EL TIEMPO/GDA
La captura de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro Urrego, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito es el mayor golpe recibido por el Gobierno desde el propio Pacto Histórico.

La detención se produjo el mismo día del cierre de inscripciones de los candidatos a las elecciones locales.

Desde que estalló el escándalo en marzo pasado, la imagen del presidente Petro se ha visto afectada y ha caído en descenso, según las encuestas.

Con la captura, las críticas hacia el jefe de Estado se incrementaron, especialmente, por parte de la oposición, que señala que el Presidente “no puede lavarse las manos”.

Hasta ahora, la exesposa de Petro Burgos, Daysuris Vásquez, también capturada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, ha dicho que el presidente Petro desconocía las presuntas acciones delictivas de su hijo. Pero en medio de la campaña política, los adversarios al jefe del Estado han sembrado dudas por esta tesis.

El caso de Nicolás Petro se produce tres semanas después de que también la Fiscalía imputó por varios delitos -entre ellos enriquecimiento ilícito- al excandidato presidencial del uribismo Óscar Iván Zuluaga por recibir pagos de la empresa brasileña Odebrecht en la campaña política de 2014. Aquí tampoco se reportaron esos ingresos a la autoridad electoral.

Ambos casos ponen sobre la mesa el tema de la financiación ilegal de las campañas políticas, un delito que mancha los procesos electorales y levanta nubarrones en el horizonte para las elecciones locales.

Convencer al electorado de que las cosas ahora sí van a cambiar será difícil.

Cuando se conocieron los casos de sus familiares, el mandatario anunció que ponía la suerte de su hijo y de su hermano, Juan Fernando Petro, en manos del ente acusador.

Ahora, reiteró que respetará la marcha del proceso. “Creo que el daño ya estaba hecho y ha sido fuerte”, dice la profesora Yann Basset, de la Universidad del Rosario.

“Es una de las razones por las que el Presidente ha perdido mucho terreno en las encuestas de opinión. Se trata, además, de una situación que se suma a los escándalos de Laura Sarabia y Armando Benedetti. Es muy negativo para el Presidente y su imagen”, afirmó.

“Los efectos de la captura de Nicolás Petro son políticos y electorales”, asegura, por su parte, Jairo Libreros, de la Universidad Externado de Colombia.

“De un lado, la agenda de política pública de la Casa de Nariño resultará afectada. El Pacto Histórico ganó las elecciones con mensajes de transparencia, respeto a las instituciones y cambio en las prácticas políticas. Y la captura por temas de lavado de activos ensombrece la integridad de la campaña de 2022 y deja una mancha de legitimidad que dificultará la gobernabilidad y los esfuerzos del Presidente por crear consensos con los partidos y movimientos políticos para impulsar sus iniciativas legislativas en el Congreso”, asegura.

Esa es una tesis que comparte el analista Diego Arias. “Es innegable que no solo la imagen, sino de alguna manera la propia gobernabilidad del Presidente resultarán lastimadas de forma importante, no obstante la reacción del primer mandatario que ha sido oportuna, humana, consistente y, sobre todo, extiende garantías para el proceso judicial”, dice este experto.

“El escenario más complejo deriva de si en el futuro se llega a establecer el ingreso de dinero ilícito a la campaña presidencial, lo cual sí podría precipitar una crisis política realmente profunda, incluso si fue sin el conocimiento del entonces candidato Gustavo Petro”, agrega Arias.

“En ese escenario habrá que asumir la responsabilidad política en un asunto en que ya no cabe el ‘fue a mis espaldas’ “, añade.

“El futuro de las reformas y la paz que agencia el Gobierno requiere de mucha legitimidad y capital político y este hecho por supuesto que no ayuda”, argumenta el analista.

Mientras que Libreros reflexiona con este planteamiento: “Esta captura (de Nicolás Petro) afectará electoralmente los niveles de aceptación e intención de voto de los candidatos del Pacto Histórico a las corporaciones públicas territoriales, porque pierden las consignas de relevo de las élites políticas tradicionales para gobernar bajo consignas de respeto a las instituciones políticas”.

En efecto, el impacto más sonoro es en la campaña del aspirante a la gobernación del Atlántico, Máximo Noriega, quien también está señalado en los testimonios de Day Vásquez (exesposa de Nicolás Petro) como uno de los beneficiados de los giros de dineros que habrían enviado (el narcotraficante) Santa Lopesierra y Alfonso ‘Turco’ Hilsaca para la campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Petro.

Noriega era la ficha que tenía el Pacto para hacerle frente al clan Char en la región. Sin embargo, aunque el pasado 25 de abril ganó las consultas internas de Colombia Humana, la colectividad se ha negado a darle el aval y la decisión no había cambiado.

En un comunicado contra el Pacto, aseguró que supuestamente había un complot y que su “aval no es un capricho, es un derecho”.

Cabe señalar que es la primera vez que el hijo de un presidente de Colombia es detenido, el caso causó conmoción en el país, justamente meses antes de las elecciones de alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas, entre otros cargos, que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre.