LONDRES | AFP

Un centenar de manifestantes entró por la fuerza en la sede del gobernante Partido Conservador en Londres en una multitudinaria protesta contra la anunciada subida de las matrículas universitarias, sistema que antes no existía. Según decretó el gobierno la semana pasada, estas cuotas aumentarían de US$ 5.300 anuales por alumno a US$ 9.650.

Los jóvenes rompieron ventanales en la planta baja del local y entraron en el vestíbulo del edificio 30 Millibank, ubicado orillas del Támesis, en Westminster. Según la policía, los manifestantes eran 20.000, aunque ellos aseguran que superaron las 50.000 personas.

La policía pareció apabullada por la multitud y no pudo impedir que algunos causaran destrozos y que otros llegaran incluso a la terraza, desde donde lanzaron objetos a la calle. Los manifestantes también hicieron una fogata en el edificio.

Un vocero de la Scotland Yard dio cuenta de que diez personas, entre ellas al menos tres policías, resultaron heridas. Otro portavoz señaló que hubo detenciones, pero no precisó cuántas.

El presidente de la convocante Unión Nacional de Estudiantes (NUS), Aaron Porter, dijo "condenar totalmente la violencia" y se declaró "orgulloso de la participación pacífica de 50.000 estudiantes".

Aunque su cifra difiere con la dada por la policía, se trata igualmente de la mayor protesta hasta la fecha contra el gobierno de coalición formado por conservadores y socialdemócratas que asumió en mayo.

Entre las numerosas pancartas que llevaban los manifestantes podía leerse: "Detengan los recortes en la educación" o "¿9.000 libras? ¡Ni hablar!", en referencia al precio máximo de las matrículas.

"Quería una manifestación pacífica. Quería que llevásemos nuestras voces a la calle", comentó Bernard Goyber, un estudiante de Historia de 19 años.

"El 50% de los estudiantes no puede encontrar trabajo, la mayoría tampoco va a poder pagar" las matrículas, agregó lamentando la falta de consultas previas.

El viceprimer ministro Nick Clegg, que reemplazó a Cameron en la sesión de preguntas al primer ministro, defendió el plan señalando que es "una solución justa y progresista a un problema muy difícil".