El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aplicó el recurso de "Muerte Cruzada" este miércoles, con el que ordenó la disolución de la Asamblea Nacional y la celebración de elecciones generales anticipadas. Lo hizo en medio de un juicio político por malversación de fondos al que era sometido en el Parlamento y expresó en un comunicado que la decisión estaba fundada en una "grave crisis política y conmoción interna”.

La herramienta constitucional permite al presidente de Ecuador disolver la Asamblea Nacional, llamar a elecciones generales y gobernar por decreto durante seis meses.

Apareció por primera vez en Ecuador con la promulgación de la Constitución de 2008, durante la gestión del ex presidente Rafael Correa. Sus dos vertientes, la disolución del Congreso por el presidente, contenida en el Artículo 148, y la destitución del presidente por el Congreso, sustentada en el Artículo 130, solo se podrán ejecutar una sola vez durante el periodo (ejecutivo o legislativo) y durante los tres primeros años de este.
Esta es la primera vez que un presidente de Ecuador aplicó la Muerte Cruzada y lo hizo una semana antes de cumplir dos años en el cargo.

Hay tres causales para decretar la Muerte Cruzada:

1. Si la Asamblea Nacional se arroga funciones que no le competen constitucionalmente
2. Si de forma reiterada e injustificada, el Legislativo obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
3. Por una grave crisis política y conmoción interna.

La primera causal es la única que requiere un dictamen de la Corte Constitucional para que hacerse efectiva. Las otras dos solo precisan un Decreto Ejecutivo para cerrar el Congreso.
La tercera causal es la que fue invocada por Guillermo Lasso este miércoles.

Tras el decreto de disolución, la Constitución exige convocar a elecciones legislativas y presidenciales en un plazo máximo de siete días. El documento firmado por el presidente notificó al Consejo Nacional Electoral (CNE) su obligación de llamar a los siguientes comicios, que deberán celebrarse en una misma fecha y decidirán a los ocupantes de los cargos para el resto de sus respectivos períodos. Tanto Lasso como los asambleístas podrán presentarse a las elecciones extraordinarias, cuya primera vuelta tendrá lugar en un plazo máximo de 90 días luego de la convocatoria.

Una vez disuelta la Asamblea Nacional y hasta la elección del nuevo Congreso, Lasso mantendrá su cargo por decreto durante un máximo de seis meses, con el aval de la Constitución para expedir decretos y leyes urgentes de carácter económico, que podrán ser aprobadas o derogadas por el órgano legislativo recién creado.

Alejandro I. López/El País de Madrid y Roger Zuzunaga Ruiz/El Comercio (GDA).