REPRESIÓN POLÍTICA

Sobre un pedestal de tres metros, un Pedro Joaquín Chamorro de piedra mira Managua a través de sus gafas, con la frente en alto. Hoy, tres de los hijos del periodista mártir de la dictadura somocista están presos o exiliados, como cientos de opositores nicaragüenses.

La mayoría huyó en medio de una ofensiva que ha encarcelado desde junio a 39 opositores, entre ellos siete aspirantes presidenciales que buscaban unirse para enfrentar al régimen Daniel Ortega, quien, tras 14 años en el poder, busca su cuarto mandato consecutivo en las elecciones de mañana domingo, sin contrapesos.

De esos aspirantes la favorita era la periodista Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios (1990-1997) y de Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978 por el dictador Anastasio Somoza y cuya estatua inauguró en 2013 el gobierno de Ortega.

Cristiana está bajo arresto domiciliario y sus hermanos Pedro Joaquín preso y Carlos Fernando exiliado en Costa Rica. Ellos, como otros opositores, son acusados de “lavado de dinero”, de lesionar la soberanía del país o de “traición a la patria”, bajo leyes adoptadas hace unos meses por el régimen.

“Con políticos, líderes empresariales, sandinistas disidentes y periodistas entre los detenidos, los grupos de oposición están en completo caos”, afirmó un análisis de la ONG Crisis Group.

La arremetida incluyó el allanamiento de viviendas, la cancelación de tres partidos políticos (Alianza Ciudadanos por la Libertad, CxL), el Partido de Restauración Democrática (PRD) y el Partido Conservador (PC) así como de organizaciones civiles, excluyendo a la oposición de los comicios.

“Fue mortal. Descabezó a la dirigencia y a cualquiera que levantara la cabeza. Todo el mundo está afuera, los que nos hemos quedado tenemos una sensación de soledad”, afirmó a la AFP la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez.

Para Ortega, que gobierna desde 2007, los opositores presos “no son políticos”, sino “criminales”.

Según una encuesta de Cid-Gallup -criticada por el régimen-, el 65% de la población habría votado por un candidato opositor y un 19% por Ortega.

El abanico opositor incluye a políticos de derecha, disidentes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), estudiantes que encabezaron las protestas contra de 2018, familiares de más 300 nicaragüenses que murieron durante la represión ese año y de los presos, grupos feministas y parte del movimiento campesino.

Estaban organizados en los movimientos Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), el bloque de la Coalición Nacional y la Alianza por la Justicia y la Democracia que se formó incluso con empresarios para dialogar con el gobierno en 2018.

Pero la formación de un bloque común fracasó por intrigas internas e intereses distintos, quedando como opción a los opositores participar en los comicios bajo las banderas del CxL, el PRD y el PC que ofrecieron representarlos.

Tras ser ilegalizadas esas tres agrupaciones, solo quedaron habilitados cinco candidatos presidenciales de partidos derechistas que son desconocidos por la población y tildados de colaboracionistas con el oficialismo, pues han votado como aliados en el parlamento.

Según la Comisión de Derechos Humanos (CIDH), más de 100.000 nicaragüenses emigraron desde las protestas del 2018. (Con información de AFP)

Biden apronta fuerte paquete de sanciones

El presidente estadounidense, Joe Biden, firmará la llamada ley Renacer, por la que su Gobierno se compromete a ampliar las sanciones a Nicaragua, después de las elecciones de este domingo.

Así lo confirmó ayer viernes un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato y que recalcó que habrá un “amplio rechazo internacional a las elecciones fraudulentas” en Nicaragua, con sanciones coordinadas entre Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE).

“El presidente (Biden) emitirá un comunicado probablemente el domingo, y después firmará la ley Renacer que ha aprobado el Congreso”, dijo el funcionario en una rueda de prensa telefónica con un reducido grupo de medios.

Preguntado por qué Biden no firma la legislación antes de las elecciones en lugar de después, el funcionario respondió que es “importante que (la Casa Blanca) no haga nada que distraiga de lo que va a ser un claro abuso de poder” en Nicaragua.

“La firma de una ley no va a cambiar lo que ya han hecho (el presidente Daniel Ortega y su régimen), que es robar las elecciones”, afirmó la fuente.

La legislación Renacer (siglas en inglés de Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua) amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Nicaragua. Asimismo, aboga por la imposición de sanciones selectivas a responsables nicaragüenses y que estas se coordinen con el Gobierno de Canadá y la UE, además de pedir que se revise la participación continua de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA). Preguntado por ese último punto, el funcionario no quiso entrar en “los criterios legales sobre si se puede expulsar a un país” de CAFTA, y subrayó que el Gobierno de Biden quiere asegurarse de que sus sanciones “no castigan al pueblo nicaragüense”, sino a Ortega.

La ley Renacer sirve, además, para agregar a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visados estadounidenses relacionadas con la corrupción. Otros puntos de la medida están centrados en los lazos entre Rusia y Nicaragua.