El presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, decretó este miércoles en medio del juicio político en su contra la denominada "muerte cruzada", que disuelve la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, y convoca elecciones generales anticipadas, de modo que gobernará mediante decretos hasta que asuma su sucesor.

Los motivos que condujeron a este escenario, las partes implicadas, los siguientes pasos a seguir y las diversas salidas que se pueden dar son las claves de este proceso detalladas a continuación:

La oposición sostiene que Lasso debe ser despojado de su cargo al considerarlo responsable político de presuntos actos de corrupción ocurridos supuestamente en la administración estatal bajo su mandato, aunque en el trasfondo los portavoces de la oposición también lo plantean como un juicio sobre su gestión.

En un inicio, la acusación fue formulada por concusión y peculado (malversación), pero la Corte Constitucional sólo aprobó la realización del juicio político por peculado.

Con ello se quedó fuera del caso el capítulo más mediático y que había centrado la opinión pública durante los primeros meses de 2023, ante una supuesta trama de corrupción en empresas públicas que involucraba al empresario Danilo Carrera, cuñado de Lasso.

La oposición sostiene que Lasso tuvo conocimiento de las condiciones perjudiciales para el Estado de un contrato suscrito por la naviera estatal Flopec con la firma privada Amazonas Tankers y que no actuó para rescindirlo.

Por su parte, la defensa del presidente alega que los contratos fueron suscritos bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y que, ya con Lasso en el poder, se requirió a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) un análisis cuyas recomendaciones fueron acogidas a la hora de renovar los contratos.

Son diversas fuerzas de distinto signo político las que impulsaron el juicio político. Por un lado está el correísmo a través de la bancada Unión por la Esperanza (Unes) y por otro el conservador Partido Social Cristiano (PSC), antiguo aliado electoral de Lasso en las últimas presidenciales.

A ellos se les suman algunos integrantes del movimiento indígena Pachakutik, de Izquierda Democrática y de un grupo de legisladores independientes.

El juicio político se da en el momento de mayor debilidad del presidente en sus casi dos años de mandato, luego de sufrir una dura derrota en la cita electoral del 5 de febrero, donde el Gobierno perdió el referéndum planteado para aplicar reformas a la Constitución y, al mismo tiempo, el correísmo fue el gran triunfador de las elecciones locales, cuyas autoridades electas asumieron sus cargos ayer.

El mandatario recurrió a la "muerte cruzada" antes de esperar al debate que debía llevarse a cabo en la Cámara para posteriormente votar la moción de censura, en la que se requieren 92 votos para destituir al jefe de Estado, equivalentes a dos tercios del hemiciclo.

Es probable que la oposición recurra a la Corte Constitucional, al considerar que el presidente no puede activar la muerte cruzada cuando está ya inmerso en un juicio político de censura.

También hay altas probabilidades de que organizaciones sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se lancen a las calles como ya hizo en junio pasado, cuando paralizó gran parte del país durante dieciocho días en contra de la carestía de la vida y la política económica del Gobierno.

EFE