Benjamín Netanyahu, tuvo que aflojar. Ante las mayores protestas de la historia de Israel, el primer ministro anunció ayer lunes que le pondrá un freno a su reforma judicial.
El freno en la reforma fue pactado entre Netanyahu y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, pero no implica suspenderla definitivamente, informó su partido Poder Judío. Gvir, de extrema derecha, era hasta ahora el miembro del Gobierno más reticente a pausar la reforma pese a las masivas protestas
La Knéset (Parlamento israelí) entrará en receso todo el mes de abril, por la Pascua judía, y el gobierno se ha dado plazo hasta la pausa del verano en julio para hacer los ajustes necesarios a la reforma, vista por la oposición y amplios sectores sociales como una amenaza para la democracia porque entienden que socava la independencia de la Justicia. Por ejemplo, el proyecto de ley de elección de jueces da al Gobierno control casi total sobre el comité de selección.
“Cuando es posible prevenir una guerra fratricida con negociaciones, yo, como primer ministro, me tomo un tiempo para negociar. Doy una oportunidad para una discusión real”, afirmó Netanyahu.
Por primera vez en tres meses se mostró dispuesto a negociar con la oposición sin imponer el plan del gobierno en el Parlamento.
Su polémica reforma, además de las protestas en las calles, había provocado una crisis en su gabinete. Netanyahu cesó el domingo a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, después de que este se pronunciara públicamente a favor de frenar la reforma, que ha llevado incluso a miles de reservistas a negarse a servir, lo que suponía a su juicio un “peligro real e inminente para la seguridad de Israel”.
Como respuesta, un récord de más 650.000 israelíes salieron el domingo a las calles de todo el país, sobre todo en Tel Aviv, en protestas improvisadas que se convocaron rápidamente por las redes sociales, después de trece semanas consecutivas de manifestaciones desde que se anunciara la reforma.
La contestación social se mantuvo ayer, con un llamado a la huelga general por parte de la Unión General de Trabajadores, el principal sindicato de Israel, que luego dejó sin efecto cuando se anunció la marcha atrás con la reforma. También habían parado las universidades, bancos, la compañía eléctrica, cadenas de restauración como McDonald’s, ayuntamientos y hospitales. Los trabajadores del aeropuerto internacional Ben Gurion lograron que se suspendiera durante varias horas los despegues de vuelos, y también se ha frenado el tráfico en el puerto de Ashod; mientras los manifestantes volvieron a las calles.
El presidente de EE.UU., Joe Biden, hizo saber su preocupación a Netanyahu sobre su reforma judicial.
Uno de los portavoces del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo ayer que dichas inquietudes por parte de Biden vienen de la idea de que tiene que haber “controles y equilibrios” y un apoyo de “consenso” en los sistemas democráticos. Kirby indicó que funcionarios de EE.UU. han mantenido contacto con el gobierno israelí en las últimas dos semanas.
Más poder a políticos sobre los jueces
El proyecto de reforma judicial promovido por el gobierno de Benjamín Netanyahu, busca incrementar el poder de los políticos sobre los jueces y disminuir el rol de la Corte Suprema.
Sus detractores consideran que la reforma amenaza la separación de poderes y el carácter democrático del Estado de Israel. El rechazo al proyecto generó en los tres últimos meses uno de los mayores movimientos populares de protestas de la historia del país.
Netanyahu y sus aliados ultraortodoxos y de extrema derecha defienden la reforma, con el argumento de que debe equilibrarse la correlación de fuerzas entre los cargos electos y la Corte Suprema, a la que consideran politizada.
Este lunes, antes del anuncio de que se postergaba el proceso legislativo de la reforma, la comisión parlamentaria de leyes votó en favor de uno de los elementos más polémico de la iniciativa: el proyecto de ley por el que se modifica el proceso de nombramiento de los jueces.