Con información de EFE, AFP y El País de Madrid
La Cámara de los Comunes aprobó este viernes un histórico proyecto de ley de muerte asistida para Inglaterra y Gales, abriendo la puerta a las fases siguientes de la tramitación legislativa tras un debate marcado por intensas polémicas éticas y religiosas. La propuesta fue aprobada por 330 votos a favor y 275 en contra. Ahora deberá ser examinada en comisión antes de ser sometida de nuevo a la aprobación de las dos cámaras del Parlamento.
El texto permitiría el suicidio asistido a los pacientes en Inglaterra y Gales que se encuentren en fase terminal, con no más de seis meses de esperanza de vida. Para acogerse a esa opción, deberán además capaces de expresar su voluntad de manera clara y obtener luz verde de dos médicos y un juez.
Su promotora, la diputada laborista Kim Leadbeater, asegura que estas cláusulas lo convierten en el texto "más robusto" del mundo sobre ese asunto. Ante la Cámara de los Comunes, Leadbeater declaró que el texto busca otorgar "elección, autonomía y dignidad" a los adultos con una enfermedad en fase terminal.
La ley actual "no es clara y no protege a los pacientes, a las familias ni al personal de salud, lo cual empuja a la gente a acciones desesperadas", argumentó. La legisladora contó la historia de Norman, un hombre aquejado de un cáncer de próstata desde hacía 15 años. "Cuando la enfermedad se extendió y el dolor se volvió insoportable (...), fue a su jardín y se pegó un tiro en la cabeza".
Aunque la propuesta nace de sus filas, el gobierno laborista no la ha respaldado oficialmente y el desenlace dependió de las convicciones personales más que de las directrices de partido.
Hace nueve años, una propuesta de ley sobre el suicidio asistido fue rechazada por el Parlamento, pero la opinión pública ha cambiado desde entonces y es mayoritariamente favorable a este proyecto.
Un sondeo publicado el viernes por el instituto YouGov señala que las tres cuartas partes de los habitantes de Inglaterra y Gales apoyan este cambio en la ley. La periodista Esther Rantzen, enferma terminal de cáncer que hace campaña por esta ley, instó a los diputados a aprobarla porque "en caso de fracaso, no volverá probablemente al Parlamento antes de diez años". Tras la votación, se dijo "encantada" por el resultado.
La asociación Care Not Killing, opuesta al suicidio asistido, se dijo en cambio "decepcionada" e hizo notar que el resultado fue "sumamente ajustado".
Varios países han legalizado la asistencia al suicidio para acabar con el sufrimiento de enfermos en fase terminal, como Países Bajos, España, Colombia, Ecuador o Canadá.
Actualmente, el suicidio asistido es ilegal en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, donde se pena con hasta 14 años de prisión a quienes ayuden o inciten a cometerlo. Escocia, que dispone de competencias propias en materia de sanidad, debe votar un proyecto de ley sobre la cuestión en 2025.
Condiciones para ampararse en la ley
La Ley para el Final de la Vida de los Adultos Enfermos Terminales (nombre oficial) es muy restrictiva y garantista en sus términos.
Podrán acogerse a ellas las personas mayores de 18 años, residentes en Inglaterra o Gales. Para ello, deberán acreditar que han sido atendidas y estaban registradas en la consulta de un médico de familia.
Para poder usar la ley, los enfermos terminales deberán tener un diagnóstico de menos de seis meses de vida. Deberán expresar su voluntad de poner fin a su vida en dos declaraciones, con un margen de tiempo entre ellas. Dos médicos deberán corroborar el diagnóstico, con siete días de diferencia entre sus declaraciones.
Finlmente, un juez del Tribunal Superior de Inglaterra deberá dar luz verde a todo el proceso en un plazo máximo de catorce días. De ser así, se suministrará al paciente las drogas necesarias, para que la persona la tome ellas misma.
La pena será de catorce años para todo aquel que coaccione a un enfermo para que se acoja a la nueva ley.
Preocupaciones religiosas
La votación parlamentaria en Westminster fue precedida de un acalorado debate sobre posibles abusos o límites que puedan ejercerse sobre personas vulnerables o discapacitadas. Una treintena de líderes religiosos expresaron su "profunda preocupación" de que algunas personas sientan "el deber de morir" para dejar de ser una carga para su entorno.
Otras voces reclamaron que, antes de autorizar la muerte asistida, se mejore la financiación de los cuidados paliativos.
"Hay un punto en el que todo el mundo está de acuerdo (...) Hace falta más inversión en los cuidados paliativos y de fin de vida", resumió Katie Reade, de la organización Hospice UK.
Sin fronteras ideológicas
La mayoría de los 650 parlamentarios no había desvelado su intención de voto, lo que dificultaba vaticinar un desenlace. El gobierno ha pedido neutralidad a sus miembros, pero varios ministros han expresado su postura.
El ministro de Exteriores, David Lammy, que nunca ha ocultado su profunda religiosidad, ha sido de los que se ha opuesto a la ley: “Cuando pienso en el final de una vida, pienso en mi madre”, explicó Lammy en un comunicado. “Como muchas otras personas de clase trabajadora, su diagnóstico final no le hizo pensar en la muerte sino en la carga financiera que iba a suponer para sus familiares. En sus meses finales atesoró todos los momentos que pasó con nosotros. Me preocupa que, de haber tenido la opción de la eutanasia, se habría visto presionada para tomar esa decisión”, apuntó.
Sin embargo, el ex primer ministro Rishi Sunak fue uno de los 23 diputados conservadores que dio su respaldo a la tramitación del proyecto de ley. “Creo que, en la medida de lo posible, debemos evitar el sufrimiento. Y sé, después de hablar y escuchar a muchos de ustedes, que mucha gente ha tenido que morir a través de procesos dolorosos y traumáticos. Estas historias personales y conmovedoras me han impactado profundamente”, ha explicado Sunak a los votantes de su circunscripción en un emotivo texto.
En tanto, el ministro de Salud, Wes Streeting, afirmó que votaría en contra y expresó su preocupación por una carga financiera suplementaria sobre el sistema público NHS, ya en crisis.
El primer ministro Keir Starmer, que no había revelado su intención de voto, dio su apoyo al proyecto, tal como lo había hecho con el de 2015 sobre la ley de muerte asistida.
En el bando conservador también hay discrepancias. El ex primer ministro David Cameron, que se opuso hace nueve años, dijo que votaría a favor, pero el también exjefe de gobierno Boris Johnson anunció que lo haría en contra.