Con información de AFP y EFE
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reunirá mañana, lunes, a la cúpula institucional en un intento de mostrar unidad un año después de la asonada de bolsonaristas en Brasilia, pero la esperada ausencia de figuras de derecha evidencia que la polarización sigue en Brasil.
En el primer aniversario de la invasión al palacio presidencial, el Congreso y la Corte Suprema por parte de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro disconformes con la elección de Lula, se realizará un acto, encabezado por Lula, en el Parlamento para “recordar el intento de golpe de Estado” que sufrió. La depredación de los edificios “dejó cicatrices profundas”, pero la “democracia salió victoriosa”, dijo Lula, por tercera vez en el poder.
Hasta ahora, una treintena de participantes en la asonada fueron condenados a penas de hasta 17 años de cárcel y Bolsonaro es investigado como posible instigador y autor intelectual de los ataques de aquel día.
La ceremonia reunirá a los líderes del Legislativo, magistrados de la corte suprema, gobernadores, comandantes militares, líderes de la sociedad civil y embajadores. Para el politólogo André César, Lula buscará reproducir la imagen de “unión” nacional del día siguiente a la invasión, cuando caminó simbólicamente junto a otras autoridades entre los destrozos de la plaza de los Tres Poderes, epicentro político de Brasilia. Pero el acto mostrará grietas por la ausencia de figuras relevantes de la derecha como el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio Freitas, exministro de Bolsonaro.
Los ataques de miles de bolsonaristas pidiendo una intervención militar una semana después de la investidura de Lula fueron el colofón de un periodo de máxima tensión, fracturado entre dos visiones opuestas de sociedad.
Escenario actual
A pesar de lo sucedido, en el primer año de Lula un clima de apaciguamiento aparente se instaló en Brasil, especialmente después de que Bolsonaro quedara fuera de juego por su inhabilitación política, al haber desacreditado sin pruebas el sistema electoral.
La invasión dejó al menos un saldo “positivo: el fortalecimiento de las convicciones democráticas”, según Geraldo Monteiro, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro. “Pero las posiciones polarizadas persisten”, dijo.
Para los expertos, el 8 de enero se tornó una nueva pieza en la polarización, como en las “guerras culturales” que se libran entre campos ideológicos sobre temas como el acceso a armas, despenalización del aborto y derechos LGTB+.
En las redes sociales, algunos bolsonaristas llamaban a una paralización del país el 8 de enero, abogando porque sea considerado “El día del patriota”. Sin embargo, las autoridades no esperan protestas de calado.
Unos 2.000 policías actuarán en Brasilia, donde el tránsito estará interrumpido alrededor de los sitios de poder.
Refinería
En el orden económico, la Contraloría General de la Unión (CGU) de Brasil constató el pasado jueves que el Gobierno del ahora expresidente Bolsonaro vendió en 2021 una refinería a un fondo emiratí por un precio inferior al mercado.
De acuerdo con el órgano contralor, la refinería Landulpho Alves, en Bahía, fue vendida en un momento en que los precios internacionales del petróleo estaban bajos por causa de la pandemia de coronavirus. La venta realizada por Petrobras “mostró debilidades” y coincidió con una visita del entonces mandatario a Emiratos Árabes, donde recibió valiosos y lujosos regalos por parte del Gobierno de ese país.
Rebautizado como Refinería Mataripe, el proyecto fue vendido por UD$ 1.650 millones al fondo Mubadala Capital, división de inversiones de la Mubadala Investment Company, empresa de inversiones de Abu Dhabi y que pertenece a la familia real emiratí.
Juez de corte suprema señala a Bolsonaro
Al cumplirse un año del asalto a los tres poderes en Brasilia, el juez de la corte suprema Gilmar Mendes defiende taxativamente el vínculo del expresidente con los ataques. “La responsabilidad política (de Bolsonaro) en los actos del 8 de enero es inequívoca”, dijo Mendes durante una entrevista a AFP en su despacho en el Supremo Tribunal Federal (STF) en Brasilia. Bolsonaro fue inhabilitado políticamente por ocho años en el pasado junio, y continúa siendo investigado.