ESTADOS UNIDOS

El parlamento de Oklahomaaprobó ayer jueves una ley que prohíbe el aborto desde la fecundación, convirtiendo a este estado conservador del sur de Estados Unidos en el que tiene las regulaciones más restrictivas para la interrupción voluntaria del embarazo.

La votación se produjo en momentos en que el aborto en Estados Unidos está en debate, tras la filtración de un documento de la Corte Suprema en el que se muestra dispuesta a revocar la decisión de hace 50 años que garantiza ese derecho.

Para entrar en vigor, la ley de Oklahoma ahora debe ser promulgado por el gobernador republicano Kevin Stitt.

Inspirada en una ley aprobada por Texas en septiembre, la nueva norma de Oklahoma abre la puerta a que los ciudadanos presenten demandas contra personas sospechosas de haberse practicado un aborto.

La definición de aborto, según el texto, no incluye sin embargo “el uso, prescripción, suministro o venta de píldoras del día después, o cualquier tipo de anticoncepción o anticoncepción de emergencia”.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, calificó a la votación de Oklahoma como “la última de una serie de ataques flagrantes de legisladores contra las mujeres”.

También instó a los estadounidenses a elegir líderes que defiendan el derecho al aborto “a nivel local, estatal y federal”.

Estados Unidos celebra en noviembre elecciones de medio mandato.

“Esto nunca ha sido más urgente”, tuiteó Harris.

La organización Planned Parenthood, que defiende el derecho al aborto, anunció por su parte que “demandará a Oklahoma”.

Stitt anunció el 3 de mayo que había firmado una ley que ya prohibía el aborto después de las seis semanas de embarazo.

Si bien las encuestas revelan que el aborto cuenta con el apoyo de la mayoría de los estadounidenses, ha sido un tema social muy divisivo desde la decisión “Roe v. Wade” de 1973, que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Si la Corte Suprema deroga este derecho a nivel federal, decisión que debe anunciar antes del 30 de junio, quedará en manos de los 50 estados de la Unión decidir si penalizan o no el aborto.