El crimen organizado, el retroceso de democracias asediadas por el populismo (tanto de izquierda como de derecha), una gobernabilidad compleja y nuevos estallidos sociales ante economías anémicas son los principales riesgos políticos que actualmente enfrenta América Latina, según el “Índice de Riesgos Políticos de la región”, un estudio del Centro de Estudios Internacionales de Chile (Ceiuc).

Le siguen en el índice, en orden de importancia por su nivel de impacto en la región: la crisis migratoria (que no cede), la aparición de la inseguridad alimentaria (que se ha profundizado tras el covid-19), la polarización y noticias falsas (aquí Uruguay todavía “se salva”, al menos en comparación con otros países de la región), la pérdida de competitividad, el aumento de los ataques cibernéticos (ningún país de América Latina está realmente preparado para defenderse a ese nivel, afirma el Ceiuc) y el debilitamiento de la integración nacional (lo que no siempre se admite). Con estos diez riesgos mencionados queda integrado el Índice 2023.

El estudio fue presentado por su coautor y el director del Ceiuc, Jorge Sahd, en un evento organizado por el Centro de Estudios de Desarrollo (CED) y la Fundación Konrad Adenauer, en el piso 40 del World Trade Center (WTC) el pasado jueves. El presentador del evento fue Nicolás Albertoni, subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, y participó Fernanda Boidi, directora regional del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop Lab).

En el Índice 2023, Uruguay queda comparativamente muy bien parado; de hecho, lidera en sus indicadores positivamente, destacando en fortale-za democrática y de sus insti-tuciones. Sin embargo, los riesgos que acechan en la región también son una alerta para este país, y el crimen organizado comienza también a aparecer acá.

En medio de un panorama complicado de América Latina, en el frente económico, los analistas identifican oportunidades de crecimiento principalmente en la agricultura, minería, energía y en el nearshoring que habría que saber aprovechar.

Cabe precisar que el Índice 2023 de la Ceiuc surge de una encuesta a una muestra total de 1.023 integrantes del público general y un panel de 48 expertos; al menos 50% de esos expertos proviene de distintos países de la región.

Pongamos foco en el este indicador ya que es la primera vez que esta amenaza en la región aparece liderando el Índice (el cual se realiza desde hace tres años). “Aún no se nota en el Índice y no me gusta nada decirlo pero la prensa internacional da cuenta de que el crimen organizado ya ha llegado a Uruguay”, reafirmó Sahd.

El mayor riesgo de la región en 2021 era la incapacidad del Estado para resolver los problemas de la gente; en 2022 era la erosión democrática; y ahora, en 2023, aparece el crimen organizado en la cabeza, arrastrándose también los males de años anteriores que no han tenido solución..

La percepción de mayor corrupción en América Latina está liderada por Venezuela, Nicaragua, Haití, Honduras y Guatemala, en ese orden.

El riesgo político asociado al crimen organizado y otras formas de violencia ha aumentado significativamente en los últimos años fundamentalmente por su trasnacionalidad.

Sahd planteó que este año se caracteriza por el regreso de la “marea rosa” (vuelta hacia la izquierda) a América Latina, donde cinco de sus principales economías -Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia- son gobernadas precisamente por fuerzas de izquierda, que tienen perfiles diferentes. Esta “marea rosa” también muy distinta a la que estaba en la década de los años 2000, en tanto es más diversa y sin tanta influencia del “chavismo” o del “correísmo”, además de tener mayor bonanza fiscal y con oposiciones más fortalecidas (salvo en los regímenes más dictatoriales donde no hay espacios para la oposición).

Según Sahd, la marea rosa de hoy es consecuencia del voto de castigo en la región, donde en las 14 últimas elecciones (desde 2019 a 2022) los ciudadanos no votaron por el oficialismo por entender que no fue capaz de resolver sus demandas sociales.

“En 2023 lo social seguirá agitado, con riesgos de nuevos estallidos de malestar y protesta social, mientras que lo político estará marcado por un intenso calendario electoral, inestabilidad e incertidumbre, proyectó Sahd.

El analista plantea la importancia de monitorear dos tendencias: si se mantendrá el voto de castigo al oficialismo; y si seguirán triunfando los gobiernos de izquierda o se verá un cambio de ciclo político favorable a otros signos. En tal sentido, Sahd ve a la región en una suerte de “péndulo”, donde cada vez se presentan ciclos más cortos hacia uno y otro lado, con menos tolerancia desde lo social y cierta tendencia hacia del pragmatismo en los gobiernos.

Si bien las manifestaciones desaparecieron en el año 2020 por los extensos confinamientos por la pandemia del covid-19, en 2021 y 2022 fueron apareciendo progresivamente, como ha ocurrido en Perú, Guatemala, Panamá, Colombia, Haití, Argentina, entre otros.

En la medida en que se detectan riesgos de más estallidos sociales y de conflictividad laboral a lo largo de 2023, la región se encamina hacia una nueva década perdida, con un crecimiento promedio del PIB del orden del 0,8% anual, un porcentaje incluso más bajo que la década perdida de los 80, según concluye el estudio del Ceiuc.

Fernanda Boidi, directora regional del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop Lab) analizó que hasta hace unos años los problemas estructurales en la región estaban más que todo concentrados en la parte norte del continente, pero que ahora llegaron al sur. Puso foco en la aparición del fenómeno de la “justicia por mano propia”, es decir, ciudadanos que toman las armas cuando el Estado deja un vacío en la justicia. Es más, algunos gobiernos han liberado bastante el porte de armas en sus países.

Otro fenómeno que está apareciendo es que más ciudadanos están dispuestos a renunciar a algunos de sus derechos civiles y libertades políticas con tal de conseguir mayor seguridad. Esto se ve en El Salvador, pero también en otros países.

Un tercer fenómeno, afirmó, es la “judicialización de la política”, donde las élites políticas (no ya solo la ciudadanía) acusan al poder judicial de no ser justo. En Argentina está ocurriendo con el kirchnerismo, y Bolsonaro hizo lo propio en Brasil. “Cuando la propia elite política cuestiona, es difícil para la gente confiar en las instituciones. Es un riesgo para la institucionalidad y la democracia cuando se siembran dudas sin pruebas”, afirmó Boidi.