AFP, EFE

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró que no renunciará a su cargo, pese a la creciente presión política que se extiende hasta Lima, la capital, y las manifestaciones que no menguan luego de cinco semanas y 42 muertos.

“Algunas voces que salen de los violentistas y radicales piden mi renuncia, azuzando a la población al caos, desorden y destrozos, a ellos les digo de manera responsable: no voy a renunciar, mi compromiso es con el Perú”, dijo en un mensaje al país transmitido por la televisora estatal.

“No puedo dejar de reiterar mi pesar por las muertes de peruanos en los actos de protestas. Pido perdón por esta situación”, agregó la presidenta.

Perú vivió el viernes una décima jornada consecutiva de protestas -luego de la tregua de fin de año- en la que renunciaron tres ministros y persistían bloqueos de ruta en el sur andino, afectando la turística ciudad de Cusco y el tren a Machu Picchu.

También hubo marchas en Tacna, 1.220 km al sureste de Lima, limítrofe con Chile, país que cerró temporalmente su paso el jueves “debido a las manifestaciones en las cercanías del complejo fronterizo peruano de Santa Rosa”, informaron las autoridades chilenas.

Además de la renuncia de la presidenta, los inconformes reclaman elecciones este año, en lugar de abril de 2024, así como la convocatoria a una Asamblea Constituyente que reclaman desde 2021 los partidos de izquierda y organizaciones campesinas.

A ello se suman la exigencia de justicia y sanción para los responsables de las 42 muertes registradas en enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Además hay 531 heridos -355 civiles y 176 agentes de la policía- y 329 detenidos, según la fiscalía, que abrió una investigación por “genocidio” contra Boluarte. A las voces que exigen la renuncia de la presidenta Boluarte se sumaron gobernadores regionales y varios colegios profesionales del Perú.

“¿Cuántos muertos más va a costar la permanencia de Dina Boluarte en la presidencia? Eso debemos preguntarnos todos los peruanos, de izquierda o derecha. Ningún cargo puede estar encima de la vida humana”, dijo el pasado viernes a la prensa el gobernador de Puno, Richard Hancco.

En el mismo sentido se pronunciaron autoridades de las regiones andinas de Apurímac y Cusco, así como 12 colegios departamentales de abogados y el Colegio Nacional de Profesores.

La parlamentaria opositora Susel Paredes afirmó en una radio que la renuncia de Boluarte “se está madurando” y que la dimisión el pasado jueves del ministro de Trabajo, Eduardo García, “es el principio del fin”, luego que éste se apartara por desacuerdos con la forma en que el gobierno maneja las protestas.

El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols, dijo en Twitter que Washington está “profundamente preocupado por la violencia” en Perú y triste por los heridos y muertos en los disturbios. “Esperamos los compromisos declarados por el gobierno para solucionar los desafíos del país”, añadió.

Por su parte, el jefe de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abogado guatemalteco Stuardo Ralón, exigió investigaciones imparciales ante indicios de que elementos de las Fuerzas Armadas hicieron “uso excesivo de la fuerza” en la represión de las movilizaciones.

Poco después de la declaración de la CIDH el gobierno anunció la renuncia del ministro del Interior, Víctor Rojas, cuestionado por el desempeño de la unidad antimotines de la policía.

Fue reemplazado inmediatamente por el general de la Policía en retiro Vicente Romero en una ceremonia en la que Boluarte también tomó juramento a Nancy Tolentino en la cartera de la Mujer, ante la sorpresiva dimisión de Grecia Rojas, y Luis Alfonso Adrianzén en Trabajo.

El bloqueo de carreteras, en especial en el sur del país, históricamente marginado, se ha extendido a zonas de la selva. Mientras, las protestas alcanzaron la capital.

En Lima, manifestantes exigieron con pancartas el “Cierre del Congreso Ya. Nueva Constitución”, o clamaban “Dina, asesina, renuncia enemiga”, durante una marcha.

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) manifestó ayer sábado, que en Perú lo acusan penalmente para ocultar “crímenes de genocidio” tras conocerse que la Fiscalía peruana admitió una denuncia en su contra por el supuesto delito de “atentar contra la integridad nacional”.

Morales escribió en Twitter que “congresistas procesados por sedición al desconocer el voto del pueblo” están cometiendo “delitos de actos hostiles contra Estado extranjero y tratan de acusarnos penalmente”.

“Todo con tal de tratar de ocultar crímenes de genocidio, tortura y discriminación contra nuestros hermanos peruanos”, escribió Morales. Lamentó que la “transición” en el país “tiene más muertos que días de gobierno”, por lo que pidió el “cese de la represión contra nuestros hermanos indígenas y campesinos”.

El Gobierno de Perú prohibió a Morales y a otros ocho bolivianos el ingreso al país debido a que los acusan de querer entrar con el propósito de “efectuar actividades de índole política proselitista”, lo que afecta la “seguridad nacional del país”.