LA HABANA

El movimiento opositor en Cuba está decidido a no acatar la prohibición de una marcha convocada para el 15 de noviembre en La Habana, en un claro desafío al régimen comunista. Yunior García Aguilera, líder del grupo Archipiélago, declaró ayer miércoles que “nuestra decisión es que vamos a marchar (…) y los que quieran que se sumen”.

La convocatoria para la marcha, lanzada en septiembre, apela al artículo 56 de la nueva Constitución cubana que reconoce el derecho a manifestación. “Nos dijeron que no van a respetar ese derecho a pesar de que sea un derecho humano y a pesar de que esté en la Constitución, nos han dicho que es ilícita nuestra solicitud”, declaró García Aguilera al salir de una reunión con autoridades.

“El 15 de noviembre nuestra decisión será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos”, anunció por su parte en Facebook el grupo Archipiélago. “Frente al autoritarismo responderemos con civismo y más civismo”, agregó este grupo unas horas después de recibir la notificación de que la marcha estaba prohibida.

El régimen negó el martes el permiso para realizar la marcha al calificarla de “ilícita” y argumentó que la solicitud de Archipiélago es “una provocación” como parte de la estrategia de “cambio de régimen” para Cuba “ensayada en otros países”.

García Aguilera, un joven dramaturgo, respondió que los miembros de Archipiélago no han podido reunirse para emitir una declaración conjunta, pero reafirmó la decisión de marchar el 15 de noviembre.

Este activista, uno de los arrestados el 11 de julio cuando estallaron las masivas protestas antigubernamentales, aseguró que le han cortado los servicios de Internet y telefonía fija en su casa en un intento de silenciar sus reivindicaciones.

La propia plataforma denunció en su cuenta en Twitter la detención de su moderadora Daniela Rojo, la cruzada en la prensa estatal contra García Aguilera y mensajes filtrados que circulan en Internet para evitar que se sumen más personas a la convocatoria.

Un editorial del periódico estatal Granma, que acusa a los opositores de servir a los intereses de Estados Unidos, encendió ayer miércoles la polémica en las redes sociales entre usuarios a favor y en contra de la marcha que pretendía reunir a 5.000 personas en La Habana y debía replicarse en otras ciudades del país.

“Si es pacífica se debe permitir, todos somos cubanos. Debemos respetarnos aunque no pensemos igual”, se lee en una de las pocas opiniones a favor de la iniciativa en la versión web del diario oficialista, donde se filtran los comentarios antes de su publicación.

Otros, en tanto, repiten el discurso oficial que considera como “ilícita” la movilización convocada para condenar la violencia y reclamar el respeto de los derechos ciudadanos y la liberación de presos políticos.

La marcha se ha convocado en un escenario difícil en Cuba que atraviesa una fuerte crisis económica reflejada en largas colas para comprar alimentos y productos básicos, aumento de la inflación y apagones. En el editorial de Granma, las autoridades vinculan a los promotores de la marcha pacífica opositora con “cabecillas contrarrevolucionarios” de instituciones y congresistas del vecino país (Estados Unidos) que buscan un “cambio de régimen” y una “intervención militar”.

“El imperio pone dinero y expectativas en los anexionistas formados por ellos, quienes bajo la falsa bandera del pacifismo buscan provocar nuevos disturbios, generar caos e inducir la desestabilización del país”, asegura Granma, el órgano del Partido Comunista de Cuba.

El rotativo mencionó “entre los más fervientes partidarios” de lo que considera una “provocación” a congresistas como Marco Rubio, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar.

En el artículo titulado “La razón es nuestro escudo” añade que los activistas “han reconocido abiertamente recibir financiamiento de la National Endowment for Democracy (NED), una tapadera del Gobierno estadounidense”, algo que niegan García Aguilera y los activistas del grupo Archipiélago.

En Cuba los derechos a manifestación raramente se contemplan fuera de las instituciones estatales y nunca se ha autorizado un acto opositor al régimen comunista.

El pasado 11 de julio miles de personas salieron a las calles de forma espontánea en las mayores protestas antigubernamentales en seis décadas en Cuba, que se saldaron con centenares de detenidos (más de un millar, según activistas) y condenas de cárcel.

La respuesta del régimen recibió críticas de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como la Unión Europea y Estados Unidos, al considerar que se produjeron arrestos arbitrarios y procesos penales sin las garantías legales adecuadas para los detenidos, entre otras irregularidades.

El vocero del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, rechazó la prohibición de la marcha y pidió al régimen cubano respetar los derechos fundamentales.

“Es la libertad de expresión, es la libertad de reunirse pacíficamente lo que el gobierno cubano le ha negado a su pueblo”, dijo Price a periodistas en Washington. “Llamamos al gobierno en La Habana a respetar las libertades fundamentales y los derechos fundamentales del pueblo cubano”. (Con información de AFP y EFE).

La embajada de Estados Unidos en Colombia está investigando varios casos del llamado “síndrome de La Habana”, como se conocen los extraños ataques contra diplomáticos estadounidenses en varios países del mundo, informó el diario Wall Street Journal.

La revelación llega pocos días antes de la visita a Colombia por parte del secretario de Estado, Antony Blinken.

El “síndrome de La Habana” provoca síntomas similares a los de lesiones cerebrales, mareos, dolores de cabeza y falta de capacidad de concentración.

Blinken tiene previsto realizar su primera visita a Colombia el 20 de octubre, para participar del Diálogo de Alto Nivel entre los dos países.

La pasada semana el presidente Joe Biden promulgó la “Ley de La Habana”, que establece que el Gobierno de Estados Unidos tiene la obligación de ayudar a quienes han sufrido esos misteriosos “ataques”.

Más de 200 diplomáticos estadounidenses destinados a diferentes países han padecido el llamado “síndrome de La Habana”, de acuerdo con el citado diario.

El origen y el responsable de estos misteriosos “ataques” aún se desconoce, aunque algunos expertos apuntan a que podría haberse usado energía de radiofrecuencia para perpetrarlos.

Además de en Cuba, donde se detectaron los primeros casos en 2016 y 2017, ha habido incidentes similares en China, Austria, Alemania e incluso en Washington; y en septiembre, el Gobierno estadounidense empezó a investigar otro suceso similar que afectó a un asesor del director de la CIA, Bill Burns, durante un viaje a la India.