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La Fundación por la Paz y el Cambio Climático y Fernando Miguez presentaron este martes en la Justicia una denuncia conjunta contra el expresidente argentino Alberto Fernández para que se averigüe si es que ejerció violencia de género contra su mujer Fabiola Yañez. En paralelo, solicitan que se investigue la conducta del juez Julián Ercolini por “archivar” la causa y no haberse excusado.

La presentación, a la que La Nación tuvo acceso, se realizó exclusivamente en base a la información periodística revelada a partir de la filtración de los chats de la exsecretaria de Fernández en el marco de una causa por tráfico de influencias para que empresarios del seguro se queden con negocios del Estado.

“Esta denuncia (por averiguación de delito de violencia de genero) deberá tramitar en el fuero federal de San Isidro ante lo cual solicitamos su asignación en dicho sorteo”, pidieron en su presentación Miguez y la fundación.

Según pudo constatar La Nación de fuentes con acceso al caso, en el celular de María Cantero, la exsecretaria del expresidente, se encontraron fotos, chats y audios que demostrarían malos tratos de Fernández hacia Yañez.

Las imágenes y mensajes darían cuenta de supuestos golpes del expresidente a quien es su pareja mientras ambos vivían en la Quinta de Olivos. Según las mismas fuentes, en el celular habrían aparecido cuatro fotos que mostrarían a Yañez golpeada.

Por estos mensajes, el juez federal Julián Ercolini, a cargo del caso de los seguros, abrió un expediente reservado, contactó a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte y se comunicó con el abogado Juan Pablo Fioribello, que es defensor de Yañez en otras causas (además de haber asesorado jurídicamente a Fernández).

El abogado se contactó con la exprimera dama para ponerla en conocimiento de los chats encontrados y preguntarle si quería hacer la denuncia. Fioribello relató a La Nación que Yañez ratificó la existencia de los chats y aludió a una discusión de pareja, pero contó que le dijo al juez que no quería hacer una denuncia. Como se trataría de un delito de instancia privada, si la víctima no lo denuncia, la Justicia no puede intervenir.

Foto: La Nación/GDA

Para sortear esto y lograr activar una denuncia contra Fernández, el abogado Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, se para sobre un tratado internacional adoptado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) —conocido como Tratado de Belem do Pará— que busca prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres.

“Este tratado se centra en la violencia contra las mujeres y establece que los Estados partes deben adoptar medidas para asegurar que las mujeres puedan ejercer su derecho a acceder a la justicia en igualdad de condiciones que los hombres”, se indica en la denuncia. “No establece requisitos específicos sobre quién debe presentar la denuncia en casos de violencia contra la mujer”, se añade. Y más adelante en el texto, se infiere: “No es necesario que ella misma presente la denuncia en todos los cascos”.

En paralelo a la denuncia contra Fernández, la demanda cuestiona el accionar de Ercolini. Para Miguez, el juez debió haberse excusado para que la causa tramite en un juzgado de San Isidro, puesto que los hechos de presunta violencia habrían trascurrido en Olivos, en la quinta presidencial.

“Solicitamos que se abra un incidente, a los efectos que se investigue el proceder del magistrado y que se mande al Consejo de la Magistratura para que se determine si hubo o no hubo un acto impropio”, indicó Miguez a La Nación.