Las víctimas serían internos que no pertenecían a ninguna banda, ya que las facciones fueron separadas el año pasado.

Un total de 31 presos fueron brutalmente asesinados la madrugada del viernes en una cárcel de Roraima, en el norte de Brasil, cuatro días después de que una sangrienta venganza dejara 56 muertos en un presidio de Manaos, en plena guerra entre bandas por el control del narcotráfico.

Como en la capital de Amazonas, las víctimas fueron decapitadas, mutiladas y desmembradas, según las fotografías obtenidas por la agencia AFP, donde aparecen decenas de cuerpos apilados sobre un gigantesco baño de sangre.

Tras las pericias realizadas a los cuerpos, las autoridades redujeron en la tarde el balance de fallecidos de 33 a 31.

"La barbarie ocurrió sobre las 02H00 de la mañana (06H00 GMT). No hubo intercambio de tiros, las víctimas fueron asesinadas con objetos cortantes o armas artesanales", describió Uziel Castro, secretario de Justicia de Roraima.

Un video exclusivo obtenido por la AFP muestra cómo los internos, la mayoría en ropa interior, sacan los cuerpos hacia los vehículos del Instituto Médico Legal, al exterior del centro.

Situada en las afueras de Boa Vista, capital de Roraima, la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo (Pamc) es la mayor prisión de este estado fronterizo con Venezuela, y cuenta con más de 1.400 presos, más del doble de su capacidad.

Pese al clima de máxima tensión entre facciones que se vive en los presidios de la estratégica región norte de Brasil -importante ruta del narcotráfico que linda con Venezuela, Perú y Colombia-, la matanza no habría sido una respuesta a la masacre de Manaos, según las autoridades.

"No es, aparentemente, una venganza del Primer Comando de la Capital-PCC en relación a la Familia del Norte (las dos bandas enfrentadas en Manaos, ndlr)", afirmó el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes.

Las víctimas serían internos que no pertenecían a ninguna banda, ya que las facciones fueron separadas el año pasado, complementó Castro.
"Pensamos que es una acción aislada, una barbaridad cometida contra presos comunes (...)", explicó Castro, subrayando que "las pésimas condiciones del presidio no son un misterio para nadie".

El pasado 17 de octubre, diez reclusos fueron asesinados en la Pamc, algunos decapitados y otros quemados vivos. El mismo día, ocho internos murieron en una cárcel de Rondonia, también en el norte de Brasil.

Este nuevo incidente ocurre cuatro días después de que una rebelión en el vecino estado de Amazonas dejara 56 muertos en el Complejo Penitenciario Anisio Jobim, la segunda mayor masacre registrada en una prisión brasileña.

Los brutales asesinatos y la ostentación de violencia -la mayoría de las víctimas fueron decapitadas y mutiladas- respondieron, según las investigaciones, a una venganza del FDN, aliado del Comando Vermelho (CV) de Rio, contra el PCC, la poderosa organización nacida a inicios de la década de 1990 en una cárcel paulista.

Una "tragedia anunciada" para expertos como Camila Dias, profesora de la Universidad Federal del ABC, que han alertado sobre las consecuencias desastrosas que podía traer la guerra abierta entre estos grupos.

Las dos organizaciones criminales más poderosas del país rompieron su alianza en julio, dando inicio a una carrera sangrienta por el dominio nacional del narcotráfico.

Después de lo ocurrido en Manaos, organizaciones internacionales como Human Rights Watch, o incluso el papa Francisco, llamaron la atención sobre las condiciones de vida en las cárceles de Brasil, consumidas por la superpoblación y el dominio de las bandas.

Cómodas en su interior, -donde disponen de celulares, armas o drogas-, estas facciones tienen en los presidios su centro de operaciones.

El Colegio de Abogados de Brasil (OAB) anunció, de su lado, que llevará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos las dos tragedias, motivadas según la organización "por la falta de adopción de acciones concretas por parte del Estado para resolver el problema, que siempre se repite".

Después de las críticas recibidas por sus tres días de silencio ante la tragedia de Manaos, el presidente Michel Temer reaccionó rápido esta vez, lamentando lo ocurrido a través de un comunicado.

El jueves había anunciado la construcción de nuevas cárceles en todos los estados, así como de cinco centros de máxima seguridad, para hacer frente a una crisis que, como anunciaron los expertos, no tardaría en sumar nuevos capítulos.

La guerra en los presidios "es efecto de una política de encarcelamiento en masa que produce y amplifica las pésimas condiciones de las prisiones brasileñas", afirmó Dias a la AFP, que consideró insuficientes las medidas presentadas por el gobierno.

Con 622.000 personas privadas de libertad -en su mayoría jóvenes negros-, el gigante sudamericano tiene la cuarta mayor población penal del mundo, por detrás de Estados Unidos, China y Rusia, según datos oficiales.

A nivel nacional, la tasa de ocupación de las prisiones es del 167% y un informe del Ministerio de Justicia estima que habría que aumentar las plazas en un 50% para solucionar el problema.

Más de un preso por día murió de forma violenta en las cárceles brasileñas durante 2016, según datos recogidos por la prensa local.

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