La activista política y directora de la asociación civil Control Ciudadano, Rocío San Miguel, arrestada por el régimen de Venezuela el pasado viernes -y que será imputada por “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”-, es una figura muy conocida en ese país por haber desnudado situaciones irregulares en la esfera militar.

San Miguel se especializa, precisamente, en temas militares y ha denunciado durante años el adoctrinamiento ideológico a los militares venezolanos durante sus carreras, quienes han pasado de “servir a Venezuela” a “servir la revolución bolivariana”, como si fuera lo mismo.

Pero si algo ha destacado a esta especialista (con buenas fuentes confidenciales dentro del sistema militar), es cómo el gobierno venezolano no está respaldado por militares como muchas veces se afirma, sino que los militares son el propio gobierno.

Hace unos seis años, en 2018, el 47% de los cargos de confianza del régimen de Maduro estaba en manos castrenses, según dio a conocer San Miguel en su momento, y esto ha ido en aumento en los últimos años.

La avanzada en esa dirección se dio fundamentalmente desde 2017, cuando Nicolás Maduro designó a cuatro ministros provenientes del ámbito militar, en carteras totalmente ajenas a ese sector. Se trató del mayor general Manuel Fernández Quevedo, quien pasó a ser ministro de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), entidad clave en la economía del país (hoy reducida a una baja producción); el general Ildemaro Villaroel como titular de Vivienda y Hábitat; el mayor general Carlos Osorio para encabezar el ministerio de Transporte; y el entonces brigadier Gregorio Vielma Mora en Comercio Exterior. Hoy, Vielma Mora, diputado de la Asamblea Nacional, ha demostrado ser uno de los hombres más fuertes del régimen.

Desde ese entonces, hubo muchos “enroques” políticos -también los hubo antes, durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez, quizás un poco menos-, con el común denominador de que las mismas personas de confianza del sistema dominante de poder ocupan los más diversos cargos estratégicos, rotándose cada cierto tiempo.

Esa es la razón, simplificando, de gran parte del fracaso de la economía venezolana: todo quedó en manos “de los defensores de la revolución”, y poco y nada en los profesionales y técnicos que sabían, por ejemplo, manejar PDVSA.

Lo cierto es que, cuando hace unos años y desde Montevideo, hablamos con la activista -y también abogada- San Miguel, declaró sin temblarle el semblante, que el Ejército había pasado a controlar nueve de los catorce ministerios de las área de Economía e Infraestructura, en 2019. Lo tenía documentado, afirmó, en especial el proceso de “militarización de PDVSA”, el más estratégico de todos, aún con las cuentas alicaídas por la mala administración de la petrolera.

Por supuesto que otras carteras -alimentación, minería, energía, pesca, banca, seguros- siguen actualmente bajo la égida militar, porque el ser militar en Venezuela desde hace mucho tiempo va más allá de la defensa del territorio y la soberanía.

Según analistas y detractores del régimen, el objetivo es claro: controlar los recursos y la dinámica del funcionamiento del país. “Desde 2014 el ministerio de Alimentación ha tenido diez militares al frente, de un total de once”, nos dijo San Miguel ya en 2018. Y esto no se detuvo.

¿Cómo no estaba San Miguel bajo la mira del gobierno o no había sido arrestada sino hasta ahora? Según la oposición, nunca dejó de estar observada, pero el régimen de Maduro consideraba -aún lo hace- que su “plan nacional”, tal como está diseñado, ha sido adecuado a los fines de la “revolución bolivariana”, como sus altos representantes han manifestado en diversas oportunidades. En otras palabras, no tiene “nada de malo”. La revolución está por encima de todo y poco importaba -hasta cierto punto- lo que decía San Miguel.

Pero hay dos temas claves que San Miguel denunció que seguramente inquietaron al régimen, afirman analistas locales. La primera es que la abogada venía mostrando con insistencia datos de una elite militar disfrutando de grandes privilegios, en contraste con otros uniformados apretados en sus presupuestos, lo que iba peligrosamente al corazón mismo de la unidad militar. Y el otro tema es que últimamente insistió en informar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solicitó al Estado venezolano presentar “a más tardar el próximo 6 de mayo”, un informe sobre el cumplimiento de una sentencia dictada en 2018 a su favor (y de otras dos personas), por el despido de sus cargos públicos en 2004, tras haber firmado la convocatoria a un referéndum revocatorio del entonces presidente Hugo Chávez.

En ese contexto, San Miguel -y algunos de sus familiares- fueron arrestados por “conspiración de intento de magnicidio”, por ahora sin pruebas presentadas. En definitiva, afirman los detractores del régimen, esto ocurre porque intentar “poner el cascabel al gato” no está dentro de los parámetros aceptados por el gobierno venezolano. Ni siquiera con la participación de Estados Unidos o mediadores en esta contienda, como la historia de ese país ha demostrado en los últimos años.

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