EFE, AFP
El partido político opositor de Venezuela Primero Justicia (PJ) acordó ayer sábado “reforzar las denuncias” ante instancias internacionales, sin precisar cuáles, ante “la privación de libertad y judicialización sistemática como parte del terrorismo de Estado”.

A través de X, dijo que el “terrorismo de Estado” es “aplicado” por el presidente Nicolás Maduro contra “todos los que asumieron hacer respetar los resultados del 28 de julio”, cuando se celebraron las elecciones presidenciales.

Tras estos comicios, la mayor coalición opositora denunció como “fraudulento” el resultado oficial de las presidenciales, que dio la reelección a Maduro, mientras que el bloque asegura que su abanderado, Edmundo González Urrutia, es el ganador de esta contienda, lo que desató una crisis que derivó en protestas, en las que fueron detenidas más de 2.400 personas, según el Ejecutivo.

PJ asumió el “compromiso por realizar todos los esfuerzos para lograr la liberación de todos los presos políticos así como el acompañamiento de los familiares de las víctimas que hoy sufren esta lamentable injusticia”. Asimismo, reiteró su rechazo “la persecución y represión” contra “dirigentes y militantes”, entre ellos el alcalde de Maracaibo (oeste, fronterizo con Colombia), Rafael Ramírez Colina, y Pedro Guanipa, director de la Alcaldía de esta ciudad, ambos detenidos.

Ramírez Colina y Guanipa son dos de los 154 políticos opositores que, según el partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, fueron detenidos en el país, entre los que se encuentran dirigentes nacionales y personas que ocupaban cargos de elección popular cuando fueron arrestados, casi todos aprehendidos en las semanas anteriores y posteriores a las presidenciales.

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El alcalde opositor Ramírez Colina -apresado el martes-, fue “privado de sus defensores”, denunció ayer su esposa, Vanessa Linares De Ramírez, quien dijo que se ratificó “privación de libertad” contra el antichavista en una audiencia en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). “Hasta el momento, hemos recibido la noticia de que se ha llevado a cabo una audiencia en la sede del Sebin en Maracaibo, donde, de forma ilegal, se ha decretado la privación de libertad del alcalde Rafael Ramírez junto con otros detenidos”, dijo a través de X, sin especificar el nombre de los demás apresados.

Asimismo, afirmó que impedir el acceso a una defensa privada es “contrario al debido proceso y al legítimo derecho a la defensa” establecidos en la Constitución y las leyes, al tiempo que afirmó que “nuevamente” se demuestra que se “trata de un hecho de persecución política”. Agregó que “nadie” ha podido ver al alcalde y no se sabe en “qué condición se encuentra”.

Ramírez Colina es acusado por la Fiscalía de “graves hechos irregulares” relacionados con corrupción, mientras que el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, señala al opositor de entregar a “partidos políticos de la extrema derecha” recursos obtenidos a través de la recaudación de impuestos.

La oposición dice que todo ha sido “inventado por el régimen” y denuncia el caso ante la comunidad internacional

En Venezuela se registraron 26 “violaciones a la libertad de expresión” en septiembre, 75 menos que en agosto, cuando se documentaron 101, según datos difundidos por la ONG Espacio Público. A través de una nota de prensa, la ONG indicó que registraron siete actos de censura, seis de hostigamiento verbal, seis restricciones administrativas, cuatro de intimidación, dos hostigamientos judiciales y una amenaza. “Entre las 17 víctimas, contabilizamos seis periodistas o reporteros, cuatro medios de comunicación y cuatro páginas o plataformas web”, añadió.

“Este patrón confirma que se mantiene la política oficial de ataques a la libre expresión y la inacción por parte de organismos estatales para evitar esta y otras violaciones a los derechos humanos”, indicó Espacio Público.

La ONG recordó que a principios de septiembre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “hostigó” a varios medios digitales nacionales durante una alocución de su programa de televisión semanal.

Igualmente, la organización documentó el anuncio de cierre de una emisora de radio en el estado Falcón (noroeste), por “órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)”, tras 25 años de transmisiones. El pasado 26 de junio, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció que un total de 405 medios de comunicación han cerrado en Venezuela en las últimas dos décadas, como parte de una política de Estado contra el periodismo.

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