AFP, EFE
En Venezuela aumenta la tensión política a partir de la detención de la activista de los derechos humanos Rocío San Miguel, a pocos meses de las prometidas elecciones presidenciales.

A San Miguel, de nacionalidad venezolana y española, el régimen venezolano la acusa de “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”, por estar “vinculada de manera directa” con la supuesta operación “Brazalete blanco” para asesinar al presidente Nicolás Maduro, dijo el fiscal Tarek William Saab.

San Miguel fue detenida el 9 de febrero junto a su hija, que luego quedó en libertad condicional. Su exesposo, el coronel retirado Alejandro José González, también fue arrestado bajo sospecha de “revelación de secretos políticos y militares”. Sus hermanos y el padre de su hija también fueron detenidos aunque luego excarcelados. Saab los acusó de “encubrir medios probatorios”: un celular y una computadora portátil de San Miguel.

Desde su arresto, que se hizo oficial el domingo en la tarde, los abogados de San Miguel denuncian la “desaparición forzosa” de su defendida, a quien aún no tuvieron acceso. “Siguen las violaciones a las garantías y derechos fundamentales”, escribió uno de sus abogados, Joel García, ayer miércoles en X. “Estamos a las puertas del tribunal para ser designados como sus defensores, pero no ha sido posible por la ausencia del juez”.

“¡Liberen a Rocío!”, repetían ayer miércoles representantes de oenegés congregadas en Caracas para exigir la excarcelación de San Miguel, directora de Control Ciudadano, que registra casos de violaciones de derechos humanos en civiles y militares.

“A Rocío San Miguel la detienen en una política del Estado venezolano de criminalizar las organizaciones de la sociedad civil y a sus miembros (...). Vemos una escalada en la profundización de la criminalización y la represión”, dijo a la AFP la abogada Andrea Santacruz, de la ONG Civilis.

“Estamos seguros de que ella no está implicada en ningún hecho ilícito”, recalcó.

Con la aprehensión de San Miguel suman 19 los detenidos por la operación “Brazalete blanco”, al tiempo que quedan por ejecutar 15 órdenes de arresto, detalló Saab, que acusó una “feroz campaña” internacional contra la justicia venezolana.

La detención de San Miguel entra dentro de un esquema que expertos denominan “puerta giratoria”, y que consiste en concretar excarcelaciones al mismo ritmo en que se practican nuevos arrestos.

“La puerta giratoria ha sido una estrategia del régimen (...), lo hemos visto en este caso muy de cerca ya que a través de unas negociaciones del Acuerdo de Barbados se liberaron unas personas y ahora se vuelve a encarcelar otras”, declaró a la AFP Alfredo Romero, de la ONG Foro Penal que defiende a “presos políticos”.

En diciembre pasado, 10 estadounidenses y 24 venezolanos fueron excarcelados tras un acuerdo suscrito entre el régimen y la oposición de cara a las elecciones presidenciales, en las que Maduro aparece como candidato a la reelección. A cambio, Estados Unidos liberó a Alex Saab, señalado de ser testaferro del presidente y acusado de lavado de dinero en ese país.

“Ya es costumbre que se inventan casos en contra de personas para justificar supuestos atentados”, añadió Romero, que estimó que el gobierno ha optado por pagar “un costo político bien alto”.

La líder opositora venezolana María Corina Machado pidió ayer miércoles a la comunidad internacional “imponer más consecuencias a la represión” por parte del régimen de Maduro.

Durante un conversatorio organizado por el centro de pensamiento con sede en Washington CSIS, al que se unió por videollamada, Machado insistió en su denuncia de la detención de San Miguel.

“Necesitamos imponer más consecuencias a la represión”, destacó. “No puede ser solo a través de mensajes en redes sociales”. Machado, candidata presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora, señaló además que el régimen venezolano está tomando este tipo de acciones para sembrar el “caos”.

“El régimen lo hace para crear el caos en la población y despojar al pueblo de su poder en un momento crítico”, subrayó Machado.

A pesar de haber arrasado en las elecciones primarias, con un apoyo del 92,35%, Machado está vetada de participar en los comicios tras una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismo que responde al régimen.

El acuerdo entre Estados Unidos, el régimen de Maduro y la oposición no se basa en la “confianza” sino en la “verificación” de compromisos, advirtió ayer miércoles un alto cargo de la Casa Blanca.

En octubre representantes del régimen venezolanos y la oposición lograron el Acuerdo de Barbados que estipula la celebración de elecciones presidenciales para el segundo semestre del año, el levantamiento de la inhabilitación de todos los candidatos y la liberación de presos.

La oposición acusa a Maduro de haberlo incumplido, sobre todo desde que el TSJ ratificó la inhabilitación de Machado. “La estructura del entendimiento entre Estados Unidos, el régimen de Maduro y la oposición no se basó en algún tipo de confianza duradera en la implementación del acuerdo; se basó en la verificación”, recordó este miércoles el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan.

En un gesto por promover el diálogo, Washington otorgó una licencia de seis meses al oro, el petróleo y el gas venezolano, pero expirará el 18 de abril.

Tras la decisión de la corte sobre Machado, Estados Unidos volvió a imponer sanciones a la minera estatal de extracción de oro de Venezuela, y amenaza con hacer lo mismo con el sector petrolero.

En abril “veremos entonces dónde nos encontramos con respecto al cumplimiento de sus compromisos por parte del régimen de Maduro” y se decidirá “sobre cómo proceder”, explicó Sullivan.

El sistema de verificación se introdujo “para ver si estaban o no preparados para hacer las cosas que dijeron que iban a hacer”, explicó.

“No íbamos a prejuzgar si lo estaban o no”, acotó.

El asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden asegura que Washington avisó desde un principio cómo iba a proceder.

Si cumplen “podemos seguir adelante” y en el caso contrario “tomaremos un rumbo diferente”, afirmó. “Así es como sucederán las cosas”.

Washington está descontento con el rumbo. En las últimas semanas y días ha salido en defensa de Machado y ha denunciado la detención de Rocío San Miguel.

La Casa Blanca dijo el martes que se sentía “profundamente preocupado” por el arresto de la activista.

San Miguel se especializa en temas militares y ha denunciado durante años el adoctrinamiento ideológico a los militares venezolanos durante sus carreras, quienes han pasado de “servir a Venezuela” a “servir la revolución bolivariana”, como si fuera lo mismo.