EFE
El Parlamento surcoreano destituyó ayer viernes a Han Duck-soo, primer ministro y presidente interino, lo que agrava el caos político desatado tras la declaración de la ley marcial a principios de mes y depara un panorama de incertidumbre institucional sin precedentes en la historia democrática del país.

Han fue presidente en funciones apenas dos semanas, ya que heredó la responsabilidad del presidente Yoon Suk-yeol, destituido por el hemiciclo el 14 de diciembre por su sorpresiva y pobremente fundamentada decisión de declarar el estado de excepción 11 días antes.

El insólito escenario de destitución que llevó a que, ayer, el ministro de Finanzas y viceprimer ministro, Choi Sang-mok, asumiera el cargo.

La oposición ha dicho que seguirá presionando a quien ocupe la presidencia para que autorice renovar el Tribunal Constitucional e investigaciones especiales contra Yoon y la primera dama -algo a lo que se niegan Ejecutivo y partido gobernante- y que seguirá presentando mociones de destitución hasta conseguirlo.

Existe pues la posibilidad de que Choi dure menos que Han si en los próximos días no da su brazo a torcer ante la exigencias de la principal formación opositora, el liberal Partido Democrático (PD).

De este modo, los próximos candidatos a ocupar la presidencia interina son, respectivamente, el ministro de Educación, Lee Ju-ho, el de Ciencia, Yoo Sang-im, y el canciller, Cho Tae-yul.

Al presentar el jueves la moción para destituir a Han, el PD dio cinco motivos, entre ellos que, como primer ministro, pudo ser cómplice en la declaración de la ley marcial y también que maniobró junto al exlíder de la formación gobernante, el conservador Partido del Poder Popular (PPP), para que, en vez de ser destituido, Yoon dimitiera en unos meses, limitando así el daño electoral para el PPP.

La afrenta definitiva para el PD tuvo lugar esta semana, cuando Han se negó a aprobar dos mociones para iniciar sendas pesquisas especiales -para investigar a Yoon a cuenta del estado de excepción y a su esposa por supuesta corrupción- y a ratificar los nombramientos de tres nuevos jueces para el Constitucional.

Han y el PPP argumentaron que ambas decisiones debían requerir consenso por parte de ambos partidos en la Asamblea Nacional (Parlamento), donde el PD tiene mayoría, para poder dar su aval.

Muchos expertos alertan del peligro que supone esta parálisis institucional ante los retos económicos y diplomáticos que el país encara en 2025. Por un lado, la ley marcial ya ha dejado notar sus efectos sobre el won (que cotiza en su mínimo con el dólar desde 2008), la Bolsa de Seúl o las perspectivas de inversión foránea y crecimiento.

A eso se suma el que pronto toma posesión como presidente de EE.UU. Donald Trump, que tiene a Corea del Sur en el punto de mira al considerar que no paga suficiente por la presencia de tropas estadounidenses y por su superávit comercial con la primera economía mundial.

No solo la amenaza de aranceles de Trump preocupan en Seúl; también la posibilidad de que apueste por un conflicto comercial abierto con China del que Corea del Sur saldría muy perjudicada por tratarse de sus dos principales socios comerciales.

El Tribunal Constitucional es el campo de batalla entre los dos principales partidos. Está juzgando ya a Yoon por su declaración de la ley marcial y tiene hasta junio para ratificar o no su destitución. De no cubrirse las tres vacantes actuales, que deben ser ratificadas por quienquiera que sea presidente interino, los seis magistrados que integran actualmente el Constitucional deberán de aprobar unánimemente la inhabilitación de Yoon para que ésta se haga efectiva. Así, mientras que el PPP busca dilatar el proceso para cesar a Yoon ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo pueda ratificar una sentencia por violar la ley electoral que pesa sobre el líder liberal, el PD quiere acelerarlo para evitar ese escenario, que lo dejaría descabezado ante unas presidenciales en las que es favorito.