LA CRISIS DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA

El rey Felipe VI acordó directamente en una reunión con su padre Juan Carlos la salida de este de España, después de que, a través de intermediarios, no se pusieran de acuerdo sobre la forma de evitar que el escándalo en torno a las cuentas en paraísos fiscales del rey emérito dañase a la monarquía, informó ayer miércoles el diario El País de Madrid. El Gobierno del socialista Pedro Sánchez estuvo al corriente de las conversaciones, pero la decisión última fue de Felipe VI, como subrayó este martes el propio presidente español.

Juan Carlos abandonó el domingo La Zarzuela y cruzó el lunes la frontera de España con Portugal, aunque este país puede no ser su residencia definitiva. El diario madrileño reconstruyó el itinerario del rey emérito. Salió el domingo del palacio de La Zarzuela, su hogar durante los últimos 58 años, y se dirigió a la localidad pontevedresa de Sanxenxo, donde pernoctó en casa de su amigo Pedro Campos. A la mañana siguiente, cruzó la frontera con Portugal, pocas horas antes de que La Zarzuela anunciara, mediante un comunicado oficial, su salida de España. Aunque algunos medios aseguraron que en Oporto tomó un avión con destino a la República Dominicana, distintas fuentes confirmaron a El País de Madrid que el padre del rey Felipe no viajó a la isla caribeña.

Ese fue el desenlace hasta ahora de una decisión madurada durante semanas, fruto de unas conversaciones a tres bandas (con representantes de la Casa del Rey, de Juan Carlos y del Gobierno) en las que se analizaron todas las alternativas posibles para minimizar el daño a la monarquía de la investigación abierta por los fiscales suizos y españoles sobre las cuentas opacas del rey emérito. “No había solución buena, sino menos mala”, informó una fuente al diario madrileño.

Para Juan Carlos, la línea roja fue conservar el título honorífico y vitalicio de rey, que se le concedió por real decreto en junio de 2014, pocos días antes de su abdicación. Para Felipe, el objetivo era que la solución fuera aceptada voluntariamente por su padre y que no se tratara de una imposición externa, informó El País de Madrid.

Juan Carlos, según las mismas fuentes, buscaba a toda costa recuperar su imagen pública, gravemente dañada por el goteo de informaciones sobre su relación con la alemana Corinna Larsen, y llegó a plantear incluso la renuncia a su inmunidad constitucional, lo que se descartó por jurídicamente inviable.

También se debatió la posibilidad de que realizara una regularización fiscal de su patrimonio personal. Se trataba de ir más allá de lo que obliga la ley, que fija en cinco años la prescripción de los delitos fiscales. El problema, según las fuentes consultadas por El País de Madrid, era que la cantidad a pagar (más de 60 millones de euros, si afloraba la donación del rey saudí) estaba fuera de las posibilidades actuales del rey emérito. Y no había garantías de que, tras realizar una completa confesión tributaria, Corinna Larsen no le acusara de ocultar alguna propiedad a nombre de terceros.

La salida consensuada entre padre e hijo, y aceptada por La Moncloa -sede del Ejecutivo español-, fue la ida al extranjero de Juan Carlos. A partir de ese momento, explican las fuentes, hubo que analizar a qué país iría a vivir y cómo se mantendría en el futuro.

Felipe VI le retiró en marzo pasado la retribución anual de casi 200.000 euros que recibía del Estado, por lo que Juan Carlos ha tenido que echar mano de sus ahorros, según fuentes de su entorno, y de la generosidad de sus amigos, que en algún caso no ha sido tan espléndida como podría esperarse, indica el diario.

La elección del país donde residirá no fue menos difícil, pues hubo que descartar varios de los destinos preferidos del rey emérito. Finalmente, partió hacia Portugal, aunque eso no significa que se instale allí definitivamente.

Respecto a la presentación de la noticia, se optó por una carta de Juan Carlos a su hijo, que la Casa del Rey hizo pública a través de un comunicado junto al “sentido respeto y agradecimiento” de Felipe. En cambio, se prefirió que fuera el abogado del rey emérito, Javier Sánchez-Junco, quien hiciera público su compromiso de estar a disposición permanente de los fiscales que investigan su caso. Se trataba de no mezclar de ninguna manera a la Casa del Rey con los problemas judiciales que pueda tener Juan Carlos.

Las fuentes consultadas por El País de Madrid no tienen ninguna duda de que el rey emérito acudirá ante los tribunales si es requerido. De no hacerlo causaría un daño irreparable a la institución, que ha avalado públicamente su salida de España, dice el diario.

Consensuada la decisión y la forma de presentarla, se trataba de elegir el momento. Y fue Felipe quien decidió esperar a completar la gira que, junto a la reina Letizia, inició tras levantarse el estado de alarma por las 17 comunidades autónomas y concluyó la semana pasada.

Aunque todo se acordó, siempre caben interpretaciones. El rey emérito ha contado a varias personas que su marcha es temporal (“un paréntesis, no unas vacaciones”, le dijo al columnista Alfonso Ussía, según aseguró este el martes) y que volverá pronto. En el Gobierno, no creen que sea tan fácil. (En base a El País de Madrid)