Un nuevo juicio se avecina sobre Lázaro Báez. Desde el 7 de agosto, el empresario argentino, ya condenado dos veces, será juzgado nuevamente por lavado de dinero, acusado de blanquear dinero a través de la operación de compra-venta de un campo de 152 hectáreas junto al mar, en el exclusivo balneario uruguayo de José Ignacio, adquirido en US$ 14 millones.

El Tribunal Oral Federal N°4 fijó la fecha para el juicio. El tribunal estará integrado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez. Gorini es uno de los jueces que condenó a Cristina Kirchner a seis años de cárcel en la causa Vialidad, junto con el propio Báez. Por su parte, Costabel y López Iñiguez condenaron a Báez a 12 años de cárcel en el primer juicio por “la ruta del dinero K”, pena que fue reducida 10 años de prisión por la Cámara de Casación.

Los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación no hicieron lugar a un pedido de apartamiento de dos de los integrantes del tribunal. Con la firma de los camaristas Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, se resolvió no hacer lugar a dos recursos de queja de las defensas contra el rechazo a los planteos de recusación efectuados contra los jueces Costabel y López Iñiguez.

De esta manera, se convalidó la integración del tribunal que deberá llevar a cabo el juicio oral y público en esta causa donde se investiga el dinero que salió de la firma SGI, conocida como “La Rosadita”, utilizada para sacar del país fondos que luego eran blanqueados en el exterior.

Lo que se analizará en el nuevo juicio es el posible “blanqueo” de capitales mediante la compra de diferentes propiedades en el país y el extranjero. Entre ellas, se destaca la estancia conocida como “El Entrevero”, ubicada entre José Ignacio y La Barra.

Foto: Archivo El País

En las operatorias investigadas se encontrarían involucrados Báez, sus excolaboradores Daniel Rodolfo Pérez Gadín, Jorge Oscar Chueco y el financista Leonardo Fariña, junto a Santiago Walter Edgardo Carradori, Maximiliano Goff Dávila, Oscar Osvaldo Guthux y Alejandro Maximiliano Acosta.

A finales de 2010, Goff Dávila, conocido de Fariña que asesoraba a Báez en cuestiones económicas, consultó a su concuñado por la posibilidad de realizar una inversión en Uruguay. Le indicó que podía comprar el 50% de la estancia El Entrevero, cuya titularidad era de Walter Kobilansky Brandhuber. De esta manera, el 29 de diciembre de 2010 se firmó la reserva en Punta del Este por dos fracciones de campo -una de 145 hectáreas y la otra, de 7- por US$ 14.000.000.

En ese documento, el comprador se comprometió a abonar US$ 1.400.000 de seña y US$ 12.600.000 a través de transferencias bancarias. El escribano Pittaluga Shaw ofició de intermediario del pago de la seña. Recibió tres transferencias a su cuenta bancaria Nº500060200 del Banco Santander de Montevideo desde la cuenta en el HSBC (Estados Unidos) de la Administradora de Fondos de Inversión Sur S.A. (Afisur) por US$399.617,68, US$399.618,01 y US$599.441,68.

El campo no estaba destinado a estar a nombre de sus verdaderos dueños y por eso se adquirió la sociedad Traline. Una vez completado el pago, Pérez Gadín y Chueco se abocaron a la escrituración mediante otra sociedad.

El proceso de adquisición de la estancia “El Entrevero” fue iniciado en diciembre de 2010 y culminado en agosto de 2011, y se realizó mediante la canalización de dinero de procedencia ilícita a través de mecanismos financieros y bancarios -liquidación de títulos, transferencias desde bancos europeos, letras de cambio- por US$ 14 millones, disfrazado de inversión para desarrollar un mega proyecto inmobiliario y valiéndose de las empresas -Traline SA y Jumey SA- “para ocultar al verdadero dueño de los fondos y, así, brindarle a esa inyección de dinero apariencia de licitud”, dijeron el juez Sebastián Casanello, que procesó a los imputados, y el fiscal Guillermo Marijuan.

En otro hecho de lavado, los imputados están acusados de comprar por US$ 320.000 un terreno en el faro de José Ignacio, con las mismas sociedades, y un departamento en la avenida del Libertador. Allí actuó como intermediario un monotributista que pagó US$ 800.000 por el inmueble que compró junto con BMW descapotable. Luego vendió el inmueble en US$ 1.350.000. El juez Casanello entendió que el origen del dinero con que se compró el departamento era ilícito.

El fiscal Marijuan concluyó que los acusados son Báez, Pérez Gadín, Chueco, Fariña, Carradori y Goff Dávila. Y dijo que “se encuentra probada la habitualidad referida (en el delito), ya que no solo la cantidad de sucesos en los que han intervenido y que pudieron tenerse por probados es significativa, sino que el mantenimiento de esta actividad ilícita prolongada en el tiempo así lo indica. Repárese que la mayoría de los nombrados fueron quienes organizaron la estructura para blanquear dinero que hoy está siendo objeto de debate en instancia oral”.

Por Hernán Cappiello, LA NACIÓN (GDA)