COLOMBIA

Un proyecto de reforma fiscal en Colombiaechó leña al descontento que explotó en las calles contra el presidente Iván Duque. Y ya van siete días de manifestaciones.

Lo que empezó como una manifestación pacífica en rechazo a una reforma fiscal ya retirada se transformó en protestas contra el gobierno. Según datos oficiales, el saldo es de al menos 19 muertos (tres por disparos), 89 desaparecidos y 846 heridos.

El presidente colombiano, Iván Duque, anunció este domingo el retiro del proyecto de reforma tributaria presentado al Congreso el pasado 15 de abril, que detonó las protestas sociales y desórdenes de los últimos cuatro días en el país.

"Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera", dijo Duque en una declaración en la Casa de Nariño, sede del Gobierno.

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Duque explicó que habló con los diferentes partidos políticos, gremios de la producción y otros sectores de la población y que el nuevo proyecto de reforma fiscal que será presentando al Congreso recogerá las propuestas que salieron de esos diálogos.

En esa dirección indicó que el proyecto incorporará una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente y crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos, entre otros.

"La reforma no es un capricho. La reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales", manifestó.

¿De qué trataba esta reforma? Ampliar la base de contribuyentes, elevar impuestos, reducir exenciones y aumentar el IVA de algunos productos son iniciativas que se debaten con cierto escepticismo en el Congreso.

El gobierno aspira recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 para aliviar el bolsillo de la cuarta economía Latinoamericana, golpeada por la pandemia.

A poco más de un año de terminar su mandato y con la popularidad en rojo (33%), Duque ha enfrentado obstáculos para defender la iniciativa en un Legislativo sin mayorías claras.

"Es una reforma ambiciosa en términos de recaudo", en la que un "gran porcentaje de impuestos (...) recae sobre todo en las personas naturales", dijo a la AFP Carlos Sepúlveda, decano de economía de la Universidad del Rosario.

La clase media sería la más castigada en el llamado a rescatar unas arcas vaciadas por la pandemia, coinciden expertos.

De acuerdo con Sepúlveda, la propuesta busca invertir la fórmula actual, donde "el 70% del impuesto de renta viene de personas jurídicas y 30% de personas naturales".

Así se contempla gravar por primera vez con impuesto sobre la renta a las personas que ganen más del equivalente de 656 dólares mensuales, en un país donde el salario mínimo es de 248. Actualmente ese rubro concierne a quienes reciben ingresos por más de 1.000 dólares mensuales.

El gobierno espera aumentar los impuestos indirectos como el IVA (la gasolina pasaría del 5% al 19%) y gravar los servicios básicos en zonas de clase media-alta, así como los funerales.

La reforma estima también un impuesto a la riqueza para personas naturales, cuando su patrimonio líquido supere los 5.000 millones de pesos (1,3 millones de dólares).

Para Andrés Zambrano, profesor de Economía de la Universidad de Los Andes, este tributo "se queda corto", pues "debería arrancar en un umbral menor, de 3.000 millones (811.000 dólares) y con una tarifa más alta al 1%" estipulado.

En cuanto a las empresas la reforma crearía una sobretasa de 3 puntos porcentuales al impuesto de renta y una tarifa más baja para los negocios pequeños.

Y aunque los ricos contribuyen con altos tributos, "los megaricos pagan una tasa más baja, porque saben usar las exenciones y tienen un ejército de contadores que les ayudan a deducir más impuestos", añade el experto.

Para equilibrar la balanza, el gobierno considera ampliar la base gravable y poder así aumentar su inversión social.

La reforma incluye un capítulo que apunta a prolongar los subsidios mensuales para los hogares más pobres que reciben entre 22 y 100 dólares según el número de integrantes.

Blanco de críticas tanto de aliados políticos como de la oposición, al proyecto le sigue un camino espinoso en el Congreso.

Para Zambrano "el gobierno no tenía otra opción" si quería mantener sus calificaciones crediticias.

Bajo presión, el presidente Iván Duque anunció el viernes que reformularía con el Congreso su propuesta de reforma tributaria, retirando los elementos más polémicos del proyecto, como el aumento del impuesto al IVA para servicios y bienes, así como la ampliación de la base de contribuyentes con impuesto de renta.

Pero las movilizaciones se mantienen de momento con nuevas marchas y concentraciones previstas para el día internacional de los trabajadores y las trabajadoras.

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La reforma, planteada como una forma de aliviar el bolsillo de la cuarta economía latinoamericana, suscitó el rechazo de decenas de miles de personas que salieron a marchar el miércoles, e incluso el partido de gobierno le hizo reparos.

En los días siguientes se mantuvieron las protestas de forma menos concurrida, y este sábado retomaron con mayor intensidad.

"Es increíble que en esta crisis que estamos viviendo, esta violencia que atraviesa el país", un gobierno decida "hacer una reforma tributaria (que) termina empobreciendo más al pueblo", lamentó Julián Naranjo, administrador ambiental, cerca de la central Plaza de Bolívar en Bogotá.

Desde que comenzaron las manifestaciones,la situación más difícil se vive en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y principal ciudad del suroeste de Colombia, donde hay incertidumbre por cuenta de la violencia policial, los disturbios y los bloqueos, que están provocando desabastecimiento de alimentos y combustibles.

Las manifestaciones también han dejado decenas de comercios destruidos y tienen paralizada la vida de Cali.

Las imágenes de largas filas para abastecer combustible y los estantes de alimentos vacíos en algunas plazas de mercado y tiendas tienen en vilo a las autoridades, que buscan una solución a un problema que aún no es crítico pero que crece velozmente.

Los colombianos también salieron a protestar en otras ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Manizales.

En la tarde de martes hubo bloqueos en vías de los departamentos de Cundinamarca (centro), Meta (centro), Quindío (centro-oeste) y Valle del Cauca (suroeste).

También hubo manifestaciones en Bogotá y en Cali, tercera ciudad del país y la más afectada por disturbios.

Al caer la noche, decenas de personas atacaban estaciones de policías en la capital. En Twitter, la secretaría de gobierno reportó 16 CAI "vanzalizados", como se conoce a los puestos de mando.

"Hay una enorme escalada de violencia en la ciudad", advirtió en video el jefe de la cartera, Luis Ernesto Gómez.

Las protestas se tornaron particularmente violentas en Cali, donde en la noche del martes se registraban también disturbios y continuaban los bloqueos.

La capital del Valle del Cauca, de 2,2 millones de habitantes, está militarizada desde el viernes por orden del gobierno. Manifestantes aseguran que la fuerza pública abrió fuego contra civiles.

Según la alcaldía local, el lunes por la noche murieron cinco personas y 33 fueron heridas. La Defensoría del Pueblo (Ombudsman) no ha corroborado estas cifras.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, afirmó que un miembro de la entidad y otras cuatro personas fueron atacados por uniformados mientras asistían a detenidos en Cali.

"Fueron objeto de amenazas por parte de agentes de la policía nacional quienes dispararon en repetidas ocasiones al aire y al piso, tiraron granadas aturdidoras, los maltrataron verbalmente y les exigieron retirarse del lugar", precisó.

En respuesta, el gobierno decidió militarizar la ciudad de Calí (suroeste), capital de 2,2 millones de habitantes del Valle de Cauca, con la llegada de unos 3.000 soldados y policías.

Desde esa urbe, el ministro de Defensa, Diego Molano, denunció que los desmanes fueron orquestados por "organizaciones criminales", entre las que se encuentran disidencias que se apartaron del pacto de paz firmado con la guerrilla FARC en 2016.

ONG's y la oposición han multiplicado denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos cometidos por la fuerza pública en las protestas y disturbios, lo que el gobierno niega.

Iván Duque, dijo este sábado que se apoyará en las Fuerzas Militares para controlar los desmanes ocurridos en varias ciudades del país durante las protestas que tienen como foco principal el descontento por la reforma fiscal presentada por su Gobierno.

Así lo expresó el jefe de Estado en una declaración en la Casa de Nariño, en la que explicó que esa figura de "asistencia militar" se mantendrá hasta que "cesen los hechos de grave alteración del orden público" y que será coordinada con alcaldes y gobernadores.

"La figura de asistencia militar seguirá vigente en los centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos y donde se requiere emplear toda la capacidad del Estado para proteger a la población, está consagrada en la Constitución y la ley, y se mantendrá", dijo Duque.

La declaración del gobernante colombiano tuvo lugar poco después de que se registraran nuevos episodios de violencia y desórdenes en Bogotá, Cali y otras ciudades de Colombia en el cuarto día de protestas contra la reforma fiscal del Gobierno.

En su declaración, Duque aseguró que hoy se vieron manifestaciones en diferentes lugares del país que dejan ver que las personas se pueden movilizar y expresar libremente.

Sin embargo, advirtió que no permitirá que las "vías de hecho, la destrucción de bienes públicos y privados o el mensaje de odio tengan cabida en nuestro país".

"Mi obligación como presidente de la república es garantizar el derecho a la protesta pacífica, pero sobre todo garantizar la seguridad de nuestros conciudadanos", dijo el mandatario.

Sin embargo, el presidente no hizo una sola mención a la reforma tributaria que está en el origen de las protestas y que desde distintos sectores le piden que retire del Congreso no tiene posibilidad de ser aprobada.

"Nada justifica que haya personas armadas que, amparadas en el deseo legítimo de la ciudadanía de hacer marchas cívicas, salgan a disparar a ciudadanos indefensos y a agredir cruelmente a nuestros policías", declaró el mandatario el martes, a siete días de iniciadas las protestas. 

Un alto comisionado de la ONU indicó que desde que los incidentes comenzaran el pasado 28 de abril ha recibido noticias de al menos 14 muertes, sin contar con los de la pasada noche en Cali, mientras que la Defensoría del Pueblo colombiana eleva la cifra a 19 fallecidos.

Aunque la mayoría de las muertes se han producido en Cali, la oficina de Naciones Unidas ha recibido también noticias de decesos en Yumbo, otra localidad del departamento del Valle del Cauca, así como en otras zonas del país tales como Ibagué, Tolima, Pereira, Risaralda, Soacha o Cundinamarca.

Según el informe de la Defensoría, 19 personas han muerto durante las manifestaciones, 18 civiles y un policía, y actualmente está evaluando y clasificando 140 denuncias que incluyen información sobre fallecidos, desaparecidos, abuso policial y lesionados.

Sin embargo, organizaciones sociales han divulgado informes según los cuales el número de víctimas es incluso mayor que el de la Defensoría.
La ONG Temblores, que documenta violencia policial, informó que desde el 28 de abril hasta hoy contabiliza "26 personas víctimas de violencia homicida por parte de la Policía".

Además reportó "142 víctimas violencia física", 761 detenciones arbitrarias, 17 víctimas de "agresión en sus ojos", nueve víctimas de violencia sexual y "56 denuncias por desapariciones en el contexto de la movilización".

La renuncia del ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, marcó ayer lunes la sexta jornada de protestas contra la ya retirada reforma tributaria del Gobierno, en las que, según la Defensoría del Pueblo, han muerto al menos 19 personas y unas 800 personas han resultado heridas.

Carrasquilla, que estaba en el cargo desde el 7 de agosto de 2018 cuando comenzó el mandato del presidente Iván Duque, se convirtió en el villano de la actual crisis por la dureza del fracasado proyecto de reforma fiscal, que fue la chispa que encendió el fuego de las manifestaciones la semana pasada.

Para reemplazarlo, Duque nombró como nuevo titular de Hacienda al hasta hoy ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, un economista y académico que también acompaña al presidente desde el inicio de su Gobierno.

Aunque el presidente retiró la iniciativa de reforma tributaria y el ministro de Hacienda renunció, las protestas continúan para exigir "mejores condiciones de vida para la ciudadanía", dijo a la AFP Yonny Rojas, líder social en Cali.

"El despliegue de la fuerza pública fue demasiado alto (...), ingresan disparando contra la ciudadanía", añadió.

El ministerio de Defensa desplegó 47.500 uniformados en todo el país.
Solo en Cali hay 700 soldados, 500 hombres de la fuerza antidisturbios (Esmad), 1.800 policías y dos helicópteros adicionales.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, invitó en conferencia de prensa a los manifestantes a grabar "lo que está ocurriendo en la calle" para evitar atropellos, tras ver rechazado su pedido de que la policía deje de usar balas de goma en las protestas.

Duque enfrenta inéditas protestas desde que llegó al poder en 2018.
Sindicatos, indígenas y estudiantes, entre otros sectores inconformes, exigen un cambio de rumbo al mandatario con una popularidad del 33%.

Las protestas recogen además la desesperación provocada por la pandemia de COVID-19, que golpea con fuerza al país de 50 millones de habitantes.

En su peor desempeño en medio siglo, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia se hundió 6,8% en 2020 y el desempleo trepó al 16,8% en marzo. Casi la mitad de la población quedó en la pobreza, según cifras oficiales.

Congresistas opositores colombianos radicaron este martes una propuesta de debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por "violaciones de Derechos Humanos" cometidas por la fuerza pública en las protestas.

"Llevamos seis días asistiendo a las peores escenas de violencia, arbitrariedad, abuso y ultraje de la Policía Nacional y el Esmad (Escuadron Móvil Antidisturbios) contra personas inermes. Abundan las pruebas de estos hechos y hay informes ya, no solamente en instancias nacionales sino también internacionales", expresó el senador izquierdista Iván Cepeda.

El congresista aseguró que las autoridades han cometido crímenes "auspiciados por el Gobierno Nacional y por el presidente" Iván Duque, así como por Molano que "no ha controlado a los miembros de la fuerza pública" y "ha alentado situaciones en los que se han cometido violaciones de derechos humanos".

La proposición, firmada por 18 congresistas, cita además el informe de la ONG Temblores, que señala que en las protestas, iniciadas el 28 de abril, han dejado "31 víctimas de violencia homicida por parte de la Policía", así como 814 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes y 10 casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública.

Igualmente aseguran que Molano, que defiende las actuaciones de la Policía y dice que cumplen con las reglamentaciones de defensa de los DD.HH, "viene liderando las operaciones que han dejado como resultado cientos de heridos y personas muertas en el marco de la protesta social y pacífica".

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunció hoy martes que los cuerpos de seguridad colombianos han ejercido un "excesivo uso de la fuerza" durante la ola de protestas que vive el país, con al menos 19 muertos y 800 heridos, y pidió calma de cara a la convocatoria de manifestaciones para este 5 de mayo.

Responsables de la misión de esa agencia de Naciones Unidas en Cali, una de las ciudades donde se han producido más incidentes violentos, "han sido testigos del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía", destacó en rueda de prensa la portavoz de la oficina Marta Hurtado.

Las fuerzas de seguridad "utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y hubo detenciones, en el contexto de una situación tensa y volátil en la que algunos participantes en las protestas también han sido violentos", añadió la portavoz de la oficina que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet.

"Ante la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados, pedimos calma y recordamos a las autoridades su responsabilidad de proteger los derechos humanos", subrayó la portavoz, de cara al llamamiento general a nuevas manifestaciones este miércoles 5 de mayo.

La oficina se mostró "profundamente alarmada" por los acontecimientos ocurridos la pasada noche en la ciudad de Cali, "en los que la policía abrió fuego contra manifestantes que protestaban por las reformas fiscales, causando varios muertos y heridos".

"Los agentes de seguridad pública deben cumplir los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de controlar las manifestaciones, y las armas de fuego deben ser usadas sólo como último recurso contra una amenaza inminente a la vida o peligro de ser herido gravemente", recordó la portavoz.

La comunidad internacional denunció el martes un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía de Colombia para controlar violentas protestas contra el gobierno que en casi una semana dejan una veintena de muertos y centenares de heridos.

El presidente, Iván Duque, respaldó la acción de los uniformados, a quienes considera víctimas de ataques, mientras que la Unión Europea, Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos levantaron la voz contra abusos policiales.

La administración estadounidense urgió "a la máxima moderación a las fuerzas públicas para evitar más pérdidas de vidas".