ESTRASBURGO | La responsabilidad por la muerte de 63 inmigrantes clandestinos -que perecieron por hambre, sed y frío en una barcaza a la deriva en el Mediterráneo, en marzo del año pasado- recae sobre la Alianza Atlántica, varios países europeos y ante todo Italia, según un informe aprobado ayer por el Consejo de Europa.
La asamblea parlamentaria del Consejo -compuesta por 318 representantes de los 47 estados miembros- le dio el visto bueno a un informe preparado por la legisladora holandesa Tineke Strinke, que definió el episodio "una día negro para el honor de Europa".
Todo comenzó en Trípoli, la capital libia -sometida en entonces a un bloqueo naval coordinado por la OTAN, en apoyo a la lucha de los insurrectos contra el régimen de Muamar Gadafi- donde un grupo de 72 subsaharianos, entre los cuales 20 mujeres y dos bebés, fueron embarcados a la fuerza por las milicias gubernamentales en una embarcación.
Los africanos querían llegar a la isla italiana de Lampedusa, al sur de Sicilia, para ingresar clandestinamente a la Unión Europea, pero la barcaza en que fueron embarcados fue conducida por contrabandistas, que se apoderaron de esta. Luego de 18 horas de navegación, a causa de un problema mecánico la embarcación se fue a la deriva. Durante 16 días, los clandestinos derivaron en alta mar, en una trágica travesía en la que sobrevivieron solo 11 de sus pasajeros.
Los clandestinos sobrevivientes contaron que durante su viaje entraron en contacto con un helicóptero militar y un buque de guerra, y lograron enviar un mensaje de auxilio a la guardia costera italiana, pero no recibieron ningún socorro.
Strinke sostuvo que en este caso "estamos frente a un verdadero catálogo de fracasos y responsabilidades colectivas", tras haber reconstruido la agonía de los inmigrantes que cruzaron naves de Italia, España, Francia, Chipre y la OTAN sin que nadie se molestara en ayudarlos.
El Consejo de Europea -que no tiene capacidad ejecutiva, y puede solo aconsejar a los gobiernos de los Estados miembros- discutirá el contenido del informe el próximo 24 de abril. ANSA