ENTREVISTA

Es coordinadora del Observatorio de la Nueva Constitución de Chile y académica del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Es doctora en Estudios Políticos y Sociales, fue Jefa de la División de Estudios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (2014-18), asesorando en reformas políticas y agenda de probidad, y fue coordinadora del Proceso Constituyente convocado por la entonces presidenta Michelle Bachelet. Fue miembro de la Mesa Técnica del Proceso Constituyente en Chile (2019).

-Como observadora del proceso de redacción de la nueva Constitución en Chile, ¿qué tanto se está avanzando en estas últimas semanas que han sido bastante convulsionadas en su país?

- Ya hay un primer borrador del texto constitucional, que está siendo armonizado por una Comisión Especial, ya está casi definido. Es decir, la Convención Constitucional está en su etapa final y debe entregar el texto al presidente Gabriel Boric el 4 de julio, para que convoque a un plebiscito aprobatorio, que ya tiene fecha; se hará el 4 de setiembre. Paralelamente, se están preparando normas transitorias sobre cómo va a ser el proceso de aplicación de ese texto, en la hipótesis de que sea aprobado. Hasta ahora la Convención ha cumplido su trabajo en tiempo y forma, el primer borrador tuvo 499 artículos y la armonización probablemente va a ajustar ese número, la estructura.

- La nueva Constitución sustituirá la actual que data de la época de Augusto Pinochet, ¿cuáles son los aspectos en los que hay mayor consenso?

- Hay gran consenso en el cambio del rol del Estado. El nuevo texto describe al Estado chileno como “social y democrático”. Eso es novedoso, porque la actual Constitución no le da un carácter social al Estado, sino un rol subsidiario. Por eso los principales derechos sociales, como la salud, educación y vivienda, son resueltos por el sector privado.

Otro tema en el que existe gran consenso es en la definición de la democracia como una “democracia paritaria”, ya el texto define directrices para que el futuro sistema electoral pueda incorporar mecanismos de paridad -igualdad de número de hombres y mujeres- en los órganos de representación. También se define que todas las instituciones públicas deben tener integración paritaria.

- El nuevo texto establece el tránsito de un Estado central unitario a uno regional, ¿cómo es visto ese tema por la población general?

-Ese tema también genera aceptación porque se da autonomía a las regiones, sin llegar a definirse un Estado federal. Es decir, se garantiza la unidad territorial del Estado, pero las regiones van a tener autonomía en ciertos aspectos presupuestarios y en la elección directa de sus gobernadores. Eso se agregó en la legislación chilena recientemente, pero el nuevo texto constitucional profundizará en la autonomía de definiciones de políticas públicas. Eso también va tener un impacto en el régimen político, dado que el actual Senado dejará de ser tal como lo conocemos y se va a constituir en una segunda Cámara, que es la Cámara de las Regiones. Entonces, se fortalece la influencia y el rol de las regiones en términos legislativos y ejecutivos.

- ¿La regionalización implica también más autonomía a las poblaciones indígenas, o no necesariamente?

En realidad, el Estado regional se refiere a las áreas geográficas del país, a la territorialidad. Las autonomías indígenas van a existir por la definición del Estado como “plurinacional”, que es distinto a la regionalización.

- En ese tema sí hay controversias entre los partidos políticos, ¿verdad?

- Exacto, no todos los sectores políticos creen que tiene que haber un reconocimiento y autonomía de los pueblos indígenas, a pesar de que constituyen el 12 % de la población. Además, los partidos más conservadores señalan que la definición del Estado chileno como plurinacional no se refiere solamente el reconocimiento a los pueblos indígenas, sino al Estado como tal, y que el Estado es de una sola nación, que son “los chilenos”. Consideran que, de cambiar ese concepto, se pondría en riesgo la unidad e integración estatal y que la nueva Constitución podría generar una división del Estado.

- Usted mencionó que el concepto de Estado social tiene gran aceptación en Chile, pero hay sectores que no están de acuerdo con ciertos derechos sociales en el texto constitucional, ¿cómo se entiende?

- A algunos detractores les parece que ciertos derechos asociados a salud, educación y otros, están demasiado detallados en el nuevo texto constitucional. Señalan que no sería necesario establecer una amplia gama de derechos a nivel constitucional, sino que se puede hacer a través de la legislación y las políticas públicas. Pero la experiencia chilena muestra lo contrario. Desde la Constitución se quiere garantizar más los derechos de educación, salud, vivienda, cuidados y otros nuevos derechos que no existen en el texto constitucional actual, y que por eso no se han promovido.

En la actual Constitución chilena están garantizados los derechos de libertad, a que las personas elijan un sistema de salud y la educación, pero no se le da al Estado el rol de garantizarlos y promoverlos. Por eso en Chile se ha generado tanta desigualdad, según el acceso que la gente tenga o no a los servicios privados.

- El tema de la seguridad social va en esa línea, ¿qué está pasando a ese nivel?

- Sí, tenemos un sistema de jubilación fundamentalmente privado, que hizo crisis últimamente porque las personas retiraron sus fondos para sobrevivir en la pandemia y ahora gran parte de la población no tiene, o no va a tener, ingresos por la seguridad social. La definición del Estado social en el texto constitucional va a permitir que se establezca un pilar más solidario desde lo público.

- La popularidad del presidente Gabriel Boric cayó mucho, según encuestas, y ahora se ha recuperado, ¿cómo impacta ese factor en la aprobación de la nueva Constitución?

- El presidente ha ido recuperándose luego de su primera cuenta pública, que fue a los tres meses de su gestión. Si se aprueba la Constitución, va a poder establecer una gestión de gobierno más cercana a su programa. De lo contrario, va a tener que ejercer con el actual marco constitucional y eso va a limitar transformaciones en el área de seguridad social o de salud y educación, que son cuestiones con las que se ha comprometido.

- ¿Usted piensa que se aprobará la nueva Constitución, o no lo ve viable?

- Hay cambios muy rápidos en estas semanas. En 2020 en el plebiscito, donde se le consultó a la gente si quería un nuevo texto constitucional, el 80% aprobó la idea. A partir de esa información uno podría visualizar que sí hay una voluntad de la ciudadanía de cambio constitucional. Me parece que la aprobación o el rechazo en este tema va mucho más allá de los partidos políticos, éste es un proceso más ciudadano. La Convención Constitucional está representada por ciudadanos independientes más que por partidos políticos. Entonces, es difícil asociar la votación de los partidos a los resultados del plebiscito.