El gobierno de Emmanuel Macron quedó ayer jueves en medio de un terremoto político, luego de que decidiera aprobar por decreto la reforma jubilatoria al no contar con los votos en el Parlamento. Ahora se espera una moción de censura de la oposición, que puede llevar a la caída del gobierno de su primera ministra Élizabeth Borne.
“No podemos hacer apuestas sobre el futuro de nuestras pensiones”, dijo Borne al anunciar entre gritos de los diputados opositores el uso del polémico artículo 49.3 de la Constitución, que habilita al gobierno a aprobar una ley que no cuente con el aval parlamentario.
Borne tuvo que hablar entre algunas burlas y los repetidos cánticos de La Marsellesa de los diputados de izquierda, que también corearon “dimisión, dimisión” a la primera ministra, una intervención breve pero tormentosa.
Tras conocerse la decisión, miles de personas se congregaron en la plaza de la Concordia, a cientos de metros del Congreso, para protestar contra la reforma y contra el uso de este mecanismo legal.
Pese al rechazo de dos de cada tres franceses, según los sondeos, Macron mantuvo firme su reforma que eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelanta a 2027 la exigencia de cotizar 43 años (y no 42 como hasta ahora) para cobrar una pensión completa.
Durante el Consejo de Ministros que autorizó el uso del 49.3, el presidente estimó que no se podía jugar “con el futuro del país” y que “los riesgos financieros y económicos eran muy grandes” para perder la votación, según participantes en la reunión.
Francia, segunda economía de la Unión Europea (UE), tiene una de las edades de jubilación más bajas del bloque. El gobierno estima que enfrentaría un déficit en el futuro en la caja de las pensiones si no aprueba ahora la reforma.
“Francia tiene un sistema que no es sostenible”, dijo el ministro socialista de Seguridad Social español, José Luis Escrivá, asegurando que ha tardado en reformarlo. En España, la edad de jubilación será de 67 años en 2027.
Déficit
La justificación de la reforma es garantizar el equilibrio financiero en 2030, ante el potencial déficit por el envejecimiento de la población, que supone un mayor número de jubilados y menos cotizantes.
Edad mínima
La principal medida consiste en retrasar progresivamente hasta 2030 la edad mínima de jubilación en dos años, de los 62 actuales a 64. En paralelo, se acelerará el aumento de 42 a 43 años de cotización necesario para cobrar una pensión completa; se aplicará en 2027 y no en 2035.
Carreras largas
Quienes empezaron a trabajar muy jóvenes (antes de los 21 años) y cubran el período completo de cotización no se verán afectados por el retraso de la edad mínima a los 64 años. Podrán jubilarse anticipadamente (por ejemplo a los 60 años, si empezaron su vida laboral a los 17), siempre que tengan 43 años de cotización.
Madres
Las mujeres que hayan cotizado 43 años antes de cumplir 64 y que además acumulen trimestres a cuenta de su maternidad, de haber adoptado o de haber dedicado ese tiempo a la educación de sus hijos, tendrán una bonificación de hasta el 5% en su pensión.
Pensiones más bajas
Se revalorizarán y, para quienes hayan cubierto el período de cotización con el sueldo mínimo, la pensión mínima subirá hasta cerca de 1.200 euros netos en 13 mensualidades, lo que equivale al 85% del salario mínimo actual (1.353 euros).
Censura
La única manera de impedir ahora la aplicación de la reforma es que los diputados aprueben una moción de censura contra el gobierno, que se debatiría en los próximos días. La líder ultraderechista Marine Le Pen ya anunció la presentación de una.
“Es la constatación de un fracaso total” para Macron, dijo Le Pen. “Lo importante no es quién presente la moción, lo importante es que el Gobierno caiga”, subrayó.
La izquierda también prepara una moción de censura, señaló el líder comunista, Fabien Roussel, e insistió en su iniciativa de pedir un referéndum, para lo que hace falta presentar cuatro millones de firmas.
Jean-Luc Mélenchon, líder del izquierdista La Francia Insumisa, resumió la situación señalando que la reforma “no tiene ninguna legitimidad parlamentaria”, pero “tampoco en la calle ni entre una gran parte de los franceses”.
La reforma jubilatoria fue aprobada por la mañana por el Senado (193 votos a favor y 114 en contra), pero en la Asamblea un puñado de diputados oficialistas y una veintena de su aliado de derecha Los Republicanos (LR) anunciaron que no la votarían, lo que anticipaba el fracaso del proyecto.
De todos modos, el líder de LR, Éric Ciotti, anunció que sus diputados no apoyarán las mociones de censura, por lo que estas no tendrían posibilidades de prosperar.
“No participaremos en una coalición de extremos”, afirmó en la Asamblea.
El grupo de diputados independientes LIOT también estudia presentar una moción de censura. Esta podría recabar el máximo número de apoyos posible, pero es incierto si lograría tumbar al gobierno.
“El gobierno estaba ante dos malas soluciones”: arriesgarse a un voto y perder, y activar el 49.3, indicó Antoine Bristielle, experto en opinión pública de la Fundación Jean Jaurès.
“He asumido mi responsabilidad, la del Gobierno, que era la de alcanzar un texto de compromiso, luego hay mociones (de censura) los próximos días y habrá un voto”, dijo Borne, en una entrevista en TF1.
Borne reconoció sentirse “afectada” por “los abucheos y gritos” que recibió por parte de los parlamentarios opositores de la izquierda y la extrema derecha en la sesión de ayer. “Quieren el caos en la Asamblea y en la calle y, cuando eso ocurre, son los franceses modestos los que pagan las consecuencias”, alertó.
El nuevo episodio en la saga de la reforma jubilatoria llegó cuando las huelgas lanzadas la semana pasada en sectores claves como la energía y el transporte perdían fuerza, pese a las fuertes imágenes de las toneladas de basura acumuladas en París.
Si la moción de censura fracasa y se adopta así la reforma finalmente, la oposición de izquierda prepara un recurso ante el Consejo Constitucional que retrasaría su promulgación y daría más tiempo a los opositores para utilizar sus últimos cartuchos, como reclamar un referéndum.
El polémico artículo 49.3 al que recurrió el gobierno de Macron
La primera ministra francesa, Élisabeth Borne, activó ayer jueves por la 100ª vez desde 1958 el artículo 49.3 de la Constitución, que permite adoptar una ley sin el voto del Parlamento cuando el gobierno carece de la mayoría necesaria.
Considerado por sus críticos como un mecanismo antidemocrático, el gobierno de Emmanuel Macron se vio obligado a usarlo para aprobar la reforma jubilatoria.
“El primer ministro podrá, previa deliberación del Consejo de Ministros, plantear la responsabilidad del gobierno ante la Asamblea Nacional sobre la votación de un texto”, reza dicho artículo.
Los diputados solo pueden impedir la aplicación de la ley si en las 24 horas siguientes presentan una moción de censura contra el gobierno, que debe ser sometida a votación, precisa la Constitución de 1958.
Los diferentes gobiernos de la Quinta República han recurrido al artículo 49.3.
El expresidente socialista François Hollande denunció en 2006 su uso por el primer ministro conservador Dominique de Villepin como una “negación de democracia”, cuando estaba entonces en la oposición. Sin embargo, diez años más tarde y durante su presidencia, su primer ministro Manuel Valls lo utilizó en hasta seis ocasiones.
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