EFE, AFP
El Gobierno británico de Rishi Sunak consiguió sacar adelante su controvertido plan para enviar a Ruanda a migrantes en situación irregular, después de que el Parlamento diera luz verde a la ley en una sesión maratoniana.

La legislación, pieza central del programa del Gobierno conservador, despeja el camino para que los vuelos con las deportaciones a Ruanda empiecen a despegar en 10 a 12 semanas, según cálculos de las autoridades británicas.

El objetivo de la ley es considerar a Ruanda un país seguro para enviar a los migrantes que han cruzado de manera ilegal el Canal de la Mancha, que separa Francia de Inglaterra, después de que el Tribunal Supremo, máxima instancia judicial británica, considerase el pasado noviembre ilegal el plan inicial.

El denominado Proyecto de Ley sobre la Seguridad de Ruanda (Asilo e Inmigración) superó el trámite parlamentario después de meses de tira y afloja entre las dos cámaras, ya que los lores hicieron numerosas enmiendas que después los diputados rechazaron.

Cuando se produce este tipo de desacuerdos entre comunes y lores -lo que en la jerga parlamentaria se denomina pin pon- es la voluntad de la cámara baja la que prevalece porque es la elegida por los británicos en las urnas.

El lunes, Sunak dio un ultimátum a los lores para que aceptasen la legislación y les había avisado que el Parlamento continuaría toda la noche, sin importar la hora, hasta que fuese aprobada.

Sunak busca que esta ley actúe como herramienta disuasoria a fin de que los migrantes no crucen el Canal de la Mancha y romper el lucrativo negocio de las bandas criminales que cobran a personas desesperadas por llegar a Inglaterra.

Esta ley la promovió el Gobierno británico tras alcanzar un acuerdo con Ruanda.

El Reino Unido ya ha pagado al país africano 240 millones de libras (278 millones de euros) y se ha comprometido con 370 millones de libras (429 millones de euros) durante los próximos cinco años, mientras que recibirá un complemento de 120 millones de libras (139 millones de euros) una vez que hayan llegado a 300 migrantes.

Foto: AFP

Sunak dijo en un comunicado que la ley es “histórica” y supone “un cambio fundamental en la ecuación global sobre migración”.

La aprobación de esta legislación “dejará muy claro que si vienes aquí ilegalmente, no podrás quedarte, agregó.

La portavoz de Interior del Partido Laborista, Yvette Cooper, criticó este plan por tener un precio “exorbitante” y aseguró que si su partido gana las próximas elecciones generales -previstas para este año- presentará un plan alternativo.

Las organizaciones Freedom from Torture, Amnistía Internacional y Liberty criticaron al Gobierno por ignorar las conclusiones del Tribunal Supremo y resaltaron que la legislación supone “una amenaza importante al Estado de derecho” al socavar la protección a las personas del abuso de poder por parte del Estado.

También la ONU pidió a Reino Unido “reconsiderar su plan” de expulsiones de migrantes a Ruanda, porque “crea un peligroso precedente en el mundo”. El Alto Comisionado a los Derechos Humanos, Volker Türk, y su homólogo encargado de los refugiados, Filippo Grandi, pidieron a Reino Unido que, en su lugar, “adopte medidas prácticas para hacer frente a los flujos irregulares de refugiados y migrantes, basadas en la cooperación internacional y el respeto de la legislación internacional sobre derechos humanos”.

Por su parte, el Consejo de Europa llamó también al gobierno británico a reconsiderar la nueva ley. El nuevo Comisario de Derechos Humanos, el irlandés Michael O’Flaherty, manifestó su “preocupación” por el hecho de que el proyecto de ley “permita deportar a personas a Ruanda sin que sus solicitudes de asilo hayan sido examinadas por las autoridades británicas en la mayoría de los casos”.

Según cifras de junio de 2023 divulgadas recientemente por el parlamento británico, hay 215.500 solicitudes de asilo que esperan respuesta. Esa cifra es un récord desde que el Reino Unido empezó a elaborar estas estadísticas en 2011.