Por Eva Millán/El País de Madrid
Los disturbios en distintos puntos del Reino Unido como consecuencia de las protestas convocadas por plataformas de extrema derecha ponen a prueba al nuevo Gobierno laborista, que afronta en esta violencia y vandalismo en las calles su primera crisis. Aunque ha anunciado que responderá con dureza a los manifestantes violentos, el Ministerio del Interior ha descartado implicar al ejército en el control de la situación. El fin de semana ha dejado al menos 150 detenidos, según el Consejo Nacional de Jefes de Policía, y decenas de agentes heridos tras enfrentamientos catalizados por el apuñalamiento múltiple la semana pasada en Southport, en el que murieron tres niñas de entre seis y nueve años.

A pesar de que el único imputado por el crimen nació en Gales en una familia de refugiados de Ruanda, las movilizaciones han alentado un discurso antiinmigración, que prendió a partir de la desinformación en la Red y una campaña promovida en canales ultranacionalistas. El primer ministro, Keir Starmer, ha condenado lo que ha calificado de “matonismo de extrema derecha” y ha advertido a quienes han participado en la violencia de que “todo el peso de la ley” caerá sobre ellos. “Lamentarán haber tomado parte en esto”, declaró este domingo en una comparecencia en Downing Street, convocada tras un fin de semana que ha dejado graves altercados en ciudades como Liverpool, Mánchester, Leeds, Hull o Bolton, pero también Belfast.

En algunas áreas, los extremistas se centraron en comunidades con una elevada población musulmana, por lo que el Ministerio del Interior ha habilitado ya una protección adicional para las mezquitas, cuyos líderes tendrán a su disposición un servicio de respuesta rápida por parte de las fuerzas de seguridad.

Este domingo, uno de los incidentes más graves ha tenido lugar en la localidad de Rotherham (en el noreste de Inglaterra), donde uno de los hoteles de la cadena Holiday Inn Express que aloja migrantes en situación irregular centró la hostilidad de varios centenares de manifestantes. Algunos lograron incluso entrar en las instalaciones y un contenedor fue incendiado, por lo que el despliegue de seguridad tuvo que ser reforzado, hasta que el edificio quedó rodeado por agentes antidisturbios.

Bolton fue otro de los focos de mayor tensión de la jornada, debido al riesgo de colisión entre dos facciones: un grupo de musulmanes que coreaban “Allahu Akbar” (“Dios es grande”, en árabe) y un colectivo que portaba banderas inglesas, una enseña habitualmente empleada por las plataformas ultranacionalistas. La policía apenas consiguió mantenerlos separados mediante un cordón que, sin embargo, no logró contener las botellas, piedras y petardos lanzados por los dos bandos. Los altercados tuvieron lugar en plena alerta policial ante la treintena de protestas convocadas, con medidas como el control especial de los desplazamientos en tren, para monitorizar potenciales focos de violencia, así como el escrutinio del contenido online de los canales de extrema derecha.

Adicionalmente, miles de agentes de policía de guardia y tribunales habilitados para lidiar con los efectos de la violencia forman parte de la línea dura que el Ejecutivo quiere proyectar ante un fenómeno disparado por la diseminación de noticias falsas, que mantenían sin fundamento que el autor del ataque del lunes es un ciudadano sirio supuestamente en el radar de los servicios de inteligencia.

La narrativa que vinculaba infundadamente la tragedia de Southport con los efectos de la migración ha calado entre colectivos de extrema derecha, que han instado a tomar parte en las protestas con un discurso de odio contra los extranjeros.

La secretaria de Estado de Seguridad, Diana Johnson, ha confirmado el objetivo de acelerar el control de los disturbios con arrestos y condenas exprés que funcionen como disuasión. No en vano, la carga extra que los altercados se está cobrando entre los diferentes departamentos de policía de todo el país ha reducido dramáticamente el margen de reaccionar ante otros crímenes, como ha advertido ya la Federación de Policía.

Por ello, el Gobierno mantuvo el sábado por la noche una reunión con autoridades judiciales para coordinar una respuesta integrada, que permita, entre otras medidas, la apertura de tribunales prácticamente las 24 horas del día para impedir la saturación de los juzgados. Se trata de una decisión similar a la adoptada en verano de 2011 para hacer frente a los disturbios generados en Londres tras la muerte de un hombre negro a manos de un policía. Por entonces, Keir Starmer, actual primer ministro, era el jefe de la Fiscalía.

En este caso, las convocatorias son el resultado de una activa campaña que ha maximizado el poder de las redes sociales. Pese a la implicación de plataformas como Alternativa Patriótica, las protestas no han sido organizadas por un grupo específico, sino que han contado con la promoción de voces vinculadas con la extrema derecha, apelando a la participación. La policía de Merseyside, el condado donde tuvo lugar el apuñalamiento múltiple, ha identificado públicamente a la Liga de Defensa Inglesa como uno de los motores, pese permanecer inactiva desde que su fundador, Tommy Robinson (alias de Stephen Yaxley-Lennon) decidió centrarse en la Red, donde cuenta con una amplia base de seguidores.

El primer ministro británico, Keir Starmer, prometió este lunes que todo el “peso de la ley” caerá sobre los responsables de la violencia del fin de semana en el Reino Unido. Starmer hizo una declaración al término de una reunión del comité de emergencia Cobra. “Esta no ha sido una protesta, esta ha sido violencia”, afirmó Starmer, y consideró intolerable que se atacasen mezquitas.