INVESTIGACIÓN

La investigación de los Pandora Papers que se basa en la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo, estuvo a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) e involucró a unos 600 periodistas de decenas de medios, incluidos The Washington Post, The Guardian y El País de Madrid.

La industria de las fortunas secretas funciona de una forma relativamente sencilla. Cada propietario, abogado y testaferro conoce su papel y las reglas que debe respetar o sortear. Y todo funciona como un reloj. Desde fuera, la trama pierde foco. Estas son las claves para entender los Pandora Papers o Papeles de Pandora, que permiten observar esa industria desde su propio centro neurálgico. Aquí puede seguir la última hora de la investigación.

Es el nombre de una investigación periodística basada en una gran filtración de documentos confidenciales de 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas.

En esta investigación colaboraron más de 600 periodistas de 117 países bajo la coordinación del ICIJ. 

A lo largo de casi dos años se ha trabajado en el análisis de más de 11,9 millones de archivos entre los que figuraban documentos de texto, hojas de cálculo, correos electrónicos o imágenes. Hay actas de constitución, registros de accionistas, facturas, pasaportes, diarios de viaje. Entre todos, componen un retrato sin precedentes de la cara oculta de las finanzas internacionales y arrojan luz sobre los secretos de los paraísos fiscales y los profesionales que actúan como puente para llegar a estas jurisdicciones. La filtración señala a más de 27.000 compañías creadas entre 1971 y 2018, y a casi 30.000 de sus beneficiarios. Entre ellas, hay 751 sociedades vinculadas a España.

La investigación revela los activos secretos, acuerdos encubiertos y fortunas ocultas de un enjambre de ricos y poderosos: más de 330 políticos y cargos públicos (90 de ellos europeos), 15 jefes de Estado de América Latina entre actuales y retirados, 46 oligarcas rusos, 133 millonarios de la lista Forbes.

En el escenario internacional destacan nombres como el del presidente de Chile, Sebastián Piñera, que ocultó acciones de una empresa minera; o el exdirector del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss-Kahn, que eludió impuestos en el cobro de trabajos de consultoría. Está también el rey de Jordania, Abdalá II, sus 30 compañías y sus tres mansiones en Malibú, o el primer ministro checo, Andrej Babis, que utilizó un entramado offshore para comprar un castillo con un cine y dos piscinas. O Tony Blair y su esposa, Cherie Blair, que se hicieron con un edificio victoriano en Londres valorado en 8,8 millones de dólares (7,6 millones de euros). Hay incluso criminales como Raffaele Amato, el capo de la camorra napolitana que inspiró la película Gomorra y fue detenido en Málaga en 2009.

También hay estrellas de la moda y del espectáculo como Claudia Schiffer, Julio Iglesias o Shakira, que figura por la maraña societaria que empleó para esquivar al fisco y por la que ya está siendo investigada.

Entre las caras conocidas del deporte destacan Carlo Ancelotti, ya señalado por la Fiscalía española, y Pep Guardiola y su cuenta andorrana, además de otras personalidades relevantes que se desvelarán en las próximas semanas.

Paraíso fiscal es una mala traducción del inglés tax haven, literalmente refugio fiscal. Son territorios donde la creación de sociedades mercantiles es una de sus principales industrias, e incluso la única. Ofrecen enormes ventajas fiscales a ciudadanos de otros países que buscan cargas tributarias reducidas (el impuesto asociado a la actividad de estas entidades es nulo o simbólico), pero también protegen su anonimato, con contextos legales que complican identificar a los verdaderos beneficiarios de una sociedad determinada.

Un concepto clave en la identificación de los territorios que pueden considerarse refugios fiscales es su escasa inclinación a compartir información con las autoridades de otros países. Aun así, no existe una lista global y oficial de jurisdicciones de este tipo, sino que cada país decide por sí mismo con cuáles otros firma acuerdos tributarios o de intercambio de información. Estos pactos han permitido a la OCDE eliminar una treintena de países de su lista de Estados “no cooperativos”.

Offshore significa literalmente “más allá de la orilla del mar”, “fuera de la playa” (on shore es “en tierra”). Metafóricamente, “fuera del territorio”.

Sociedades offshore son entidades creadas en un país distinto de aquel en el que residen sus beneficiarios. Tienen un claro papel en la economía mundial. Como explica Francisco Bonatti, abogado penalista y consultor en blanqueo de capitales, “son necesarias muchas veces para los grandes flujos de capitales. Esa parte de la economía offshore no solo es legal, sino que en una economía como la actual, deslocalizada y globalizada, realmente es necesaria”.

El problema de estas sociedades es cuando se crean en jurisdicciones opacas en busca de escasas o nulas cargas impositivas y de confidencialidad. Esas compañías no tienen actividad real en los países donde están registradas; no necesitan oficina, ni empleados. Se utilizan, en líneas generales, para ocultar y eximir de responsabilidades fiscales o legales al verdadero dueño de unos activos que pueden ser financieros, pero también se pueden concretar en propiedades inmobiliarias, obras de arte o vehículos, entre otros. Un estudio publicado en 2017 calculó que un 10% del producto interior bruto mundial se encuentra en sociedades offshore.

Al calor de los paraísos fiscales y sus atractivos ha surgido toda una industria especializada en la gestión de los trámites necesarios para que interesados de cualquier parte del mundo puedan crear sus sociedades de forma secreta. Gracias a la ayuda de estos despachos de abogados, el cliente consigue no dejar rastro de su identidad en documentos oficiales como actas de incorporación o registros de accionistas. Entre los documentos de los Papeles de Pandora aparecen algunos de los mayores proveedores a nivel mundial, como Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), Trident Trust o Asiaciti.

Con servicios como los suyos, alguien que nunca ha salido de España puede registrar una sociedad en Hong Kong o en Islas Caimán sin siquiera levantarse del sofá. Aunque para mantener la sociedad o crear estructuras más complejas, siempre es necesario pasar por un despacho de abogados o de asesores fiscales del país de residencia.

Tener una sociedad en un paraíso fiscal es legal siempre que sus activos y los beneficios derivados de su actividad se declaren a las autoridades del país donde el beneficiario tiene su domicilio fiscal. De hecho, es habitual que grandes empresas que operan en un mercado global estructuren su presencia internacional ubicando sus subsidiarias en alguno de estos territorios para aligerar sus cargas fiscales.

Los problemas comienzan cuando esas sociedades y sus ganancias están deliberadamente escondidas en estas jurisdicciones, sin que se haya declarado su existencia a las autoridades donde el verdadero propietario tiene su residencia fiscal. Esto es lo que ocurre en muchos de los casos que se han retratado en los Pandora Papers. Bajo esa capa de opacidad se ocultan flujos de dinero ilícitos que abren la puerta al cohecho, el lavado de dinero, la evasión fiscal o la financiación del terrorismo.

Según una estimación de la Comisión Europea, los ciudadanos de la UE desvían a través de diferentes vehículos de evasión fiscal el equivalente a cerca del 10% del PIB de la región. Esto supone 46.000 millones de euros anuales en impuestos perdidos cada año y equivale a ocho veces el presupuesto anual del Ministerio de Educación en España. La OCDE calcula que al menos 9,7 billones de euros están guardados offshore a nivel mundial.

Gracias a las revelaciones que han acompañado a filtraciones como esta, se han redoblado los esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Han surgido regulaciones como la directiva europea de protección de los alertadores y denunciantes, y se ha reforzado el intercambio de información fiscal entre países. Los Papeles de Pandora son una nueva foto de una industria del secreto que, pese a todo, sigue gozando de buena salud y que tiene a los más poderosos entre sus clientes.

El estudio predilecto de los españoles es el panameño Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal), en cuya cartera se han encontrado al menos 253 sociedades vinculadas al país. Tiene oficinas en una docena de países (Nueva Zelanda, Uruguay o Emiratos Árabes Unidos, entre otros) y prestó sus servicios al rey Abdalá II de Jordania. En respuesta a las preguntas planteadas por el Consorcio, Alcogal ha emitido un comunicado donde afirma adherirse a los requisitos legales de aquellas regiones en las que opera. Esta postura está generalizada entre sus homólogos en los Papeles de Pandora.

Trident Trust es uno de los mayores proveedores del mundo de sociedades en el exterior y se calcula que administra bienes por 35.000 millones de dólares. Es el despacho del que más información hay en los Papeles de Pandora y tenía entre sus clientes a Carlo Ancelotti. El bufete se benefició especialmente de la caída de Mossack Fonseca tras los Panamá Papers: incorporó casi un centenar de clientes que trasladaron sus sociedades del vilipendiado despacho para eludir la presión de las autoridades. Pese a todo, la firma asegura en un comunicado que “rutinariamente colabora con cualquier autoridad competente que solicita información”. Menos conocido en Europa, pero fundamental en la foto de América Latina es el bufete OMC, también panameño y encargado de las finanzas offshore del presidente chileno, Sebastián Piñera, entre otros.

Los demás despachos son SFM, que entre otros se encarga de las sociedades de la gestora de Dominique Strauss-Kahn, expresidente del FMI; Asiaciti Trust, el único con sede central en Asia, en Singapur; All About Offshore (AABOL), con sede en Seychelles; Commence BVI, más atractivo para clientes africanos; Fidelity Management, elegido por el ex primer ministro de Jordania Abdul Karim Kabariti; Demetrios A Demetriades LLC, de Chipre, y DadLaw, de Malta, los únicos con sede en Europa; Commonwealth Corporate Services Limited (CCS), CilTrust y Godfrey Law, los tres con sede en Belice y II Shin, el único despacho chino de la filtración.

Tanto los Papeles de Pandora como los Panamá Papers fueron proyectos liderados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y, pese a que han pasado cinco años desde la publicación de este último, ambos comparten muchos rasgos comunes. Los documentos asociados a ambas filtraciones tienen su origen en proveedores offshore. De hecho, los Panamá Papers procedían de la firma panameña Mossack Fonseca.

El volumen de ambas filtraciones es parecido, aunque los Papeles de Pandora contienen unos 400.000 archivos más y sus 2,94 terabytes superan por poco a los 2,6 terabytes que supuso su antecesor.

Lo que no tiene precedentes es el nivel de detalle con que la nueva filtración muestra las relaciones entre quienes buscan beneficios en la creación de sociedades de paraísos fiscales y la amplia gama de profesionales que les ayudan a cumplir ese objetivo. No es un solo despacho, sino 14. Y a más despachos, más clientes: los Papeles de Pandora contienen información de más de 29.000 propietarios de sociedades, el doble de lo que se pudo extraer hace un lustro.

Los Panamá Papers marcaron un antes y un después en cómo se perciben las sociedades offshore. Lo confirman los abogados que trabajan en el sector y también los archivos de la nueva investigación: después de 2016, Trident Trust incorporó casi un centenar de clientes que optaron por trasladar sus sociedades de Mossack Fonseca al nuevo proveedor para eludir la exposición y la presión de las autoridades.

Las autoridades de Panamá, presionadas a nivel global tras el escándalo, aceptaron firmar acuerdos de intercambios de información con varios países europeos. Estos acuerdos facilitan la remisión de datos bancarios y fiscales de forma casi automática entre países, un instrumento que permite a inspectores de Hacienda e investigadores de las fiscalías tener mejor acceso a documentos que antes podían tardar años en conseguir.