AFP, EFE/ Caracas, Madrid
Las autoridades venezolanas detuvieron a tres ciudadanos estadounidenses, dos españoles y un checo acusados de estar vinculados a un supuesto complot para “desestabilizar” el país, anunció ayer sábado el gobierno de Nicolás Maduro, que también informó que incautaron 400 fusiles provenientes de Estados Unidos.

España ya negó que los españoles arrestados pertenezcan al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como ha asegurado el ministro del Interior venezolano al informar sobre su arresto bajo la acusación de que trataban de llevar a cabo actos “terroristas”.

Estados Unidos, al cierre de esta edición, aún no se ha pronunciado sobre sus nacionales arrestados. Todo esto alimenta las tensiones que se están dando entre el régimen de Maduro y los gobiernos de España y Estados Unidos, los cuales demandan que las autoridades venezolanas presenten los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio en el país caribeño, en medio de denuncias de fraude de la oposición, además de ejercer otras presiones desde el exterior. El gobierno de Biden, por ejemplo, ha anunciado sanciones sobre funcionarios venezolanos por no cumplir acuerdos y no respetar los principios democráticos.

El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo en una conferencia de prensa ayer que los extranjeros arrestados están involucrados en planes “terroristas” que incluían atentar contra la vida del presidente Maduro y desestabilizar el país.

“Fueron detenidos recientemente dos ciudadanos españoles, en Puerto Ayacucho (Amazonas, sur de Venezuela), José María Basua y Andrés Martínez Adasme”, dijo Cabello, quien apuntó “vínculos” de estos individuos con el Centro Nacional de Inteligencia de España.

“Hablan de la participación activa, que son parte de un contingente de mercenarios del gobierno español, a través de su central de inteligencia, para atacar al país”, continuó el ministro, hombre fuerte del chavismo.

Cabello además anunció las detenciones de tres estadounidenses: Wilbert Josep Castañeda, “militar activo” de Estados Unidos, señalado por el ministro como “jefe” del plan, Estrella David y Aaron Barren Logan.

Según Cabello, en la operación fueron incautadas más de 400 armas “transportadas desde Estados Unidos”, y algunos de los capturados buscaban llevar a Venezuela “un grupo de mercenarios” con el fin de asesinar a Maduro, así como a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, y a otros dirigentes del chavismo.

La semana pasada Estados Unidos informó que un ciudadano de su país había sido detenido, sin ofrecer mayores detalles.

La Embajada de España en Venezuela ha pedido al Gobierno de ese país tener acceso a los dos detenidos, acusados de terrorismo, para verificar sus identidades y su nacionalidad y, de ser ciudadanos españoles, conocer de qué se les acusa exactamente y que puedan recibir toda la asistencia necesaria.

Fuentes del Ministerio de Exteriores han informado que la Embajada ha enviado una nota verbal al Gobierno de Venezuela con esa petición, y han asegurado que se “velará en todo momento por la protección y los derechos de cualquier español detenido en Venezuela”.

Hace unos días, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, propuso romper relaciones diplomáticas, consulares y comerciales. “¡Que se vayan de aquí todos!”, clamó.

Se estima que unos 280.000 venezolanos viven en España, entre ellos varios dirigentes opositores exiliados. Unos 136.000 españoles, en tanto, aún viven en Venezuela; muchos ya emigraron.

Madrid y Caracas aumentaron la tensión en estos días después de que Edmundo González Urrutia -ganador de las elecciones en Venezuela, según la oposición- llegara el domingo pasado a España para solicitar asilo tras un mes en la clandestinidad en su país. Y ocurre también tras el comentario de la ministra de Defensa española, Margarita Robles, que tildó de dictadura al gobierno de Maduro.

El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió esta semana en La Moncloa con González Urrutia. Sánchez no reconoce la victoria de Maduro, pero tampoco la de su rival. Ha insistido, en consonancia con la posición de la Unión Europea, en reclamar la publicación de las actas electorales. Washington, por su parte, reconoce la victoria de la oposición y anunció sanciones contra 16 funcionarios venezolanos.

Foto: AFP

La oposición mayoritaria de Venezuela convoca a una “movilización global” contra Maduro para el próximo 28 de setiembre.

Al tiempo que aumentan las confrontaciones diplomáticas entre Venezuela y España, los negocios petroleros entre estos países parecen no detenerse.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con el director de la unidad de Negocios de Repsol en Venezuela, Luis Antonio García Sánchez, en Caracas el viernes, para discutir las “alianzas estratégicas” y avanzar en la “cooperación energética”, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). “Nuestro país sigue avanzando en sus planes de cooperación energética y en las alianzas con empresas que, como Repsol, confían e invierten en la primera reserva petrolera del mundo”, señaló Rodríguez, citada en nota de prensa de VTV.

De acuerdo a VTV, la “sinergia” entre Venezuela y Repsol refuerza el compromiso de la nación caribeña de “consolidar su posición como líder en el mercado energético global, para promover el desarrollo y la estabilidad económica a través de alianzas estratégicas y cooperación internacional”.

El encuentro se dio dos días después de que el presidente del Parlamento venezolano, el chavista Jorge Rodríguez, pidiera a la Comisión de Política Exterior una reunión inmediata para elaborar una resolución que la plenaria “apruebe de manera perentoria” para solicitar “al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que se rompan de inmediato todas las relaciones” con España. La propuesta surgió luego de que el Congreso español aprobara reconocer al opositor Edmundo González Urrutia -exiliado en el país europeo- como presidente electo.

Rodríguez pidió también que la resolución establezca que “todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato”, en respuesta a lo que consideró como “el atropello más brutal” de España contra Venezuela “desde los tiempos” en que su país luchó por la independencia, en referencia a la decisión del Congreso. [EFE]