Dirigentes de la oposición argentina presentaron ayer dos denuncias penales contra el presidente Alberto Fernández por el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia que establece que el Gobierno debe entregar a la ciudad de Buenos Aires el 2,95 por ciento de los fondos coparticipables.
El legislador porteño Roberto García Moritán y el abogado Yamil Santoro, ambos dirigentes de Republicanos Unidos, presentaron una de ellas; la otra fue realizada por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y los diputados nacionales de ese partido. Se incrementa así la tensión entre el gobierno de la Ciudad y el de la Nación por la decisión de Fernández de cuestionar el fallo, que cuenta a su vez con el apoyo de 18 gobernadores oficialistas.
En la presentación de Republicanos Unidos a la que accedió La Nación, los dirigentes del partido que preside Ricardo López Murphy cuestionaron la procedencia del recurso que el Gobierno anunció el jueves que presentará para lograr la revocación ‘in extremis’ del fallo dictado por el máximo tribunal del país.
“Queda claro que el anunciado recurso que pretende interponer el Poder Ejecutivo Nacional es una maniobra con la que se pretende cuestionar el criterio jurídico de la Corte, y no subsanar un error material, por lo que resulta a todas luces improcedente, y una mera excusa para intentar justificar torpemente la decisión de incumplir la sentencia”, dijeron.
Según la presentación, el presidente “pretende eludir el cumplimiento de una sentencia que ya es cosa juzgada, atacándola por supuestos defectos que, aún en caso de existir, no justifican los remedios judiciales elegidos”.
Por otro lado, los diputados de la Coalición Cívica y la dirigente Elisa Carrió plantearon en un escrito, presentado ayer viernes, que no es lógico que el Gobierno desconozca y desobedezca el cumplimiento de un fallo adverso a sus pretensiones, dado que aceptaron anteriormente la competencia y la integración de la Corte para intervenir en la controversia entre la Ciudad y la Nación.
También se pronunciaron diversas asociaciones y cámaras empresariales, de comercio e industriales, que emitieron ayer un comunicado en el que señalan que ven “con mucha preocupación” la decisión del gobierno nacional y de un grupo de mandatarios provinciales. Además, afirman que los avances del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial “traen incertidumbre e inestabilidad política, jurídica e institucional”.
Reclamo de la ciudad
Ante el incumplimiento del Gobierno, la ciudad de Buenos Aires presentará el lunes próximo un escrito en la Corte Suprema de Justicia, en el que reclamará que el máximo tribunal intime al Estado Nacional a depositar el 2,95 por ciento de los fondos coparticipables, como dispuso ese tribunal.
Sin embargo, en la Corte prima un clima que llama a quitarle vértigo el asunto, ya que hay precedente de otros casos, como el de la provincia de San Luis, donde se dictaron dos fallos por impuestos coparticipables que empezaron así, con un incumplimiento de parte del Gobierno nacional, y que luego se encauzaron con una ejecución (aunque uno o dos meses más tarde). El Procurador del Tesoro porteño, Gabriel Astarloa, prepara esa presentación para intimar al Banco Nación y al Gobierno nacional.
Pretende que se empiecen a depositar los fondos, como debía haberse hecho -advierten en el Gobierno porteño- desde ayer.
“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que el fallo sea operativo con la mayor brevedad posible, no solo por la cuestión patrimonial que está en juego, sino por las cuestiones de gravedad institucional en juego que son inusitadas” dijo Astarloa a La Nación.
La Ciudad percibe hasta hoy unos 500 millones de pesos diarios por fondos coparticipables, pero con el fallo de la Corte se elevaría esa suma a 1.100 millones de pesos diarios, dijeron fuentes porteñas a La Nación.
El escrito que prepara la Ciudad, y que ingresaría a los tribunales el lunes a primera hora, hace sabe a la Corte el incumplimiento por parte del Estado nacional y propone que se dicten medidas de ejecución forzada de la sentencia.
“Estamos analizando la letra chica en cuanto a solicitar los embargos de las cuentas nacionales”, dijo una fuente del Gobierno porteño.
En la Ciudad incluso contemplan con la posibilidad de pedir la habilitación de la feria judicial de verano, que comienza el jueves próximo, pero en la Corte no estaban tan convencidos de que este se trate de un asunto en los que corresponde levantar la feria.
Trastienda de la pelea por la coparticiáción
“Un presidente no puede desconocer un fallo de la Corte Suprema. Pero puede responder al fallo y apelarlo con un recurso judicial en el marco de la Constitución”, fue la solución jurídica que imperó en el circuito íntimo del presidente Alberto Fernández el pasado jueves, cuando convocó a los gobernadores a la Casa Rosada con motivo del fallo.
Hubo mandatarios que reclamaron iniciar un juicio político contra los ministros de la Corte y otros, directamente, pidieron que el Gobierno desconociera el fallo dictado por el máximo tribunal. Fernández; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; su secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y su vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, replicaron con la propuesta de recusar a los jueces -en lugar del juicio político- y recusar el fallo -en lugar de desconocerlo sin más-. Según pudo reconstruir La Nación, no hubo un primus inter pares, pero hubo gobernadores que expresaron las posturas más duras.
Según señalaron cerca del Presidente, desconocer el fallo, sin hacer nada más, pondría a Fernández en la puerta de Comodoro Py. El camino, alegaron, era el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución dictada por los cortesanos, para que el proceso legal continúe. También subrayaron que las provincias pedirán ser tenidas como parte y se involucrarán en el planteo judicial.
En base a La Nación (GDA)
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