En base a O Globo (GDA)/Fernanda Alves
Polémica en Brasil pone en discusión la privatización de playas. La Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) que prevé el fin de la propiedad exclusiva de la unión sobre terrenos navales podría afectar al menos a 521.000 propiedades si avanza en el Senado y es sancionada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). La encuesta fue obtenida y compartida por el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) en agosto pasado.

El tema volvió a discusión este lunes luego de una nueva discusión en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado. El asunto se trasladó luego a las redes sociales. Defendida por los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro después de que Flávio Bolsonaro, relator del caso, diera una opinión favorable al texto, la propuesta es criticada por los ecologistas, que acusan la iniciativa de "privatizar" los espacios costeros.

La última vez que el asunto fue discutido por la CCJ fue en agosto del año pasado. En dicha ocasión, el senador afirmó que “el último relevamiento de la Secretaría de Patrimonio de la Unión estima que hay 521.000 bienes que se encuentran registrados en suelo marino, aparte de los que no están registrados”.

"Un impacto estimado en 10 millones de brasileños que hoy no tienen seguridad jurídica sobre su propiedad", dijo Flávio Bolsonaro.

Foto: AFP.

El artículo trata de los llamados terrenos marinos, que se ubican en las playas y a orillas de ríos y lagunas , además de los espacios que rodean las islas con aguas conectadas con los mares. Actualmente, las áreas pertenecen a la Unión y la propuesta pretende transferir la propiedad a estados y municipios de forma gratuita, abriendo también la posibilidad de transferencia a ocupantes privados previo pago.

La definición de áreas marinas está hoy prevista por el decreto nº 9.760, de 1946, que creó la Línea Media de Alta Agua (LPM), vista como una delimitación del final del área marítima. Como parámetro para definir hasta dónde puede llegar el agua, la norma toma como referencia las mareas máximas del año 1831. A partir de ahí se contabiliza un área de 33 metros desde el mar hacia el continente, denominada marina terrestre. Las ubicaciones no están relacionadas con la Armada de Brasil.

Las propiedades construidas en estos terrenos tienen escrituras, pero los residentes están obligados a pagar un impuesto anual a la Unión sobre el valor del terreno. En el régimen de aforamento, la propiedad del inmueble se comparte entre la Unión y un particular (ciudadano o empresa). Esto se divide en la proporción del 83% del valor del terreno para el ciudadano y el 17% para la Unión. Debido a esta división, los ocupantes de estas propiedades pagan actualmente dos tasas a la Unión.

Los ecologistas afirman que el texto del nuevo proyecto permite la creación de playas privadas, además de promover riesgos para la biodiversidad. Técnicos del gobierno también afirman en privado que la PEC podría permitir la privatización de las playas. Hoy, es el terreno marino el que impide el cierre de playas a entidades privadas. Como esta franja también pertenece a la Unión, no es posible cerrar la zona, ni tampoco los manglares, por ejemplo. Con la extinción del terreno marino, el propietario pasa a ser el único propietario del terreno. De esta manera le es posible cerrar el acceso al mar.

El relator para el asunto es el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), quien está a favor del texto. En su opinión, señala que la Unión aún no ha demarcado todo el terreno marítimo y, además, que muchas casas están inscriptas en un registro civil pero estaban sujetas a demarcación por parte de la Unión, "sorprendiendo a los propietarios".

“No nos parece justo que el ciudadano diligente, de buena fe, que adquirió bienes debidamente registrados y, en ocasiones, ubicados a pocas calles del mar, pierda su propiedad después de varios años por un lento proceso de demarcación. El hecho es que el instituto marítimo terrestre, tal como está regulado actualmente por nuestro ordenamiento jurídico, provoca numerosas inseguridades jurídicas en cuanto a la propiedad de los inmuebles”, argumentó.

Tras la audiencia pública, fue blanco de críticas e incluso afirmó que la acusación de privatización de las zonas costeras era una "noticia falsa".