EFE, AFP
La Policía Federal de Brasil presentó cargos ayer jueves contra el expresidente Jair Bolsonaro por la supuesta trama golpista que buscó derrocar al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, después de las elecciones de 2022.
La institución denunció a 37 personas, entre ellos varios militares de alto rango, por los delitos de “abolición violenta del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita”.
Bolsonaro, que gobernó entre 2019 y 2022, está entre los señalados por la Policía Federal, así como algunos generales, antiguos ministros y exasesores de su Gobierno.
En la lista está Walter Braga Netto, general de la reserva del Ejército y quien fue ministro de la Presidencia y de Defensa, además de candidato a vicepresidente de Bolsonaro en 2022; y Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina.
La investigación constató la existencia de una trama que actuó “de forma coordinada”, tras las elecciones de 2022, para “intentar mantener” a Bolsonaro en el poder.
Esta misma semana, las autoridades brasileñas detuvieron a cuatro militares y un agente de la Policía Federal acusados de idear un plan para el magnicidio de Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin, y el juez del Supremo, Alexandre de Moraes, instructor de la causa.
El objetivo, según la investigación, era asesinar a Lula y Alckmin, y crear un “comité de crisis” integrado por militares afines a Bolsonaro. Los planes barajaban el envenenamiento como forma de segar la vida de la fórmula que ganó los comicios de 2022.
Uno de los arrestados en esa operación fue el general de la reserva Mario Fernandes, quien figura en la lista de denunciados divulgada ayer.
El informe final de la Policía Federal, que tiene más de 700 páginas, fue enviado a la Corte Suprema. En él se recoge que los investigados “se estructuraron” en diferentes núcleos para llevar a cabo el golpe. Eran grupos con tareas como difundir mentiras, incitar a los militares, buscar salidas jurídicas; ejecutar los planes golpistas y hasta uno de inteligencia.
El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, se encargará ahora de analizar el informe policial y presentar o no ante el Supremo una denuncia formal contra los investigados.
Lula ganó por un estrecho margen las elecciones de octubre de 2022. A partir de ahí ocurrieron una serie de incidentes que intentaron impedir la investidura de Lula el 1 de enero de 2023.
El colofón ocurrió el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de personas invadieron y destrozaron las sedes de la Corte Suprema, el Congreso y la Presidencia.
En su primera reacción, el expresidente acusó al juez De Moraes de actuar fuera de “la ley”. “El magistrado Alexandre de Moraes dirige toda la investigación, ajusta los testimonios, detiene sin cargos, pesca pruebas y cuenta con un equipo de asesores muy creativo. Hace todo lo que la ley no dice”, dijo Bolsonaro en la red social X.
La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, pidió prisión para Bolsonaro.
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