NICARAGUA

El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua “se ha consolidado en sus políticas totalitarias y ha logrado imponer un clima de terror de cara a las elecciones generales” del 7 de noviembre próximo, denunció ayer martes la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En el informe sobre Nicaragua presentado en la 77 Asamblea General de la SIP, que de forma virtual y se extenderá hasta el viernes, la organización señaló que “el Gobierno de Daniel Ortega y (la vicepresidenta) Rosario Murillo ha continuado con los ataques a los periodistas y medios de comunicación” en lo que va del año.

Entre esos ataques mencionó asedio policial, citas al Ministerio Público y acusaciones de parte de la Fiscalía, y detenciones arbitrarias.

El hecho más preocupante fue el asalto a las instalaciones del diario La Prensa, el más antiguo de Nicaragua, y las detenciones de periodistas y directivos de medios, dijo la SIP.

Recordó que el 13 agosto pasado cinco patrullas policiales tomaron las instalaciones de La Prensa, desconectaron los servidores, cortaron la energía eléctrica y el internet; además obligaron al personal que se encontraba en el lugar a permanecer en el estacionamiento sin acceso a sus dispositivos móviles. El allanamiento, en el que fueron confiscados equipos, cajas con documentos contables y otras pertenencias del periódico, fue un día después que el diario anunciara que dejaría de circular en su versión impresa debido a que la Dirección General de Aduanas (DGA) se negaba a entregar su materia prima.

Luego del allanamiento, la Policía informó que se había iniciado una investigación en contra de la Junta Directiva de La Prensa por los supuestos delitos de “defraudación aduanera y lavado de dinero”, por lo que detuvieron al gerente general, Juan Lorenzo Holmann.

Holmann lleva más de dos meses detenido y sin ver a su abogado, mientras los portones de La Prensa permanecen cerrados y custodiados por agentes policiales, denunció la SIP.

Por otro lado, la SIP advirtió que el régimen de Ortega canceló más de 24 personerías jurídicas a ONG, en su mayoría médicas y fuentes de información en el marco de la pandemia de COVID-19.

Asimismo, anotó que mayo pasado estuvo marcado por el inicio de procesos judiciales, citatorios a periodistas y directivos de medios, así como el allanamiento al estudio del diario digital Confidencial, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, que se exilió alegando razones de seguridad.

La SIP indicó que desde fines de mayo “el régimen encarceló a 37 opositores” por un caso por el que se investiga a la clausurada Fundación Violeta Barrios de Chamorro, entre ellos siete que habían anunciado sus intenciones de aspirar a la Presidencia para enfrentar a Ortega en las elecciones del 7 de noviembre.

Entre esos detenidos se encuentran los periodistas Miguel Mora, exdirector de 100% Noticias, y el cronista deportivo Miguel Mendoza.

En cuatro meses, el Ministerio Público ha entrevistado a 158 personas, entre ellos 57 periodistas. “En los últimos meses el Gobierno ha afinado las estrategias y métodos represivos en contra de periodistas y medios independientes, que continúan denunciando arbitrariedades desde diferentes plataformas digitales”, señaló la SIP en el informe, que es preliminar y debe ser aprobado por la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea.

La SIP también denunció que “las fuerzas represivas (policiales)” de Venezuela “están a la caza de periodistas que cubren las noticias”, especialmente las relacionadas con protestas, el COVID-19 y los servicios.

A esos periodistas, “los agreden físicamente y los despojan de sus cámaras y celulares”, dice un informe preliminar presentado en la 77 Asamblea General de la SIP, que debe ser aprobado por la Comisión de Libertad de Prensa durante la reunión.

En el mismo, señalan que, en Venezuela, “operan muchos medios” en línea que son independientes y, “regularmente”, son “bloqueados por instrucciones del poder Ejecutivo a las compañías telefónicas”.

“A estos medios y los pocos que quedan en el país se les hace bastante difícil realizar su trabajo debido a la persecución permanente a sus periodistas”, añaden. Al respecto, mencionaron un informe del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en el que reportaron que, en el primer mandato presidencial de Nicolás Maduro (2013-2018), desaparecieron 115 medios de comunicación.

A lo largo de este año, el informe dice que “el evento más destacado fue la toma de las instalaciones” del diario El Nacional por los cuerpos de seguridad del Estado. “Con base en el juicio de difamación contra El Nacional introducido por (el número dos del chavismo) Diosdado Cabello, el Tribunal Supremo de Justicia condenó al periódico a pagarle 13 millones de dólares” por la difusión de una noticia, recuerdan. La noticia, “que involucra a Cabello con actividades ilícitas”, fue publicada inicialmente “en el diario español ABC y el diario norteamericano The Wall Street Journal”, pero posteriormente “fue reproducida por más de 80 medios y las principales agencias internacionales”. (Con información de EFE)

“Anastasio Somoza engendró a Ortega”

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, exiliado en Costa Rica debido a la persecución del régimen de Daniel Ortega, defendió el valor de las “palabras con filo”, que son las que “temen las dictaduras”. “Hablo delante de ustedes no como un político, que dejé de serlo hace un tiempo, sino como un escritor comprometido con las palabras que siempre tienen filo”, manifestó Ramírez, Premio Cervantes 2017, en el discurso con el que inauguró ayer martes la 77 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El exdirector de Búsqueda, expresidente de la SIP y actual columnista de El País, Danilo Arbilla, fue el encargado de presentar a Ramírez.

“Mi contribución y lucha por la democracia seguirán siendo por las palabras”, añadió Ramírez, vicepresidente de Ortega entre 1979-1990.

El escritor recordó el llamado “periodismo de catacumbas” que surgió en su país luego de que la dictadura de Anastasio Somoza (1936-1979) cerrara los medios de comunicación, y los periodistas emitían boletines radiales desde las iglesias.

Señaló que en su país ocurre una “anomalía”, y que consiste en que una dictadura provoca una revolución para derrocar a un dictador, y el nuevo gobernante surgido de esa revolución se vuelve un dictador. “Somoza engendra a Ortega”, puntualizó.

“Para enfrentar la anormalidad, para contradecir esa realidad paralela que buscan imponernos, es que la palabra libre existe y los medios de comunicación libres existen”, dijo Ramírez. El autor de Tongolele no sabía bailar, prohibida en Nicaragua porque relata las protestas pacíficas de abril de 2018, recalcó que “la rebelión siempre empieza por las palabras y son fiel compañía en la lucha por la democracia”. “Como nunca el periodismo de las catacumbas defiende la libertad de expresión y el derecho de informar”, dijo.

El panel inaugural de la asamblea estuvo compuesto también por la presidenta de la Agencia Efe, Gabriela Cañas, y el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, director ejecutivo del Grupo Opsa de Honduras.