O Globo (GDA)
El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) declaró al expresidente Jair Bolsonaro y a siete aliados imputados por un supuesto intento de golpe de Estado que habría ocurrido en 2022, tras la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones. Los cinco ministros de la Primera Sala votaron a favor de acoger la denuncia presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), la fiscalía brasileña.

• Recibida la denuncia, se iniciará el proceso penal. En este punto, la defensa del acusado puede presentar sus argumentos y señalar nulidades. Se inicia la producción de pruebas y se escuchan a las partes, peritos y testigos.
• Luego de que el Tribunal acepta las pruebas, la defensa y la fiscalía se expresan una vez más, en el argumento final. El Ministerio Público presenta su dictamen sobre el caso (documento en el que analiza los hechos, pruebas y legislación relevante), aportando elementos para la orientación del juez o ministro, quien podrá acordarlo en todo, en parte o no acatarlo.
• Sólo después del análisis de la acción penal y la imposición de una condena por parte de la Primera Sala se podrá detener al expresidente. Esto dependerá de la pena que aplicará el STF y también de los recursos que utilizará la defensa de Bolsonaro.

Bolsonaro ya está inhabilitado hasta 2030 por haber promovido ataques a las máquinas de votación electrónica. La sanción es resultado de una condena que emitió el Tribunal Superior Electoral (TSE), en 2023, por abuso de poder.

En la denuncia contra Bolsonaro, la PGR solicita condena por cinco delitos: tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, organización criminal armada, daños calificados por violencia y amenaza grave y deterioro de patrimonio catalogado.

Si la acusación es aceptada por el Tribunal Supremo y resulta en una condena, las sentencias combinadas ascenderían a 43 años de prisión, pero la sentencia solo se ejecutará cuando se hayan agotado todas las apelaciones.

Además de Bolsonaro, la PGR imputó a otras 34 personas por actos contra el Estado Democrático de Derecho por los mismos delitos. La Fiscalía basó su decisión en investigaciones realizadas por la Policía Federal (PF), que apuntan a la participación del expresidente, así como de cuatro exministros del gobierno anterior, militares y asesores, en un complot para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el cargo después de las elecciones de 2022.

Bolsonaro ya había sido imputado por la PF en noviembre de 2024. Según la investigación, se identificó una "organización criminal que actuó de forma coordinada, en 2022, con el objetivo de mantener al entonces presidente de la República en el poder".

Según la investigación, Bolsonaro ordenó a oficiales de las Fuerzas Armadas, ministros de su gobierno y asesores participar en reuniones en las que se discutían planes de golpe. La ofensiva no se materializó por no contar con la aprobación de los entonces comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea, general Marco Antônio Freire Gomes y brigadier Carlos de Almeida Baptista Júnior, respectivamente. Ambos implicaron al expresidente en el intento de golpe de Estado en declaraciones a la Policía Federal.

Uno de los principales elementos de la investigación fue una reunión en el Palácio da Alvorada el 7 de diciembre de 2022, en la recta final del gobierno Bolsonaro, en la que participaron Freire Gomes, el entonces comandante de la Marina, Almir Garnier Santos; Y participó el entonces asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia, Filipe Martins. En ese momento, Martins habría leído el acta del golpe y Garnier se habría puesto a disposición del entonces presidente para llevar a cabo el golpe. Freire Gomes y Baptista Júnior se habrían negado a apoyar cualquier alteración del orden democrático.

Foto: AFP

El abogado Celso Vilardi, que representa a Jair Bolsonaro, afirmó al presentar su defensa ante la Primera Sala del STF que la acusación de la Procuraduría General de la República se basa únicamente en el testimonio del ex ayudante de campo Mauro Cid y que la denuncia no aporta pruebas de conexión con los hechos del 8 de enero.

El defensor negó la participación del expresidente en cualquier intento por desmantelar la situación y controvirtió los puntos de la acusación de la PGR.

"El (ex)presidente Bolsonaro es el presidente más investigado en la historia del país. No se encontró absolutamente nada", afirmó Vilardi.

Argumentos de defensa:

• Acusación basada únicamente en el testimonio de Cid, que debe ser anulada.
• No hubo "amenaza seria" en las declaraciones de Bolsonaro citadas en la acusación.
• No hay conexión con los hechos del 8 de enero.
• El juicio debe realizarse en el pleno del STF, y no en la Primera Sala.

Por Daniel Gullino y Mariana Muñiz