INVETIGACIÓN

Una comisión del Congreso de Perúacordó ayer jueves tramitar una imputación de la fiscalía contra el presidente izquierdista Pedro Castillo, a quien investiga por supuesta corrupción y pide separarlo temporalmente del cargo.

Dicha comisión, le otorgó un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que le presente su informe final sobre la denuncia de la fiscal general Patricia Benavides que pide separar temporalmente a Castillo de la presidencia mientras avanzan las indagaciones en su contra.

Esta decisión abre las puertas para el inicio de un proceso de juicio político, que puede culminar en el pleno del Congreso si la Comisión Permanente aprueba el informe.

La tesis de la fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.

Según Castillo, la fiscalía y la oposición de derecha, que controla el Congreso,buscan “un golpe de Estado” atribuyéndole delitos que niega haber cometido. Alega, además, que no puede ser investigado hasta el final del mandato, en julio de 2026.

Precisamente una misión de la OEA visitó Lima esta semana y se reunió con autoridades y opositores para evaluar la situación.

Castillo, en el poder desde julio de 2021, ya ha enfrentado dos intentos de destitución en el Congreso.

La misión de la OEA cerró el martes una visita de dos días a Perú con un llamado “al diálogo a todos los actores políticos” para solucionar la aguda crisis que vive el país andino en medio del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso.

El grupo de trabajo dedicó el último día de su visita a reunirse con representantes de las bancadas del Congreso, organismos de la sociedad civil y de los empresarios y trabajadores, así como de la Iglesia católica.

La misión, que encabeza el exministro de Relaciones Exteriores de Paraguay Eladio Loizaga, comenzó sus actividades oficiales este lunes, cuando sostuvo reuniones con altas autoridades como el presidente Pedro Castillo y los principales representantes del Congreso, el Poder Judicial y la Fiscalía peruana.

Ahora la misión elevará un informe al Consejo Permanente de la OEA. El pasado 20 de octubre, el pleno de la OEA acordó enviar a esta misión a Perú para estudiar la crisis política, después de que el presidente Castillo pidiera al organismo activar la Carta Democrática Interamericana tras considerar que se está presentando una “nueva modalidad de golpe de Estado” en su contra.

También ayer jueves, la Comisión Permanente del Congreso aprobó devolver a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la denuncia contra Castillo por presunta traición a la patria para que la reevalúe después de una resolución del Tribunal Constitucional que ordenó su anulación.

La Comisión Permanente recibió el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre la denuncia constitucional de traición a la patria contra Castillo, que pedía su inhabilitación por cinco años para ocupar cargo público y el inicio de un antejuicio político. Sin embargo, el grupo decidió devolver el informe a la subcomisión para que elabore una nueva evaluación, después de que el Tribunal Constitucional resolvió esta semana anular esa denuncia al aceptar un recurso de hábeas corpus presentado por el jefe de Estado.

Castillo fue denunciado por supuesta traición después de haber declarado que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia.