esto es desmentido por el tío de la niña. “Nosotros pedimos la autopsia. Porque lo que suele pasar en estos casos de muertes dudosas, es que terminan echándole la culpa a la familia. Pero no había forense para hacerla”, explica el hombre.

Días después, la familia denunció públicamente la venta de turnos en el hospital y las irregularidades que se cometieron con Briana. “Como difundimos que estamos evaluando una denuncia penal, vinieron a ver a la mamá de la nena para infundirle miedo y decirle que no haga nada porque, de hacerlo, iban a tener que desenterrar el cuerpito de su hija. Y nosotros somos muy respetuosos de esos ritos”, agrega Neuenschwander.

Se estima que alrededor del 6% de la población salteña es indígena. En la provincia conviven 14 etnias, distribuidas en 500 comunidades de variadas proporciones. Para todas ellas, el acceso a los servicios básicos continúa siendo un desafío. A esto se le suman las barreras idiomáticas y culturales que, en muchas ocasiones, les dificultan acceder a una atención de salud digna.

Foto: LA NACIÓN (GDA)

A fines de 2014, el Estado salteño sancionó la 7856, popularmente conocida como Ley de Salud Intercultural, que busca garantizar el acceso a la salud de las comunidades originarias. A pesar de la emergencia sociosanitaria decretada en 2020 y que todavía sigue vigente, esta ley sigue sin instrumentarse.

En enero de 2022, la Corte de Justicia de Salta hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto con la comunidad de Misión La Loma para que el Ministerio de Salud provincial garantizara al menos dos aspectos cruciales de esa ley en los departamentos en emergencia: la figura de facilitadores que oficien de traductores entre los médicos y los pacientes originarios, y la construcción de albergues para las familias que deben recorrer grandes distancias desde donde viven hasta el hospital.

La organización considera que, hasta el día de hoy, nada de eso ocurrió y tiene prevista una presentación judicial para denunciarlo. “Es probable que de haber existido estos albergues en Embarcación, la mamá de Briana podría haber permanecido allí mientras esperaba por el turno”, sostiene Francisco Rodríguez, abogado y coordinador del Programa Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ.

En tanto, la funcionaria del Ministerio de Salud consultada para esta nota sostiene que los hospitales de Victoria y Tartagal ya cuentan con facilitadores, en tanto que en el de Embarcación hay personal médico capacitado para oficiar de facilitador. Y va más allá: la funcionaria asegura que en cuestión de días se instrumentaría la ley.

La familia de Briana espera poder reunirse con el ministro de Salud en los próximos días. “Queremos denunciar lo que pasó para que no haya más casos como el de Briana -explica Mirco, el tío de la nena-. Justo el año pasado reclamamos la implementación de la ley. Hablamos por todas las comunidades pero ningún funcionario nos escuchó. Ahora nos toca llorar esta pérdida”, concluye.

Por Lorena Oliva, LA NACIÓN (GDA)